A partir de 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Se conmemora el primer encuentro del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas en 1982.

Según la ONU, existe en el mundo más de 370 millones de indígenas distribuidos en alrededor de 5 mil pueblos distintos que, a su vez, poseen unos de 7 mil idiomas. También, estima que la población indígena total es del 5 por ciento a nivel global.

En la llamada “América Latina”, (aludiendo a un origen exclusivamente latino-europeo, sin tener en cuenta a las poblaciones con previa existencia a la Conquista de América), según la CEPAL, existe una población de alrededor de 50 millones de indígenas.

En el caso de Argentina, un censo en 2010, arrojó la cifra de 1 millón de personas indígenas que se reconocen como tales. Es necesario aclarar que este estudio fue muy cuestionado por la organizaciones y comunidades indígenas, pues no fueron consultados en la metodología para llevarlo a cabo. Además, hubo muchas regiones del país en las que no se realizaron preguntas relacionadas con el origen étnico.

Debido a las luchas de los pueblos indígenas, sobre todo en este continente, el Abya Yala, (1) la ONU aceptó por primera vez patrocinar en Ginebra, en 1977, una conferencia para tratar los tan postergados derechos de los pueblos indígenas. Este encuentro marcó un hito sobre la participación de estos pueblos en la arena internacional. Allí, los delegados indígenas que acudieron de todo el mundo se dieron cuenta que problemas como el racismo, el despojo de territorios y la negación a las identidades eran comunes a casi todos estos pueblos. Fue entonces que nació la idea de unir esfuerzos y coordinar acciones tendientes a la defensa de sus derechos.

Recién en 1981 se lleva a cabo, la “Segunda Conferencia Internacional sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Tierra”, en la que los representantes indígenas propusieron la formación de un grupo de trabajo que pudiera reunirse anualmente para elaborar propuestas a fin de cambiar las leyes coloniales de ese momento. Una de ellas, que data de 1950, fue el Convenio 107 de la OIT, (Organización Internacional del Trabajo), que hasta ese momento era el único instrumento legal que mencionaba a los pueblos indígenas. En uno de sus párrafos afirmaba que estos pueblos gradualmente deberían integrarse a los estados nacionales para tener los mismos derechos que los ciudadanos comunes, lo cual, sin duda, condenaba en la práctica a la extinción y a la prohibición de exigir sus derechos como pueblos ancestrales y diferentes.

El Grupo de Trabajo fue formado en 1982 y se reunió por primera vez el 9 de agosto. Finalmente, en 1989, después de arduos debates, el Convenio 109 fue abolido para dar paso al Convenio 169 de la misma organización sobre los Pueblos Indígenas y Tribales. Este convenio, junto con la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, son los instrumentos que más derechos reconocen hasta la actualidad. Uno de los logros más importantes del Convenio 169 afirma que cualquier proyecto de los gobiernos o privados de cada país que afecte la integridad de los territorios comunitarios, deberá aplicarse la consulta y el consentimiento previos, libres e informados. Sin embargo, a pesar de reconocido y subscripto por la mayoría de los gobiernos de América del Sur, en la práctica no se lo respeta ni se aplica, fundamentalmente porque los gobiernos están comprometidos con los intereses de las compañías transnacionales quienes dirigen la economía mundial y explotan los recursos naturales de nuestros países. Estas materias primas se exportan a precios que maneja el mercado y deja una ganancia ínfima al país proveedor. Lamentablemente, son recursos que significan para los indígenas sus fuentes de vida y no mercancía para ganar dinero. Además, muchos de ellos se ubican en territorios indígenas.

Si bien en los últimos años en Sudamérica han habido algunos cambios sociales impulsados por gobiernos progresistas, en general, cuando se trata del reconocimiento a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas como el de la propiedad de los territorios y sus recursos, y el derecho a la consulta previa como lo establecen la leyes, éstos son violados con toda la impunidad que da el poder.

Así fue la política de los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, que a pesar de haber otorgado ciertos beneficios sociales, concentraron al máximo la explotación de recursos naturales. Dejaron avanzar impunemente a empresas transnacionales como la minera Barrick Gold en la cordillera andina, la biotecnológica Monsanto en la pampa o la petrolera Chevron en la zona geográfica de Vaca Muerta en la Patagonia, sin importar el daño ecológico irreversible que causan, ni tuvieron en cuenta cómo repercute en la salud de las poblaciones indígenas y no indígenas que son obligadas a coexistir con estas empresas.

