Desde diciembre pasado hasta hoy han pasado casi once meses. En diciembre, nuestro pueblo soberano (nuestra democracia), ejerció el derecho al voto expresando su participación política a favor de unos u otros partidos políticos, todos ellos surgidos con aceptación y respeto de la Constitución.

El resultado electoral fue claro: la voluntad popular exigía un cambio y unas reformas, absolutamente necesarias, para hacer valer los derechos de todos los españoles, tal como aparecen descritos en la Declaración universal de los derechos humanos y en la Constitución española.

Unas premisas previas

1. Ningún partido político surge y asume poder sin la ciudadanía. La ciudadanía, sujeto de la soberanía democrática, es la que orienta, exige y determina los valores de nuestro Estado de derecho: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político (Constitución, Art. 1).

2. La ciudadanía, al elegir, es la que otorga poder a los políticos y estos lo trasponen, en última instancia, al Estado.

3. El contenido fundamental de nuestro Estado social y democrático de Derecho incluye y ratifica la Declaración universal de los Derechos Humanos y nuestra Constitución española.

4. En consecuencia, los partidos debieran tomar como norma y referente de su quehacer político el cumplimiento de esos derechos fundamentales. Pero, la realidad muestra iterativamente que los partidos –llegados al poder- olvidan que ese poder les es delegado, ignoran los derechos establecidos y se afanan por un proyecto de convivencia lejos de la Declaración y de la Constitución, colocándose fuera de un Estado democrático y de Derecho.

Garantizar la dignidad humana y sus derechos, base y meta de toda política

Es esto precisamente lo que interesa recalcar: el momento que vivimos, nuevo en nuestra reciente historia democrática, está poniendo al descubierto la verdad o mentira de nuestra democracia política: hay partidos que en su Gobierno actúan con escaso o nulo respeto de los derechos humanos; y hay partidos que, diciendo querer un cambio y aceptación de esos derechos, luego, a la hora de gobernar, los recortan o se retraen de ellos.

No sé por qué tanto énfasis en que cada partido haga y muestre su propio programa, como si no incumbiese a todos el cumplimiento de la Declaración universal de los de los derechos humanos y de la Constitución española. Habrá que añadir y pormenorizar la manera concreta (medidas a seguir) para hacer efectivos esos derechos, pero para el cambio y la reformas demandadas por el pueblo soberano, hay que comenzar por tomar esos derechos como principios guía-inderogables.

Menciono , como botón de muestra, la tragedia de miles y miles de desahucios como prueba la más lacerante de la ausencia e insensibilidad de los poderes públicos frente a un derecho de la ciudadanía: el derecho a la vivienda.

Nuestro Estado de Derecho legisla que ningún ciudadano puede quedarse sin vivienda y, si llega el caso, se le busque solución humana. Pues bien, no sólo no se ha respetado ese derecho sino que se lo ha conculcado con inhumanidad e impiedad: “Summum ius, summa iniuria! Hasta ahí nos ha llevado la furia neoliberal consumista, que legitima la coexistencia del lujo con la miseria, de los derechos pisoteados con los privilegios. Cifra surrealista la de seis millones de pisos vacíos frente a miles de personas y familias a las que se les ha cerrado la posibilidad de una vivienda digna, conforme a su situación, trabajo y derechos.

No entiendo cómo una sociedad desarrollada, - la cuarta economía de la zona del euro- con bienes, leyes y mecanismos para que ninguno de sus ciudadanos deje de conseguir este derecho fundamental, permite que puedan darse en ella las cruces sangrientas y deplorables de los desahucios. Y que hayan salido a la luz pública, exhibiendo prescripciones y órdenes legales, con anuencia de jueces, notarios y empresarios y con ejecución impávida de policías, dejando en la calle, sin casa, a familias enteras, es un hecho abominable y contradictorio con todos los mandatos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de nuestra Constitución.

1. Un programa ineludible: Declaración universal de los Derechos Humanos

- “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración (Art. 2).

-“Todos son igual ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley” (Art. 7).

- “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, a los recursos del Estado y la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad” (Art. 22).

-“Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social” (Art. 23).

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios” (Art. 25).

2. La Constitución Española

La Constitución Española ya en el Preámbulo declara que:

“La Nación española desea proteger a todos los españoles en el ejercicio de los derechos humanos”, para lo cual, reconociendo que “Todos los españoles son iguales ante la ley” (Cap. II, Art. 14), encomienda a los Poderes públicos “Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivos” (Tít. Preliminar, Art.9).

Entre esas condiciones están las de garantizar

- “El derecho al trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia” (Cap. II, Art. 35),

- “Promover una distribución regional y personal más equitativa” (Cap. II, Art. 40) y

-“Regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación y hacer efectivo el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” (Cap. II, Art. 47).

