Detener inversiones por apenas 50 mil millones de pesos en Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca –sin que aún se dé paso práctico que no sea nombrar como titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales a Gerardo Gutiérrez Candiani, un empresario faccioso–, no pagar impuestos como si lo hicieran sin la sistémica evasión y elusión, así como no cubrir las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, al que con frecuencia pagan menos de lo obligatorio, son cartas que pusieron sobre la mesa de la presión y el chantaje los líderes de la Confederación de Cámaras Industriales, para renegociar con Enrique Peña Nieto.

El alegato es tan simple como jurar que defienden la Constitución y el Estado de derecho, que no de derecha como es evidente porque además de los cuatro estados omiten, por ejemplo, a Tamaulipas y otras regiones donde las fragmentadas bandas delincuenciales imponen su ley con el pago del “derecho de piso”, secuestros y otras prácticas frente a las que no reaccionan con beligerancia como lo hacen la Confederación Patronal y el Consejo Coordinador Empresarial en contra de la Coordinadora Nacional que, con todo y sus drásticas medidas de acción, amplían el apoyo gremial y la simpatía popular en el norte de México.

Los líderes patronales ya tienen un “ideólogo” que no se anda por las ramas, Claudio X. González Guajardo, hijo del plutócrata forjado por las “modernizaciones” de Carlos Salinas (1988-94), Claudio X González Laporte. El júnior es considerado el “secretario de educación pública de facto”. Y como tal sentencia:

“Vemos una debilidad que ya es lastimosa, pues el mensaje que se está enviando es ‘dedícate a delinquir, a vandalizar, tomar carreteras, aeropuertos, quemar camiones, bloquear vías férreas; luego yo te recibo con tapete rojo para darte todo lo que quieras’”. No tiene idea de lo que es el conflicto social, el movimiento del mismo corte y las políticas oficiales como instrumento para construir soluciones.

Los únicos que usan tapete rojo en Los Pinos y otras instituciones son los dueños del país. Y el presidente Peña Nieto, como sus antecesores, los recibe prácticamente cuando ellos disponen.

Tiene razón, sin embargo, el dirigente de los industriales en que “las movilizaciones y protestas afecten a las entidades con los mayores índices de pobreza, pues en esos cuatro estados residen 20 de los 55 millones de mexicanos en situación de pobreza”. Pero ello no se da por voluntad divina, es producto neto de los modelos y políticas de los gobiernos posrevolucionarios y también de los tecnocráticos y los 34 años de “modernizaciones” y “reformas estructurales”.

Es oportuno que el secretario de Gobernación recuerde al empresariado “ver los avances derivados del diálogo y la negociación que se tiene con los maestros” de la CNTE. Y refrendar lo que es público: “Entonces actuamos por un lado con el diálogo para buscar resolverlo y también, por otro, con lo que nos da el mandato de ley, que es el uso de la fuerza pública”. Puso de ejemplo el restablecimiento del servicio de trenes en Michoacán, pero omitió la matanza de Nochixtlán, Oaxaca, a cargo de la Policía Federal y que suscitó la condena global y obligó al gobierno a reanudar el diálogo con la disidencia. Les aseguró: “Vamos de salida”.

Y un mensaje acaso para sus contrincantes en la puja por La Grande y que no puede obviarse: “Hay que hacer entonces la petición formal de que ya no salgan las encuestas para que sigamos trabajando”.

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