En el contexto de las recientes fiestas en honor al Divino Salvador del Mundo, se publicaron dos comunicados que merecen atención, tanto por la autoridad ética de quienes lo firman como por la importancia del tema abordado. El primer texto está firmado por la Red de Comités de Víctimas y Sobrevivientes del Conflicto Armado en El Salvador y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca). El segundo, por la Conferencia Episcopal de El Salvador. Ambos documentos sientan posición sobre la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Los dos exhortan a pensar la realidad desde el dolor de las víctimas, desde las personas inocentes que han sufrido una violencia injusta y que claman por sus derechos. El uno y el otro abogan por una justicia que no se reduce a la sanción del victimario, sino que busca la reparación de las víctimas de violaciones a derechos humanos. Veamos, brevemente, las implicaciones que para estas representaciones sociales tiene la derogación de la ley de amnistía.

Para la Red y el Idhuca —que presentó en 2013 un recurso de inconstitucionalidad contra esa ley—, la sentencia de la Sala de lo Constitucional representa el fin del bloqueo a la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas. Si la ley de amnistía significaba penalizar el recuerdo de sufrimientos pasados y de sus causantes, la derogación deberá implicar el fin de la impunidad que ha favorecido a los autores intelectuales y materiales de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos durante el conflicto armado. En el comunicado se enfatiza que en ningún momento las víctimas buscan venganza o beneficio económico, sino el cumplimiento del derecho de todo salvadoreño a la verdad, la justicia y la reparación, tal como lo establece la Constitución de la República y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado salvadoreño.

En consecuencia, la Red y el Idhuca le exigen a la Fiscalía General de la República cumpla con la sentencia de la Sala y con su mandato constitucional, investigando los casos documentados en el informe de la Comisión de la Verdad, así como los presentados por el Idhuca y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos. Asimismo, demandan a la Asamblea Legislativa cumpla con lo establecido en la sentencia, regulando los medios para garantizar el acceso a la información pública sobre los hechos del pasado y las circunstancias de los mismos. Además, reclaman al órgano legislativo que disponga de los recursos adecuados para responder a las legítimas pretensiones de las víctimas y establezca las medidas de reparación integral que fueren necesarias para garantizar su satisfacción, compensación y reivindicación, así como las medidas de no repetición de acuerdo a los estándares de la justicia transicional.

Por su parte, el comunicado de la Conferencia Episcopal, titulado “Reconcíliate con tu hermano mientras vas por el camino”, analiza la sentencia desde una óptica pastoral y a la luz de la Biblia y del magisterio de la Iglesia. Desde esa inspiración cristiana, afirma que la Iglesia está a favor de la justicia, las víctimas y los derechos humanos. En esta línea, considera que la derogación de ley de amnistía es una valiosa oportunidad para que la sociedad salvadoreña se reconcilie y forje una auténtica paz social. Recuerda que la Iglesia también cuenta con víctimas inocentes, pues sufrió crímenes de lesa humanidad. Los obispos manifiestan que no piden la cárcel para nadie, solamente reclaman que se conozca la verdad y se pida perdón. Cuando esto ocurra, indican, la Iglesia estará dispuesta a perdonar a quien corresponda.

Para los miembros de la Conferencia Episcopal, la inconstitucionalidad de la ley abre una oportunidad para que nuestra sociedad sane sus profundas heridas. Para alcanzar ese objetivo, señala la necesidad de implementar una justicia restaurativa y transicional en favor de las víctimas. La primera consecuencia de esta justicia será visibilizar a todos los que sufren injustamente. Y eso pasa por cultivar su memoria, escuchar sus interpelaciones, pedir perdón y reparar adecuadamente los crímenes cometidos. Es el momento, proclaman los obispos, de la justicia, la misericordia y el perdón, sin dar lugar al odio y a la venganza. Finalmente, exhortan a trabajar por la instauración de la verdadera paz, tan anhelada por el pueblo salvadoreño y por la que tantos hermanos de la comunidad eclesial ofrendaron su sangre. También hacen un vehemente llamado a la Asamblea Legislativa a empeñarse, con el mejor espíritu, en el diseño de las estructuras jurídicas necesarias para implementar la justicia transicional que posibilite alcanzar la reconciliación nacional.

Así pues, desde la perspectiva de las víctimas, la derogación de la ley de amnistía no solo permite sacar a la luz el sufrimiento y la injusticia, sino que interrumpe una lógica social e histórica que se construye sobre la violencia y la impunidad. Si las amnistías favorecen a los victimarios (olvidando sus crímenes e integrándolos a la sociedad), su reversión puede constituirse en un acto de justicia porque mantiene vivos los derechos que alguna vez fueron negados o pisoteados. No se trata, como se ha dicho repetidamente, de promover resentimientos o venganzas, sino de reclamar justicia por daños que atentan contra la vida y dignidad humanas.

09/08/2016

- Carlos Ayala Ramírez es director de radio YSUCA, El Salvador.