La puesta en marcha de alternativas locales, tanto a nivel institucional como desde las organizaciones sociales, que puedan servir de contrapoder frente a las empresas transnacionales y disputarles la centralidad en el sistema socioeconómico choca, aquí y ahora, con la fortaleza de la lex mercatoria. No en vano, el objetivo del entramado jurídico global que durante las últimas décadas han venido construyendo las grandes corporaciones, las instituciones económico-financieras internacionales y los Estados centrales es precisamente ese: asegurar los negocios de las multinacionales y blindar sus “derechos”, pasando por encima de los derechos fundamentales de las mayorías sociales, la soberanía de los pueblos y la propia democracia. [1]

Las empresas transnacionales protegen sus derechos mediante un ordenamiento jurídico internacional basado en las reglas sobre comercio e inversiones, un nuevo derecho corporativo global compuesto por miles de normas: contratos de explotación y comercialización, tratados comerciales bilaterales y regionales, acuerdos de protección de inversiones, políticas de ajuste y préstamos condicionados, laudos arbitrales… Se trata de un derecho duro (normativo, coercitivo, sancionador) que favorece los intereses de las grandes corporaciones y, al mismo tiempo, ofrece la otra cara de la moneda a la hora de regular cuáles son sus obligaciones. Y es que estas se remiten solo a las legislaciones nacionales, previamente sometidas a las políticas neoliberales, a un derecho internacional de los derechos humanos que resulta ser manifiestamente frágil y, por último, a una “responsabilidad social” que no es sino un derecho blando (soft law) articulado en torno a las ideas de voluntariedad, unilateralidad, no-exigibilidad jurídica y, en definitiva, autorregulación empresarial.

La construcción de toda esa armadura del capitalismo que privilegia los negocios corporativos por encima del interés general, eso sí, no habría sido posible sin contar con una participación decidida de las instituciones [2] públicas y los organismos multilaterales en todo el proceso. No olvidemos que, a la vez que se ha desregulado y “flexibilizado” todo aquello que podía resultar desfavorable para los intereses del capital transnacional; poniendo en marcha sucesivas reformas laborales y del sistema de pensiones, el adelgazamiento de la legislación ambiental, el deterioro de la prestación de servicios públicos como el agua, la sanidad y la educación para facilitar su posterior privatización, etc., el Estado ha sido esencial para las grandes empresas en lo que se refiere, por una parte, a la represión de las movilizaciones sociales en su contra y, por otra, a la producción legislativa a favor de esas mismas compañías.

El rol de las instituciones públicas

En este marco, cuando parece imprescindible avanzar en la puesta en práctica de mecanismos de control y normas vinculantes para obligar a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos en cualquier lugar del mundo, ¿cómo pueden llevarse a cabo políticas efectivas para enfrentar el poder de las grandes corporaciones desde las instituciones públicas? Para contrarrestar la fuerza de la lex mercatoria y servir de contrapeso al poder empresarial, ¿qué papel pueden jugar las instituciones estatales? Sabiendo que, como dice Amparo Pernichi, concejala y delegada de Medio Ambiente e Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, “la re-regulación a favor de las grandes empresas llega a los ayuntamientos de la mano de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de la reforma de la Ley de la Administración Local” y que “esa combinación perfecta y perversa pone una autopista de entrada con un carril preferente a las multinacionales para que entren y tomen la casa de las instituciones”, ¿será que es posible transformar el modelo socioeconómico desde los “ayuntamientos del cambio”?

La manera de resolver los conflictos con las corporaciones transnacionales que van a surgir, sobre todo, cuando los gobiernos locales adopten decisiones que no sean favorables a los intereses de las grandes empresas de los sectores de la construcción, la energía, las telecomunicaciones o las finanzas, va a ser uno de los elementos centrales para marcar los límites y las posibilidades de la acción política desde las instituciones públicas en los próximos tiempos. Es algo que, de hecho, ya ha pasado en Madrid cuando se han tomado medidas meramente simbólicas como no dejar que Coca-Cola rodase un spot publicitario en una instalación deportiva dependiente del ayuntamiento [3], así como cuando, a un nivel de confrontación mucho mayor, se ha paralizado la Operación Chamartín en el norte de la capital y con ello se han visto reducidas las expectativas de negocio del BBVA, máximo accionista del proyecto. El devenir de otros macroproyectos urbanísticos y grandes infraestructuras, y hasta del servicio de limpieza de la ciudad, actualmente controlados por subcontratas y filiales de las principales multinacionales españolas de la construcción, van a ser sin duda otras fuentes de conflicto si de defender los intereses generales frente a la primacía del lucro privado es lo que se trata.

