La consolidación de la paz es una tarea de gran prioridad nacional dada la fragilidad de los consensos alcanzados en la Mesa de diálogos, pues la arremetida sistemática del bloque retardatario encabezado por el ex presidente Uribe Vélez, como representante de terratenientes, generales, obispos, pastores, banqueros, caciques políticos, multinacionales, mafias del narco y grandes contratistas del Estado, no cede en su pretensión de mantener incendiado el país y en una guerra irracional, caldo de cultivo para perpetuar un régimen social y de poder profundamente antidemocrático.

El fin del conflicto ha sido una obra maestra construida a lo largo de varios años, en una paciente labor que ha comprometido la Presidencia de la Republica y los representantes plenipotenciarios de las Farc.

Dedicación, ponderación, inteligencia y espíritu transaccional, son virtudes de las que han hecho gala los integrantes de las delegaciones en la Habana en la construcción de los acuerdos agrarios, de erradicación de cultivos de uso ilícito, victimas, justicia, fin del conflicto y dejación de las armas, para transitar hacia la acción política pacífica en todo el territorio nacional y en los espacios institucionales vigentes.

Cada parte ha colocado lo suyo y más recientemente, en el contexto de la organización del Estado, el poder legislativo intervino con mucha eficacia para refrendar el Nuevo Acuerdo de paz firmado en el Teatro Colón de Bogotá.

El Ejecutivo ha dado pasos de gran impacto en la implementación de aspectos parciales, pero claves, de los pactos conocidos. Por iniciativa de la Consejería de paz se han conformado comisiones especiales encargadas de la implementación y seguimiento de los acuerdos, de la seguridad de los guerrilleros y sus principales líderes. También se han dado pasos de gran importancia, como el encargo al Consejo Superior de la Judicatura para que asuma la Secretaria Ejecutiva del Tribunal Especial de paz. Han sido anunciadas medidas para indultar decenas de guerrilleros recluidos en las cárceles y condenados por el delito de rebelión.

Las Farc, por su lado, han implementado el cese unilateral del fuego y hostilidades, aliviando de esa manera los impactos de la guerra, y en el momento avanza en los procesos de concentración de los frentes guerrilleros para dar cumplimiento al cronograma establecido para el efecto en los documentos del Teatro Colon.

No obstante estos hechos, se presenta en la coyuntura un punto muerto de graves implicaciones. Me refiero a la posición de la Corte Constitucional, la otra rama del poder público, institución que revisa, a paso de tortuga, el tema del fast track, vital para la implementación de los consensos de la paz.

El fast track legislativo para incorporar al régimen constitucional y legal cada uno de los puntos que constituyen la Memoria histórica del fin del conflicto social y armado, no es un capricho y menos un asalto autoritario al régimen democrático como lo presenta el discurso oscurantista del bloque oligárquico fascista.

El fast track es la evidencia de la confianza y certeza de los compromisos del Estado con la resistencia campesina revolucionaria y popular. Es la garantía del cabal cumplimiento de los acuerdos firmados.

La indefinición en este frente con argucias y maniobras seudolegalistas es mortal y absurda.

Sería un daño tremendo para Colombia no propiciar el fast track tal como está formulado en el Acto Legislativo 01 del 2016, asumiendo el hecho de la refrendación acordada ya por las Cámaras legislativas en votación mayoritaria que enriquece el clima de convivencia y concordia nacional.

Argumentar una temporalidad específica en los trámites de la Corte para justificar dilaciones y aplazamientos es ir en contravía del curso histórico visibilizado por la coyuntura.

La sociedad no entiende cómo pueda argumentarse que los tiempos de la paz no son también los tiempos de las superestructuras gubernamentales y políticas.

La Corte no puede vivir en la Luna y colocarse al margen de un tiempo histórico acelerado por los acuerdos de paz y encaminado a poner fin a tanto sufrimiento y destrucción.

Seria mortal para el futuro de Colombia que prosperen en la Corte Constitucional y sus integrantes, las descaradas presiones ejercidas por el ex presidente Uribe Vélez, quien se fue hasta Washington a presionar desde un Hotel de Trump, con sus amigos de la ultraderecha republicana, a los magistrados para que hundan la vía rápida legislativa que le dé curso a la paz democrática en los escenarios del poder legislativo.

Nota. Gran paso el de los departamentos del Valle, Cauca, Nariño y Choco para constituir la Región Administrativa y de Planificación/RAP, en los términos del nuevo ordenamiento territorial que fortalece la autonomía y la democracia descentralista. El próximo 12 de diciembre se dará el acto formal de conformación de dicha región en la ciudad de Tumaco (http://bit.ly/2gkhyYw ).