La Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó sobre los hechos de violencia en Rancho del Sol, Tanhuato, Michoacán, el 22 de mayo de 2015, que elementos de la Policía Federal “ejecutaron de manera arbitraria” a 22 de los 42 civiles muertos en el enfrentamiento; además, murieron “por uso excesivo de fuerza”, dice la recomendación 4VG/2016.

Por si lo anterior no fuera gravísimo, en el documento de 696 páginas se afirma que la PF manipuló y alteró la escena de los hechos, modificó la posición inicial de varios cadáveres, colocó armas de fuego en otros cuerpos, torturó e infligió tratos crueles e inhumanos.

En el voluminoso documento enviado a la Comisión Nacional de Seguridad y al gobierno de Michoacán, la CNDH determinó que de las 22 personas “ejecutadas arbitrariamente”, 13 se encontraban de espaldas; en cinco casos fueron muertas por disparos (4 mil) hechos desde el helicóptero artillado usado en el operativo; uno más herido de bala y expuesto a fuego directo estando aún con vida, y los tres restantes fueron victimados a pesar que ya estaban sometidos.

A esto y más, el titular de la CNS respondió enseguida para hacer el ridículo, pues nadie tiene capacidad para leer, no digamos estudiar, ni siquiera con el auxilio de los subordinados, un documento tan voluminoso y menos para formular una respuesta tan categórica: “Nosotros quisiéramos (sic) decir que es muy radical hablar de ejecuciones extrajudiciales, porque en nuestro país no existe como tipo penal la ejecución extrajudicial… también porque no existe la pena de muerte”.

Seguramente no existen, pero la pregunta es: ¿Los agentes asesinaron o no a los presuntos delincuentes? Renato Sales: Los uniformados “respondieron a una agresión de integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, “a partir del uso de la fuerza proporcional y racional ante un escenario hostil, de ahí que no se configura lo que la CNDH enmarcó como ejecuciones arbitrarias”. Y pidió respetar la presunción de inocencia de los policías, pues “también tienen derechos; también son personas”. Sólo que no para asesinar.

A otro que le irritó la recomendación por ser dada a conocer en la víspera del anuncio de la prolongación del paro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, fue al conductor Ciro Gómez Leyva, quien tradujo al “lenguaje periodístico” conceptos usados en la recomendación, por ejemplo “ejecuciones extrajudiciales” como: La “Policía Federal es un pelotón de fusilamiento”. Contrastó el estilo modocito que usa Gómez cuando entrevista con frecuencia a Aurelio Nuño con la beligerancia empleada contra el primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava.

Sales Heredia usó como justificación la inexistencia de “una ley general sobre el uso de la fuerza pública”, así como una reforma constitucional para la actuación conjunta de los tres órdenes de gobierno. El senador Alejandro Encinas lo remitió a la lectura de “lineamientos internos específicos que regulan el uso de la fuerza de la Policía Federal y que se encuentran vigentes” (Diario Oficial de la Federación, 23-IV-12), pues “No es la falta de un marco jurídico lo que permite los excesos de la Policía Federal y los atentados contra el derecho a la vida”.

En efecto, es un modo de operación sistémico de las fuerzas armadas que tienen una tasa de letalidad muy alta en sus operativos y pocos heridos civiles, incluidos sus integrantes. Por eso sería catastrófico que fueran empleadas contra los profesores movilizados, como lo demostraron en Nochixtlán, Oaxaca.

Utopía 1718, 22-VIII-16

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