Propuestas de resistencia, regulación y alternativa

En realidad, frente a esa idea tan extendida de que resulta “más fácil imaginar el fin del mundo que el fin de capitalismo” [4], que pretende situar en una posición sin salida a quienes osen poner en duda el discurso dominante, existen múltiples iniciativas que, moviéndose entre la posibilidad de instaurar mecanismos de control para limitar el poder de las fuerzas del mercado y la urgencia de construir propuestas para avanzar en una transición post-capitalista, se están llevando a cabo actualmente para construir otros modelos de economía y sociedad.

A escala global, la aprobación de un código vinculante, la creación de un tribunal internacional que juzgue a las empresas transnacionales y la creación de un centro para el seguimiento de las mismas son ideas fuerza sobre las que se están construyendo algunas de las propuestas alternativas de la sociedad civil. A nivel estatal, la exigencia de obligaciones extraterritoriales a las grandes corporaciones y de coherencia de políticas a las administraciones públicas, junto con una apuesta de los gobiernos municipales, autonómicos y central por las cláusulas sociales y ambientales en la contratación pública, los mecanismos de redistribución económica y de reequilibrio territorial, y las medidas de remunicipalización y de nacionalización de ciertas empresas presentes en sectores estratégicos, entre otras, son algunas de las posibles iniciativas que podrían ser desarrolladas en esta línea [5].

Con el fin de avanzar hacia modelos de desarrollo post-capitalistas (lo hemos analizado en publicaciones anteriores) [6], las organizaciones y movimientos de la sociedad civil están desarrollando nuevos discursos, iniciativas contrahegemónicas y propuestas de transición que van caminando con una triple perspectiva: de resistencia, de cara a frenar los impactos negativos de la expansión de las transnacionales; de regulación, proponiendo mecanismos de control que sirvan para situar los derechos de las personas y los pueblos por encima de la lex mercatoria; y de alternativa, llevando a la práctica propuestas concretas que le vayan disputando parcelas de autonomía y soberanía económica a las grandes corporaciones [7].

Así, por ejemplo, algunas de estas iniciativas ya están poniéndose en marcha desde “ayuntamientos del cambio” como los de Barcelona, que ha decretado una moratoria a la concesión de más licencias en el sector turístico; Madrid, que ha comenzado los trabajos para realizar una auditoría de la deuda y no ha renovado los contratos con las agencias de calificación de riesgo; Zaragoza, que no va a otorgar ninguna licitación pública a empresas condenadas por operar en paraísos fiscales; o Ferrol, que ha anunciado la remunicipalización de los servicios de electricidad. Todas estas medidas, junto a otras similares que están tomando ayuntamientos como los de Santiago de Compostela, A Coruña, Córdoba o Cádiz, van más allá de ser meros gestos relacionados con la “responsabilidad social” y, de manera progresiva, comienzan a mostrar la vía para confrontar directamente con los propietarios del capital transnacional.

El caso del ayuntamiento de Madrid

En el caso concreto del ayuntamiento de Madrid, podemos decir que se está tratando, en mayor o menor medida según las áreas de gobierno implicadas, de llevar a la práctica esta tripleta de mecanismos para enfrentar el poder corporativo. En un proceso dinámico y en ocasiones contradictorio, no exento de dificultades de carácter interno y por supuesto también externas (con la permanente presión en contra de los grandes grupos mediáticos y de la clase político-empresarial que ha gobernado durante las últimas cuatro décadas), a la vez que condicionado por la necesidad de pactar las medidas con otros partidos (en el municipio de Madrid, esto hace referencia básicamente al PSOE), el equipo de gobierno de Ahora Madrid ha tomado medidas que podríamos caracterizar como de resistencia, de regulación e incluso de alternativa. Experiencias que, sin negar la existencia de una discusión abierta, tanto en el equipo de gobierno del ayuntamiento como en buena parte de las bases y movimientos sociales que apoyaron la candidatura de Ahora Madrid, sobre su grado y ritmo de aplicación, están comenzando a servir para equiparar los derechos de las mayorías sociales con los de las grandes compañías.

