La limitada, en términos relativos, capacidad de convocatoria mostrada por la jerarquía católica a través del Frente Nacional por la Familia para expresar su rechazo a la iniciativa presidencial sobre el matrimonio igualitario y el derecho a la adopción de niños, no tanto la exhibida el 10 de septiembre en 120 ciudades del país, pero sí en la denominada Marcha Nacional del 24 de septiembre en la Ciudad de México y que apenas reunió a 50 mil personas, no se puede entender sin contemplar los cambios profundos que se producen en el tejido social y que ilustra muy bien la encuesta más reciente de Parametría.

Resulta que de acuerdo con la muestra levantada por la casa que dirige Francisco Abundis, del 24 de septiembre al 1 de octubre pasados en mil hogares y con un margen de error (+/-) 3.1%, poco más de la mitad de los mexicanos (51%), se enteró de la marcha por la familia; mientras que para el 49% pasó desapercibida, pese al acompañamiento que le brindó el oligopolio mediático y el esfuerzo de éste por ser y parecer plural.

Es para registrarse, por llamativo, que son más los entrevistados por Parametría que creen que la Marcha por la Familia fue convocada por las iglesias. El 27% dijo que la católica la promovió, y 4% por ciento afirma que fue una iniciativa de la Iglesia evangélica. Es decir, tres de cada 10 encuestados asocia que estas manifestaciones fueron promovidas por las iglesias. En tanto que más de la mitad de la población (52%) desconoce quien convocó a la marcha y sólo 14% sabe que la promovió el Frente Nacional por la Familia, organización que asegura nació “en respuesta a las iniciativas de ley que atentan contra el matrimonio y la familia natural”.

Lo más trascendente es el rechazo que expresaron los encuestados a que la Iglesia opine de temas ajenos a la fe. Seis de cada 10 (60%) está en desacuerdo con que dicha institución opine de temas de economía. El 53 por ciento rechaza que fije postura sobre la inseguridad y la corrupción. Y más de la mitad (52%) se opone a que opine sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Por el contrario, tres de cada 10 entrevistados apoya el involucramiento de la Iglesia.

Todo ello en un país como México donde la católica es la religión más numerosa, 82.9% según las cuentas alegres del Instituto Nacional de Estadística, institución pública y ahora autónoma que indebidamente incluyó la religiosidad como “pregunta optativa” en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, a cargo de un ilustre de la Organización Nacional El Yunque, como Eduardo Sojo.

A pesar de esa perspectiva oficialista, es sostenida la caída del porcentaje de los que se dicen católicos, lo que no es lo mismo que practicantes. Hace 15 años que el porcentaje alcanzaba, según la jerarquía católica, 88 de cada 100.

El dato duro es que las manifestaciones en defensa de la familia tradicional son asociadas por más mexicanos como una iniciativa de la Iglesia católica. Y que cuando la religión católica todavía es la más numerosa del país, mayor es el rechazo de los aztecas a que la jerarquía y su ejército de sacerdotes opinen de temas diferentes a los religiosos. Como lo hacen ahora en Chihuahua, enfrentados al nuevo gobierno de Javier Corral porque usa los colores del arcoíris en el logotipo oficial.

Realidades que la Conferencia del Episcopado Mexicano y su matriz vaticana no debieran ignorar, salvo que estén dispuestos a exhibir su mermado poder de convocatoria para oponerse a la iniciativa de Enrique Peña Nieto, batalla cultural y del derecho humanitario en la que llevan casi todas las de perder hoy y mañana.

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