Por otro lado, durante este período de 12 años, la negación a dialogar con los representantes de los pueblos indígenas para avanzar con los derechos fundamentales y cumplimiento de las leyes, fue sistemático.

Si bien es cierto que hay que reconocer que Néstor Kirchner asumió la presidencia en plena crisis económica y social, también se debe tener en cuenta que luego en su mandato comenzó el ingreso de enormes flujos de dinero a las arcas del Estado producto del “boom de la soja” y sus altos precios en el mercado internacional.

Darío Aranda, periodista especializado en la problemática indígena dijo: “Los pueblos indígenas definen al monte ancestral como su farmacia y su supermercado. En las últimas décadas han sido desalojados por el modelo agropecuario de sus lugares ancestrales de vida o arrinconados en pequeñas parcelas. Ya no cuentan con su espacio vital, el territorio de dónde obtener alimentos”.

Luego, ya en 2015, el entonces candidato a presidente Mauricio Macri, por Cambiemos, sostuvo discursos electorales que prometían soluciones a los problemas acarreados por los pueblos indígenas. Su estrategia fue apoyar a un reducido grupo de representantes de algunas comunidades para encaramarlo en una cumbre. De esta manera se ahorró el trabajo de dialogar y negociar sobre los derechos ancestrales de los más de treinta pueblos que viven hoy en día en Argentina, además de ser más fácil de convencerlos para aceptar sus políticas.

La historia se repite, pues estas políticas de coaptación no son nuevas. Todas estas maniobras políticas provocaron escepticismo y desconfianza entre los líderes y las lideresas indígenas. Toda esa desconfianza estaba basada en que, el electo Presidente Macri y su equipo ministerial, proveniente de grandes empresas, está tomando medidas de lo más antipopulares; como la de rebajar las retenciones a los grupos financieros de la soja, mientras pueblos indígenas y campesinos, día a día, ven la reducción de sus territorios al punto tal que resultan inhabitables porque son restringidos a los sectores con los suelos más pobres y, muchas veces, sin acceso a alguna fuente de agua potable.

Por otro lado, está negociando con mayor vigor y convencimiento que los gobiernos pasados, con el gran capital de las corporaciones transnacionales para que inviertan en el país y seguir profundizando la explotación de los recursos naturales, con la consiguiente contaminación que acarrea y con más injusticias sociales. Ceder ante las empresas como Monsanto y otras para darles el beneficio de patentar y controlar las semillas, promover una Ley de Tierras para que las compañías extranjeras o gobiernos como China e Israel puedan adquirir más tierras son sólo algunas de las políticas macristas.

Además, de todas esas medidas anti populares, aumentar desconsideradamente todos los servicios esenciales, los “tarifazos”, hace pensar y con mucho fundamento basado en la realidad, que las políticas con los pueblos indígenas no se vislumbran para nada promisorias y esperanzadoras.

Ante esta situación las organizaciones y comunidades indígenas del país se reunieron en un Parlamento autoconvocado el 7 de julio pasado en Buenos Aires y en una de sus conclusiones dice lo siguiente: “Nos reunimos nuevamente en una época de crisis moral, de injusticia social, económica donde reina la avaricia y el desprecio por la vida. Donde vivimos una nueva era de colonialismo en contra de nuestros pueblos. El Estado Argentino, ávido de obtener regalías e ingresos para sus burocracias, continúa otorgando concesiones a las compañías transnacionales, entregando los bienes naturales para una irracional e irresponsable explotación, haciendo caso omiso de las leyes reconocidas por el estado mismo”. 

Del 20 al 24 de septiembre del corriente año, se llevará a cabo en la Universidad de Santa Rosa en La Pampa, la Segunda Conferencia Internacional sobre los pueblos indígenas, donde participaran más de 2 mil personas y se analizarán los temas acuciantes por los que atraviesan los pueblos indígenas en argentina y en la Abya Yala.

Nota

(1) Abya Yala es el término con que los indígenas Kunas de la Comarca de Kuna Yala en Panamá denominaban al continente que los españoles denominaron América, en honor al invasor Américo Vespucio, pues navegaban de sur a norte y viceversa.

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