La imagen inmaculada de la Justicia es una señora imparcial, con venda sobre sus ojos para fallar de acuerdo a la ley y sin tener en cuenta la condición del acusado. Acá mira muy bien la cara del cliente y su poder político.

Un ejemplo de injusticia, con neto carácter político y de clase, se vio en Jujuy. El Tribunal que pasó para el año próximo juicios por violaciones a los derechos humanos imputadas a militares y patrones del Ingenio Ledesma, se abocó a juzgar a una dirigente social, Milagro Sala.

El miércoles la condenó a tres años en suspenso por el escrache en 2009 al entonces senador Gerardo Morales, que iba a dar una conferencia en el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas. Hubo huevazos y un par de vidrios rotos, sin ningún lesionado.

La defensa de la jujeña pudo demostrar que ese tribunal había postergado juicios mucho más importantes, como el que debía sentar en el banquillo a Carlos P. Blaquier, del ingenio. Que Sala no había estado en el escrache. Que esa protesta había sido convocada por otras organizaciones sociales. Y que el principal testigo de Morales era empleado suyo en la gobernación, condición sobre la que éste había mentido para ocultar esa relación de dependencia.

Las dos abogadas de la acusada la pasaron mal, apremiadas por los miembros del tribunal, sobre todo su presidente, un desconocedor de reglas elementales del derecho y los procedimientos. Peor la pasó su defendida, condenada por un hecho donde no pudo probarse que participara porque sencillamente no estuvo allí.

Y al día siguiente, jueves, siempre en Jujuy pero en la justicia contravencional, la líder de la Tupac Amaru recibió una segunda condena, con una pena a trabajos comunitarios, una sanción económica y la prohibición de ocupar cargos en organizaciones sociales durante tres años. ¿Motivo? Haber liderado un acampe en diciembre pasado, tras la asunción de Morales, reclamando que se mantuvieran los programas de la cooperativas de trabajo en Jujuy. Estas entidades, sobre todo la Tupac Amaru, habían construido miles de viviendas, escuelas, talleres, calles, piletas, campos de deportes, etc., y querían asegurar esas conquistas para miles de jujeños.

Lejos de atender esos pedidos, el flamante gobernador, con el apoyo de la justicia que había cambiado a gusto tras asumir, y con la cobertura nacional de Mauricio Macri, forzó su detención con esta criminalización del acampe. Se la mandó a prisión el 16 de enero pasado, mientras de apuro se juntaban elementos para encartarla en otra media docena de expedientes por delitos más graves, como corrupción, fraude al Estado, etc. Ese poder político revanchista y esa justicia dependiente, ambos elitistas, consiguió el récord de volver a una Navidad con presos políticos.

Disparen contra Cristina

La señora de la venda caída, para ver perfectamente a quién condena y a quién no, dio otra cátedra de dependencia política y lesiones al cuerpo jurídico con el fallo de Julián Ercolini contra la ex presidenta, procesándola por supuesto fraude al Estado con la obra pública en Santa Cruz.

El escrito de 800 páginas –la cantidad no tiene correspondencia con la calidad- afirma que CFK orientó la obra pública para favorecer a Lázaro Báez. Detrás de esas voluminosas adjudicaciones, sostiene la acusación, la ex mandataria habría cobrado coimas para sí y por medio de Julio de Vido, el secretario José F. López, etc.

Sobre la cantidad de obras, la acusada se defendió argumentando la mayor necesidad de caminos en una provincia tan extensa (10 por ciento del territorio nacional) y con tan poca población. Esto no fue tenido en cuenta por Ercolini.

Respecto a las supuestas ventajas de Báez, el ministerio de De Vido había publicado la lista de las mayores 40 contratistas del Estado. La primera era Techint, la segunda Electroingeniería y la tercera IECSA, de la familia Macri. Austral Construcciones ocupaba un lejano puesto 38. Eso tampoco importó.

Los pagos de Báez a firmas de los Kirchner supusieron apenas el 0,03 por ciento de lo ganado por aquél en los contratos. No parece un pago adecuado a tanta presunta corrupción. O Báez era muy listo, o los Kirchner muy tontos o tales coimas no habían existido…

Por otra parte, cuando Macri comenzó su embestida judicial contra el kirchnerismo con el ariete de la obra pública en Santa Cruz, encargó una auditoría a Vialidad Nacional. El dictamen dijo que no había nada reprochable ni ilegal. No obstante, el nuevo titular de Vialidad, macrista, desoyendo ese informe de su dependencia, hizo acusaciones temerarias que Ercolini tomó como propias.

Tales reproches penales tienen otro punto flojo notable. Si las licitaciones en la Patagonia eran tan direccionadas a favor de Báez, ¿por qué los rivales perdidosos no denunciaron ante la justicia con pruebas, para anularlas y competir en pie de igualdad?

