Los mexicanos viven (vivimos) con la Constitución en la boca, para todo la invocan. Pero la que se autodenomina clase política desgració el vocablo con el uso y abuso ilimitados, y dentro de algunos días comenzará la retahíla de frases grandilocuentes para festejar el centenario. Para eso se pinta sola la “clase”, aunque es la primera, junto a los poderes facticos, en violentarla. La existencia de éstos muestra que la ley de leyes no rige en el país.

El artículo 129 de la Carta Magna precisa que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina castrense. Pero desde hace 20 años con Ernesto Zedillo, empleado de trasnacionales a las que favoreció como presidente, cobró carta de naturalidad temporal la utilización formal del Ejército en tareas de seguridad pública.

Cuatro lustros después, Enrique Peña solicita a los diputados que aprueben la iniciativa de su partido y de los secretarios de la Defensa y Marina, quienes también legislan, para “dotar a las fuerzas armadas de un marco jurídico para investigar y actuar contra amenazas que pongan en peligro la estabilidad, la seguridad interior o la paz pública, como el narcotráfico o la corrupción”.

Acción Nacional en la Cámara de Diputados cerró filas con el llamamiento presidencial y exigió “aprobar con urgencia la iniciativa”. Reveló que Ricardo Anaya –el de los discursos contra la corrupción pero él gana 40 mil pesos al mes y gasta 400 mil– ofreció al divisionario “dar un marco jurídico a las fuerzas armadas para mantener a los militares en las calles”.

Sin embargo, Salvador Cienfuegos dijo a los integrantes de la Comisión de Defensa que “se insiste en mantener a los militares en tareas de seguridad pública cuando su preparación no es para ser policías”. El general secretario tiene claro que la temporalidad ya rebasó todo límite y que la incompetencia de los civiles para hacerse cargo de la seguridad pública, los obligó a realizar tareas policiacas y, agrego yo, con altísimos costos para los derechos humanos porque soldados y marinos están formados para aniquilar enemigos.

Como apunta el constitucionalista Elizur Artega, que se viole cotidianamente la Carta Magna “no legitima lo que se hace ilegalmente”. Para ello tiene que modificarse la Constitución. O bien, precisa César Gutiérrez Priego, defensor de los militares emboscados en Culiacán, Sinaloa, como lo prevé en su artículo 29 suspender las garantías y derechos individuales en estado de excepción, lo que permitiría a los militares actuar como pretenden lo hagan.

Lo anterior significaría que el grupo gobernante actual y sus antecesores reconozcan el estrepitoso fracaso de los programas y políticas punitivas contra las drogas, dictadas desde Washington, mientras la quinta economía del mundo, California, legaliza el consumo lúdico de la mariguana.

La Organización de las Naciones Unidas expresa, a través de Santiago Corcuera, preocupación porque algunas disposiciones de la iniciativa son violatorias del derecho a la privacidad y no garantizan el debido proceso; “Que cada quien se dedique a lo que es especialista y los militares no lo son para la seguridad pública”; mientras el improvisado Renato Sales jura que el país no se está militarizando, porque “el mando sigue siendo civil en los operativos contra la delincuencia organizada”. Hilarante si no estuviéramos a las puertas de la legalización de la milicia en tareas policiacas, trasgrediendo letra y espíritu de la ley de leyes y del derecho humanitario.

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