Afortunadamente, por amplio consenso, el Senado eligió a Fernando Carrillo como nuevo Procurador General de la Nación. Fue la decisión más acertada porque se trata de una persona de talante liberal, con una trayectoria pública, académica y administrativa, destacada. Así pues la Procuraduría recobrará, no solo su institucionalidad, sino el prestigio que debe tener la entidad a la que la constitución asigna funciones muy importantes. Y dejará de ser un factor de amedrentamiento a las minorías, a la oposición política, a los profesores universitarios que tienen, como se permite en una democracia liberal, miradas críticas de la realidad, sin que ello implique el incumplimiento de obligaciones como servidores públicos y menos aún sanciones que atentan contra la libertad de cátedra. Sobre todo, se requiere una Procuraduría de puertas abiertas a los ciudadanos, no como está hoy día encerrada con vallas y de difícil acceso física y funcionalmente. El Procurador, no es que sea el representante de la sociedad, si fuera así sería elegido mediante proceso eleccionario, sino que, como bien lo sabe el doctor Carrillo, el Procurador es quien ‘defiende los intereses de la sociedad’, como lo establece el numeral 3 del artículo 297 de la Constitución Política, por lo tanto, debe tener una relación muy estrecha y abierta con TODOS los ciudadanos.

Por ellos saludamos, la iniciativa del Procurador Carrillo de nombrar un comité asesor de la entidad representativo de diferentes sectores sociales, especialmente de las minorías, cuyos derechos deben ser prioritariamente protegidos por la Procuraduría. Adicionalmente, como ya lo mencionó el nuevo Procurador, una de sus tareas debe ser la defensa del derecho a la paz, para lo cual debe aportar su mirada y luces, no con protagonismo de quien quiere tener una entidad pública como su coto de caza privado, sino el de un funcionario público dispuesto a velar por el interés general y presto al idóneo, eficaz e imparcial cumplimiento de sus funciones, lejos de sectarismo políticos o religiosos y de cualquier índole, para que los colombianos, liderados por el Jefe de Estado, podamos llegar a acuerdos razonables para la terminación del conflicto armado interno.

En el posacuerdo la Procuraduría debería ser una de las instituciones que ejerza vigilancia para que dichos acuerdos se implementen, porque van a beneficiar a las territorios más golpeados por el conflicto y la inversión pública, para que las víctimas, TODAS las víctimas –no hay víctimas de primera o de segunda, ni por el hecho victimizante, ni por el actor que las victimizó- sean atendidas y reparadas. En eso sería fundamental el rol que podrían jugar Procuradores Delegados para la Defensa de la Víctimas, para la Restitución de Tierras y el Delegado Asuntos Ambientales y Agrarios, quienes deberán ser funcionarios capacitados para cumplir su labor, en función de los intereses de la sociedad y no simples fichas políticas del juego electoral.

Creo que el Procurador Carrillo tiene el desafío, la capacidad y el talante para recuperar a la entidad para que cumpla el papel que debe frente al período del pos acuerdo.

Coda: Ojala pueda comenzar pronto el proceso con el ELN en su fase pública, lo cual requiere un acuerdo que termine con el secuestro, pero igualmente un cese del fuego y de hostilidades que genere un ambiente de opinión favorable. Para ello los ’acuerdos humanitarios’ de vigencia inmediata que el ELN ha planteado en el pasado puede ser un camino adecuado.

- Alejo Vargas Velásquez, Profesor Universidad Nacional, Colombia.