Otro aspecto netamente político de Ercolini fue el embargo que trabó contra la ex presidente: 10.000 millones de pesos. Se sabe que CFK es rica y que al morir su esposo el patrimonio de ambos alcanzaba 80 millones de pesos, de los que la mitad quedó para ella y la otra mitad pasó a sus dos hijos. Embargar por 10.000 millones persigue el objetivo de presentar a la dos veces presidenta como la responsable de la dura situación económica del país, cuando las causas son bien distintas y tienen que ver con el plan de ajuste piloteado por Macri y hasta ahora Alfonso Prat-Gay, eyectado y reemplazado por Nicolás Dujovne y Luis Caputo.

Una buena defensa que hizo Cristina cuando empezaron las acusaciones por la obra pública, fue solicitar un estudio sobre toda la obra pública. Su pedido tiene pocas chances porque una investigación medianamente correcta pondría en evidencia los chanchullos de López y Báez pero también los de Socma, Iecsa, Techint y demás socios de la Cámara de la Construcción. Ercolini sólo mira y apunta a Cristina y Báez, y se pone venda para no ver al gran capital.

Ni pies ni cabeza

Ese juez fue noticia cuando cerró la causa Papel Prensa sobreseyendo definitivamente a Héctor Magnetto, Ernestina de Noble y Bartolomé Mitre, acusados desde 2011 en su juzgado de haberse apoderado de Papel Prensa usufructuando las amenazas (1976) y secuestro y torturas (1977) sufridas por la familia propietaria Graiver-Papaleo.

En estos cinco años Ercolini ni siquiera aceptó las solicitudes de la Secretaría de Derechos Humanos, de la familia afectada y del fiscal Gómez Barbella para citar a indagatoria a los tres dueños de medios concentrados. Y finalmente los sobreseyó. Un fiscal apeló tan vergonzoso fallo y otro tanto la familia Papaleo, pero la secretaría de DD HH del macrista Claudio Avruj lo consintió.

La esposa de Ercolini, María Julia Kenny, es una consultora de comunicación que ha trabajado para Germán Garavano cuando era funcionario macrista en la CABA y para la Unidad Especial de Fiscalía de la AMIA, con Alberto Nisman.

Y como todo suele tener que ver con todo, el vínculo de Ercolini y su esposa con Nisman, conecta con el otro fallo alevoso de la justicia en vísperas del Año Nuevo. La Sala I de la Cámara de Casación Penal resolvió reabrir la denuncia de Nisman contra la ex presidenta, Héctor Timerman, Andrés Larroque, Luis D´Elía, Fernando Esteche, Jorge Khalil y otras personas, por supuesto encubrimiento de Irán en el atentado a la AMIA.

En enero de 2015, poco antes de morir en un aparente caso de suicidio, el fiscal sionista había hecho tan gravísima acusación. El 19 de enero debía dar explicaciones en la Cámara de Diputados y estaba “flojito de papeles” toda vez que el jefe de hecho de la SIDE, “Jaime” Stiusso, no le aportaba pruebas ni le respondía el teléfono. Y el día anterior apareció muerto en el baño de su casa, con un tiro disparado por una pistola pedida a Diego Lagomarsino, sin que las pericias detectaran la presencia de otras personas.

La denuncia fue considerada disparatada por el juez Daniel Rafecas y por la instancia superior de la Cámara Federal de Eduardo Freiler y Jorge Ballestero. La apelación del fiscal Germán Moldes también fue rechazada por su colega de Casación, Javier de Luca.

Una nueva movida de dirigentes de la AMIA, DAIA y diputados del PRO para reabrir la causa volvió a chocar de frente con los análisis jurídicos de Rafecas, la Cámara y la fiscalía. Pero en las nuevas condiciones políticas del gobierno de Macri, Casación Penal ordenó la reapertura. Ahora se sorteará el expediente y todo puede recomenzar, para poder acusar a Cristina Fernández y tratar de ponerla presa, acusada injustamente de traición a la Patria.

El Memorándum fue ley del Congreso y no se puso en marcha porque Irán no lo ratificó. Si tenía algún fin ilegal, como acusó Nisman, no tuvo existencia real. Las tarjetas rojas de Interpol para los 5 iraníes nunca fueron levantadas, al contrario de lo que decía el suicida. Y el comercio bilateral no tuvo incremento, contrariando a quien sostuvo que el encubrimiento reportaría más petróleo iraní por granos argentinos.

Las graves acusaciones del fiscal eran venta de humo tóxico. Lo suyo no era argentinidad al palo. Todo lo consultaba con las embajadas de EE UU e Israel. Dependía de Stiusso y la SIDE. Era un sionista adelantado a Donald Trump. Gastaba en mujeres las partidas de la Fiscalía y tenía cuentas ocultas en el Merril Lynch y cuatro cajas de seguridad. Y lo peor, nunca trabajó en serio en la causa AMIA.

http://www.laarena.com.ar/opinion-una-justicia-de-venda-baja-para-ver-bien-la-cara-del-cliente-1106198-111.html