Deber de toda política

La misión de toda política, que de verdad sea democrática, consiste en dotar recursos y medidas que hagan efectivos los derechos humanos.

Salta a la vista que la cuestión que aquí se dirime es la de principios y no de intereses, que pretenden producir y distribuir riqueza al margen o en contra de los derechos humanos.

1. La norma a seguir no es asegurar una producción ilimitada, sino ordenarla ética y jurídicamente para asegurar los derechos de todos.

2. La economía no es autónoma ni entra en el mercado para actuar guiada por el egoísmo y el lucro, sino subordinada al cumplimiento de los derechos humanos.

3. Habrá proyectos y planes mil que el Estado –garante del Bien Común- a posponer o descartar, si previamente no se aseguran los derechos básicos de todos los ciudadanos.

4. El criterio, por tanto, para gobernar es: convenir y pactar, planificar y decidir para atender primero a las necesidades y derechos de los ciudadanos y quien no acepte ese camino o pretenda otros objetivos, se sale del Estado democrático de Derecho.

Estará por el cambio, las reformas y el progreso quien entre por este camino y medidas, y no quien aspire a acumular riquezas que ni son suyas ni provienen de su trabajo. Nadie puede construir su fortuna al margen de los demás o a costa de ellos.

La convivencia democrática marca unas normas de igualdad, justicia, solidaridad y libertad que nos atañen a todos. Los derechos individuales no son absolutos sino relativos, limitados por los derechos de los demás, única manera de que podamos convivir como personas, democráticamente, consolidando una convivencia justa y armónica.

Hacer real la democracia

Es esto simplemente lo que nos muestra el momento convulsionado que vivimos. Si nadie es más ni menos que nadie, sobran –son antidemocráticos- cuantos se empecinan en querer seguir sobresaliendo y dominando, reclamando un estilo y nivel de vida que contradice el dictado por los derechos humanos.

Se insiste en la urgencia de crear gobierno y establecer acuerdos. Pero, debe ser con una prioridad por delante, la de fijar el contenido y alcance de esos acuerdos. Esos acuerdos no son aleatorios, pudiendo no ser respetarlos o incumplidos, sino que tienen contenido real y marcan una precisa dirección y responsabilidad política. Los derechos humanos no permiten que la inmensa riqueza de nuestro país, amasada entre todos, vaya a parar a unos grupos privilegiados o se destinen a planes y obras que menosprecian o descartan la prioridad de los derechos de la mayoría.

En definitiva: ¿creemos o no en la igual dignidad de los humanos y de sus derechos?

No es revelar ningún secreto si, a la postre, después de tantos y menguados debates, decimos que es aquí donde está la clave para que unos u otros sectores sociales, agrupados en partidos, se señalen como propugnadores o no del cambio y las reformas necesarias.

No es cuestión de perderse en brumas de especulaciones, sino de ir directo a lo que más duele: redistribuir la riqueza con más ecuanimidad para que, si ahora hay millones de ciudadanos -más de siete- que cobran bastante muy por debajo de los mil euros al mes y hay más de 120.000 españoles que cobran 20.000 € al mes, los políticos convengan, acuerden y legislen con qué medidas concretas corrigen esa distancia.

Recortes CERO-Grupo Verde, por ejemplo, propone que nadie cobre menos de mil euros al mes y nadie más de 10.000. Sería una medida posible, hasta razonable y efectivamente correctora de la desigualdad. Y ahorraría bastantes miles de millones de euros para asegurar en muchos ciudadanos la satisfacción y cumplimiento de otros derechos suyos básicos.

Democracia, ¿sí o no? Igualdad eticojurídica, ¿sí o no? Iguales derechos para todos, ¿sí o no?.

Y con la respuesta a la vista, empeñarse en reajustar con la realidad, los fallos, quiebras, transgresiones y omisiones de la política hecha o por hacer.

Regular la convivencia desde la dignidad humana y sus derechos humanos inalienables es norma universal para todos, que supone criterios, formación, actitudes y compromiso de los ciudadanos como paso previo para que las leyes de los Políticos y del Estado expresen respeto y adecuación con esa dignidad y derechos.

Y quien no gobierna sobre esa base está en otra galaxia –neoliberal o la que sea- , se sitúa fuera de la democracia y engaña y miente cuando hace propuestas que nunca va a cumplir.

Conclusión: PP, PSOE, UNIDOS-PODEMOS, C,s., etc

¿Cómo andan los Partidos de conocimiento, respeto, adhesión y fidelidad a los Derechos Humanos en sus respectivos programas políticos?

Quien los conozca y los mida con la escala de los derechos humanos descritos en la Declaración Universal de los derechos humanos y en la Constitución española, podrá descubrir el grado de su calidad democrática y el grado de su mentira e hipocresía, y de su incapacidad e indisponibilidad para pactar.