Después de más de tres décadas de la implantación de la democracia formal neoliberal, y casi dos décadas después de la firma de los Acuerdos de Paz, Guatemala, como Estado y sociedad, se encuentra mucho más sumergida en sus irresueltos problemas estructurales.

En la última década, más de un millón de guatemaltecos cayeron en la línea del empobrecimiento socioeconómico, mientras que en países como Bolivia o Ecuador cantidades similares de empobrecidos ascendieron a ensanchar a la clase media.

La desnutrición infantil, el analfabetismo, el desempleo, la violenta desintegración social, el déficit fiscal, etc., lejos de disminuir, van en aumento hasta catapultar a Guatemala en un “país modelo” a evitar. La economía dual del país, en buena medida, opera gracias a la inyección de circulantes frescos provenientes de la narco industria y de las remesas de migrantes.

La violencia y el comercio/contrabando de armas de fuego (made in USA) floreció como nunca antes en estas dos últimas décadas. Al grado que si durante la guerra interna se asesinaba un promedio de 13 a 14 personas diarias, ahora, ese promedio alcanza a 20 personas muertas violentamente.

El achicamiento (debilitamiento) del Estado, mediante los programas neoliberales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, no sólo impide la capacidad estatal de ser garante y actor para el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales, sino que dicho proceso neoliberal oscuro convirtió al Estado y a los agentes políticos y económicos en un entramado y semillero de la corrupción pública. El Estado neoliberal se convirtió en una estructura criminal legitimada mediante el formalismo del voto electoral ciudadano.

En este contexto, ¿es la corrupción pública (mal congénito del liberalismo rústico) el problema principal? ¿Tiene la Embajada norteamericana la autoridad moral y legal suficiente para impulsar la lucha contra la corrupción en Guatemala? ¿Acaso no son y fueron los gobiernos norteamericanos quienes impulsaron e implantan el sistema neoliberal corrupto en Guatemala?

Si acaso la corrupción pública fuese una de las causas de los males estructurales del país, ¿el encarcelar a unos cuantos corruptos (chivos expiatorios) instaura en Guatemala una cultura de transparencia y honestidad en la administración pública? La corrupción no es la causa, ni el problema principal, sino la consecuencia del sistema individualista neoliberal. ¿Quién impuso e impone este sistema mortal en Guatemala? ¿Por qué casi nadie debate/opina sobre esta cuestión en el país?

¿Por qué mientras todo el país se encuentran abstraídos por el circo norteamericano de lucha contra la “corrupción en el Estado”, el libre mercado corrupto continúa saqueando y destruyendo territorios completos, sin que existan “indignados en las plazas” por estos crímenes? ¿El problema principal está en el Estado o en el Mercado? ¿Por qué toda la atención está centrado en el Estado colapsado y corroído por el mercado neoliberal?

Seamos honestos por un instante en el pensar. ¿Quién descalabró los procesos de cambios estructurales emprendidos entre 1944 y 1954? ¿Quién empujó al país a la guerra interna y financió el genocidio brutal contra los pueblos? ¿Quién impuso el criminal y corruptor sistema neoliberal en el país? ¿Será que quien hizo todo esto y más, ahora, puede tener la sensibilidad necesaria para “buscar” el bienestar del país? ¿Por qué las y los analistas coyunturales padecen esta amnesia selectiva?

Que se investigue y castigue a todos los corruptos y corruptores que se esconden en el libre mercado. Pero, sobre todo, que se investigue y sancione (por lo menos con la sospecha) al principal agente responsable de este caos guatemalteco.

Es de ingenuos pensar que matando (encarcelando) a las pulgas vamos a eliminar al perro rabioso. Lo único que hace este “distractor” es darle tiempo para que el animal se regenere y continúe mordiendo al país entero.

¿Por qué será que CICIG-Embajada simultáneo a su titánica guerra contra la corrupción impulsa procesos de reformas al sistema político y judicial, y expresa no ser partidario de un proceso de Asamblea Constituyente Popular? ¿No es esto un velado intervencionismo foráneo que fulmina todos los principios de soberanía e independencia de los órganos estatales? Si los injerencistas fuesen gobiernos suramericanos o asiáticos, ¿guardaría el mismo silencio permisivo la intelectualidad nacional (de izquierdas y derechas)?

Todo hace ver que la condición de colonialidad está profundamente asumida y normalizada, al grado que las y los colonizados no sólo piensan y actúan según los intereses del colonizador, sino que defienden estos intereses foráneos como propios. Y, cuando alguno despierta, discrepa y pregunta fuera del paradigma del pensamiento dominante, entonces, es “adjetivado” como reaccionario, esencialista o “sospechoso”, y en consecuencia censurado por el encadenado pensamiento hegemónico. ¿Por qué será?