SAN JUAN, 18 de julio de 2016 (NCM) – La corta transición de Puerto Rico, de un régimen autonómico democrático a uno dictatorial, en el que una junta a designarse por Estados Unidos dispondrá de facultades prácticamente omnímodas, viene a ser la expresión política de un cambio de dimensiones estratégicas en la función de esta colonia del noreste del Caribe.

Sin embargo, todavía resalta la poca atención pública a los aspectos geopolíticos y militares de ese cambio, mientras la montaña de información errada que se difundió para lograr su aprobación en Washington se convierte ahora en su adversario más formidable.

Por lo menos y de inmediato, al haber aprobado gobernar a Puerto Rico mediante una junta de siete designados por Washington –que podrán cumplir su misión sin siquiera trasladarse permanentemente al territorio- queda eliminada del panorama la utilidad de servir de muestra sobre cómo las crisis económicas se pueden superar mediante la democracia. De igual forma, los argumentos sobre si la junta servirá para estabilizar la colonia o si será preámbulo de un cambio profundo, ya sea para convertir a Puerto Rico en parte integral de EEUU o en una nación independiente, suenan como fogonazos lejanos, allá por el horizonte.

También siguen en el reino de las incertidumbres si el gobierno mediante una junta tendrá el efecto práctico de curar el deterioro económico y los diferendos en Wall Street sobre la deuda impagable, así como si el resultado neto será o no un país que vea virtudes en la gobernanza dictatorial o si reclamará con fuerza suficiente la vuelta a la democracia, aunque eso conlleve separarse de EEUU.

Lo profundo del cambio ya ocurrido puede notarse al compararse la situación presente con la que, tan reciente como en 2002, analizó el Coronel Eli Ballard, para el Colegio de Guerra del Ejército, en su monografía sobre “El papel de Puerto Rico para la estrategia de seguridad nacional de EEUU”. En aquel escrito, se planteó que entre las “metas específicas y objetivos” militares asignados a Puerto Rico estaba “promover la democracia y los derechos humanos” y “promover la prosperidad”, a la vez que las fuerzas armadas y los funcionarios de EEUU que operaban desde el territorio cumplían misiones para impulsar en la región “seguridad energética, adhesión a los derechos humanos universales y los principios democráticos”.

“Puerto Rico tiene una de las economías más dinámicas de la región caribeña”, decía el informe del Coronel Ballard como fundamento para su análisis geoestratégico.

Ahora es mucho más fácil identificar el retrato de Puerto Rico en el informe sobre el nuevo incremento en la oleada criminal que se anticipa podría seguir creciendo en los pequeños países isleños del Caribe Oriental, que fue presentado en la conferencia internacional de Seychelles en mayo de este año. El informe indica que muchas de esas islas enfrentan una deuda que iguala o sobrepasa el producto bruto, lo que reduce los fondos para desarrollo económico y los programas sociales y que las hace escenario más propicio para que aumente el contrabando y la violencia pandillera.

De hecho, el tema de la manera en que la potencia metropolitana atiende el problema de Puerto Rico no es un asunto autóctono ni único, sino que fue discutido con semejanza llamativa en un centro de investigación académica de la Universidad de Bristol, en Inglaterra. El informe, de 2013 y que tuvo a su cargo Peter Clegg, indica que el agotamiento de los regímenes en los territorios de ultramar se enfrentaba a una situación de estancamiento porque “los territorios no quieren la independencia, mientras el Reino Unido no acepta la libre asociación o la integración”.

El estancamiento y la búsqueda de estabilizar los territorios, golpeados por la deuda y la corrupción, ha llevado a Holanda, Inglaterra y ahora a EEUU a la implantación de juntas de control, cuyos resultados para la seguridad regional se verán más a largo plazo. Lo que ya está claro es que el modelo de reformas económicas acompañadas de más autonomía y democracia formal –como ocurrió en Puerto Rico a mediados del siglo pasado- no es la alternativa que goza de la mayor estima en los centros de poder de esta etapa tardo-imperial.

El otro aspecto del problema, el de la información equivocada para la toma de decisiones políticas, llega a unos extremos que habrían sido difícil de imaginar en tiempos recientes.

Para entenderlo, puede ser útil recordar la historia militar y la fallida revuelta de Tebas contra Alejandro Magno, en la Grecia Antigua. Los propagandistas que la promovían –según cuenta Arriano- usaron tanto la difusión de falsedades, que se produjo el fenómeno de que la gente “hizo lo que muchos hacemos y al estar ignorantes de la verdad, se persuadieron de creer lo que querían creer”.

Así por ejemplo, la revista Foreign Policy, publicó en abril pasado que en Puerto Rico estaban movilizados 7.200 soldados patrullando las calles infestadas de criminales y la Agencia Central de Inteligencia difundió que el gobernador Alejandro García Padilla dijo que el país no pagaría “por lo menos” 73.000 millones de dólares de su deuda pública. Una y otra vez ese tipo de informes equivocados circulan internacionalmente en medios noticiosos que no escatiman en publicar fotos de edificios destartalados, que en realidad lo estaban desde antes de la emergencia actual, y se ha llegado al extremo de discutir la fumigación aérea con un pesticida peligroso para combatir una epidemia que podría afectar al 25 por ciento de la población, sin que esté claro si es real o imaginaria.

Carl Meacham, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, ha advertido que es posible que la solución para Puerto Rico sea convertirlo en el estado 51 de EEUU, mientras que en la Organización de las Naciones Unidas sigue cobrando fuerza el reclamo unido de América Latina para que EEUU permita que en esta pequeña nación isleña se lleve a cabo un proceso para la descolonización e independencia. Cualquier opción implicará otro cambio de connotaciones estratégicas.