Los intentos de “Acuerdo de Paz” no solo fueron imaginados para Colombia, sino también para Perú. En ambos, países –por circunstancias disímiles- la lógica de la guerra frente a las insurgencias se impone. Durante la década  del fujimorato y de la mano del entonces asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, la insistencia por enfatizar el conflicto constituyó una forma de acumular poder, ganar legitimidad y, sobretodo, una fuente de negocios.

Sendero Luminoso, luego de la captura de Abimael Guzmán el 12 de setiembre de 1992, no volvió a ser el mismo. Su llamado al “acuerdo de paz” fue una salida obligada, en parte para salvar la vida de su líder, ante la inminente derrota militar a manos del ejército y de las propias milicias campesinas. Desactivado casi por completo su funcionamiento militar, Sendero adquiría una relevancia no ya bélica, sino política. La antinomia entre Estado y terroristas permitía dejar de lado el debate sobre la corrupción y ensalzar la figura de Alberto Fujimori como pacificador.

Montesinos, ha enfrentado juicios por más de 60 cargos, que van desde tráfico de drogas, hasta violaciones a los Derechos Humanos[1]. Destaca especialmente la venta ilegal de armas, 10.000 fusiles AK-47 procedentes de Jordania  y desviados, precisamente, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1999. Mientras tanto, Alberto Fujimori publicitaba el “Plan Siberia”, afirmando que su gobierno había desenmascarado el envío ilegal de las armas a las FARC. Años más tarde, el proceso judicial demostró que dicho plan, presentado incluso desde una conferencia de prensa, fue una farsa montada para ocultar la remesa del cargamento que contaba con la complicidad de su gobierno, lejos, muy lejos de las siete leyes del Bushido[2].

El martes 27 de septiembre, Montesinos recibió una nueva condena de veintidós años de cárcel, por la desaparición forzada de los estudiantes de Economía Martín Roca y Kenneth Anzualdo y del profesor Justiniano Najarro. Aunque el ex jefe de Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) se encuentra en prisión desde el año 2001, es la primera vez que la justicia peruana reconoce que el gobierno de Alberto Fujimori usó al menos un horno para quemar los restos de detenidos durante su campaña de persecución a los disidentes. Los magistrados indicaron que Montesinos aplicó una política de lucha contra la subversión que incluía interrogatorios ilegales de sospechosos, y en este caso, las víctimas fueron detenidas y llevadas a las celdas en el sótano del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) donde fueron torturadas y asesinadas, para luego incinerar sus cuerpos.

La directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano, consideró que gracias a la reciente Ley de Búsqueda aprobada por Ollanta Humala, el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski tiene el “gran reto” de permitir que el rastrillaje de los restos de las personas desaparecidas en los cuarteles.

La imagen demodé de un Fujimori “héroe de guerra”, gravita en cierto imaginario conservador. La operación Chavín de Huántar que terminó con la toma de la Residencia del Embajador de Japón por miembros del  MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru) ha sido calificada como la mejor operación militar de rescate de rehenes de la historia. La operación, autorizada por el ex presidente, permitió el rescate de 71 de los 72 rehenes con vida en 1997, mientras que fallecieron todos los miembros del MRTA, tres de los cuales ya se encontraban rendidos y fueron ejecutados extrajudicialmente por los comandos.

Desde el Frente Amplio la parlamentaria, María Elena Foronda, fue aún más lejos al sostener que Perú debería imitar el ejemplo colombiano, y buscar un “acuerdo de paz” con Sendero Luminoso. Foronda señaló la importancia de trabajar por la reconciliación, debido a que todavía existen familiares que buscan justicia y reparación por parte del Estado. Se estima que quince mil personas, entre niños, varones y mujeres, sufrieron desaparición forzada entre los años 1980 y 2000.

Foronda argumentó que Sendero Luminoso solo fue vencido desde un punto de vista militar y considera que sería necesario derrotarlos en el terreno político. “Yo creo en la justicia reparativa, creo en los procesos de condena frontal al terrorismo, como el de Sendero Luminoso, y también el terrorismo que vino de parte del Estado peruano, en donde hubo excesos de ambas partes”, indicó la congresista.

El pasado no ha sido saldado y los muertos reclaman justicia, pero tanto en el caso de Colombia como de Perú la continuidad del conflicto implica un problema actual ante el flagelo de la minería ilegal, el narcotráfico, el crimen organizado y la trata de personas. Sin la voluntad de paz del Estado y de los grupos armados -que pueden ser catalogados desde insurgencias a grupos terroristas- la población civil acorralada entre ambos bandos continuará siendo el botín que amortiza el daño colateral de un conflicto redituable. PPK tiene ante sí la oportunidad y el desafío de construir una memoria que promueva la reconciliación, lo que representa un asunto pendiente para el conjunto de la sociedad peruana. Hasta ahora, el nuevo presidente ha hecho gala de cierto tinte liberal. Sin embargo, el resultado del referéndum colombiano sugiere un paisaje desolador para nuevas pacificaciones en el continente y en su lugar, la continuidad de la política por otros medios.

Notas

[1]http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37492084

[2] Bushido: código de ética de los samuráis.

 Barbara Ester / CELAG

@barbaraestereo

http://www.celag.org/peru-paz-y-reconciliacion/