En la reciente inauguración de la exposición rural el presidente Mauricio Macri sostuvo que "desde hace siete meses trabajamos en el Gobierno para que el campo sienta que se le ha sacado la pata de encima y ahora se le está tendiendo la mano". Por otro lado, no sólo se trató de un discurso presidencial -que retomó una tradición de subordinación política al poder económico agroexportador abandonada hace 15 años- sino que además consistió en un acto simbólico de reconocimiento del poder de la oligarquía pampeana: "El campo es mucho más que lo que puede producir, es más que los impuestos que puede pagar, es nuestra historia y emblema".

En este contexto, es oportuno observar el efectivo costo fiscal (con los números certeros del total de exportaciones) que le han implicado a las arcas públicas las transferencias al “campo” -¿la “gauchada”?- en materia de quita y reducción de retenciones a las exportaciones aplicadas el pasado diciembre de 2015 (a través del Decreto 133/2015). Específicamente en lo atinente a los beneficios al agro, en el primer semestre de 2016 el gobierno tendría que haber recaudado en concepto de retenciones US$ 4.065millones, mientras que –producto de las quitas- sólo recaudó US$ 2.374millones, es decir: la mitad de lo que tendría que haber percibido. En concreto, el gobierno resignó US$ 1.691millones entre enero y junio de 2016. En pesos, estamos hablando de un monto de 24.344 millones de pesos resignados en los primeros 6 meses de gobierno por parte de Cambiemos.

Cabe agregar, adicionalmente, que los beneficios de quita de retenciones también alcanzaron a las industrias exportadoras y a la minería (se concatenó una triada de decretos: 133/2015, 160/2015 y 349/2016). En total, el Estado Nacional dejó de recaudar la mitad de uno de los tributos con mayor impacto progresivo y $5 de cada $100 del total de la recaudación. Dicho valor anualizado representaría una merma recaudadora cercana a los US$ 5 mil millones, lo que al actual tipo de cambio significaría unos $70 mil millones. Para dimensionar el impacto, este monto proyectado equivale –como mínimo- al subsidio anual de la tarifa de gas. Es decir, sin dicha quita y con dicha recaudación podría haberse enfrentado la totalidad del subsidio.

En términos sectoriales lo que se observa es una clara preeminencia del sector agropecuario en la apropiación del beneficio de la medida, captando el 72% del monto liberado por el Estado. Le siguen en importancia, bastante por detrás, la industria (15% del beneficio) y la minería (13%).

A todo esto debe adicionarse la importantísima transferencia de ingresos resultante de la devaluación. Solo para los Industriales de Oleaginosos y los Exportadores de Cereales, que liquidaron US$13.245 millones en el primer semestre de 2016, esa transferencia representa unos $75 mil millones adicionales (comparando con el tipo de cambio al 10 de diciembre y hoy) que, incluso deflacionados por la inflación semestral, les significa un ingreso adicional en términos reales de más de $32 mil millones.

Amén de ello, las transferencias no parecen suficientes. Para el presidente de la Sociedad Rural, Miguel Etchevehere, es necesario "promover una presión fiscal acorde con las capacidades de la actividad y con su necesidad de instrumentos que le permitan ser cada día más eficiente", agregando un sugerente "lo mejor está por venir". En efecto, la agenda sectorial tiene como prioridades un tipo de cambio nuevamente devaluado y, desde ya, deshacerse del 30% de retenciones a la soja que aún persiste. Asimismo, en estos tiempos de virulento reclamo empresario en torno a la reducción del costo laboral, no sería extraño que la próxima editorial de La Nación pida el retorno al trabajo rural “de sol a sol”.

Centro de Economía Política Argentina (CEPA)