Entre todas ellas, la iniciativa de regulación con más potencia para restringir la presencia de las grandes corporaciones en los servicios públicos es, sin duda, la instauración de cláusulas sociales en las licitaciones promovidas por el ayuntamiento. Y es que una ciudad como Madrid, que pone cada año en circulación 1.500 millones de euros en contratación pública, puede así empezar a favorecer otro tipo de empresas y tejidos económicos (pymes, cooperativas, centros de inserción, etc.) que no se rijan por el único criterio del precio. Criterios como las relaciones laborales, la igualdad de género o el desempeño ambiental, en este sentido, van a poder entonces primar sobre la oferta más económica y la maximización de la ganancia. Como afirman los responsables de impulsar estas medidas en el Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, “el objetivo de estas medidas es premiar a las empresas que contribuyen a hacer de la contratación pública un espacio de respeto de derechos fundamentales” [8].

Son igualmente importantes aquellas medidas que, aún siendo fundamentalmente simbólicas, encuadran la acción municipal en una perspectiva de resistencia frente a “los mercados”: declararse, junto a otras muchas ciudades del Estado español, municipio libre del TTIP; no renovar los contratos de las agencias de calificación de riesgo cuando expiraba su vencimiento; promover una auditoría ciudadana de la deuda del ayuntamiento de Madrid.

Y también las medidas de regulación que, utilizando la normativa ya existente y endureciéndola en caso de ser necesario, impulsan un modelo de ciudad algo más habitable: la restricción del tráfico cuando se superen los niveles de contaminación del aire, sin ir más lejos, es una valiosa iniciativa en esta línea. Renunciar a la remunicipalización de los servicios de limpieza viaria y de recogida de basuras, sin embargo, es algo que va justamente en el sentido contrario.

Ahora bien, como afirma el concejal-presidente de los distritos de Salamanca y Moratalaz, Pablo Carmona, “nuestra labor no es solo separar el ámbito del mercado y el de las instituciones públicas; nuestra función es construir, más allá del sistema estatal, sistemas económicos, de cooperación y de nueva institucionalidad que sean capaces de autodinamizarse, autoconstruirse y autoorganizarse”. En esa vía de apoyar la construcción de alternativas socioeconómicas, en cierto modo, se entienden algunas de las iniciativas de soporte de la economía social y solidaria, la lucha contra las desigualdades de género o la creación de medios públicos de comunicación. En todo ello, eso sí, el rol de las propias organizaciones sociales es decisivo; al fin y al cabo se trata, en palabras de Carmona, de “tener un tejido económico y social a la altura de la contratación pública, que se construya con una identidad política propia. Pensar la empresarialidad social como una empresarialidad política” [9]. Y el debate continúa.

Pedro Ramiro (@pramiro_) es coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.

 Artículo publicado en el nº 71 de Pueblos – Revista de Información y Debate, cuarto trimestre de 2016.

Notas

[1] Hernández Zubizarreta, Juan; y Ramiro, Pedro (2015): Contra la ‘lex mercatoria’. Propuestas y alternativas para desmantelar el poder de las empresas transnacionales, Icaria, Barcelona.

[2] «Controlar a las grandes empresas desde las instituciones», presentación del libro Contra la ‘lex mercatoria’ en Traficantes de Sueños (Madrid, 7 de mayo de 2016).

[3] Ramiro, Pedro (2015): “Madrid y la mosca en la botella de Coca-Cola”, La Marea, 17 de septiembre.

[4] Jameson, Fredric (2003): “La ciudad futura”, New Left Review, nº 21, Akal, p. 103.

[5] Hernández Zubizarreta, Juan y Ramiro, Pedro, op. cit., pp. 89-146

[6] “Alternativas a las transnacionales”, dossier en Pueblos, nº 66, tercer trimestre de 2015.

[7] Ramiro, Pedro (2015): “Resistencias, regulaciones y alternativas: de las estrategias empresariales a las propuestas de transición”, Lan Harremanak – Revista de Relaciones Laborales, nº 33 (2015-II), Universidad del País Vasco.

[8] Sánchez Mato, Carlos; y López Barceló, Esther (2016): “¿Quién teme a las cláusulas sociales en la contratación?”, eldiario.es, 28 de abril.

[9] «Controlar a las grandes empresas desde las instituciones», presentación del libro Contra la ‘lex mercatoria’ en Traficantes de Sueños (Madrid, 7 de mayo de 2016).