Dos de las más recientes encuestas del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) revelan —entre los datos más destacados sobre la realidad política— que hay un bajo aprecio ciudadano por la mayoría de las instituciones del sistema político. Según la encuesta en la que los salvadoreños evalúan la situación del país a finales de 2016, las instituciones a las que la población les adjudica los más bajos niveles de confianza son el Gobierno central (9.7%), la Corte Suprema de Justicia (8.5%), el Tribunal Supremo Electoral (7.5%), la Asamblea Legislativa (5 %) y los partidos políticos (3.5%). Para el Iudop, estos resultados se explican, en buena medida, por la percepción ciudadana de que estas representaciones estatales no han sabido responder a los intereses y demandas fundamentales de la población.

Por otra parte, en la encuesta sobre el estado del país y la democracia a 25 años de los Acuerdos de Paz, al preguntar qué tanto ha mejorado la democracia en el país desde el fin de la guerra, el 65.9% de los consultados indicó que ha mejorado poco o nada, mientras que el 34.1% cree que ha mejorado algo o mucho. A la vez, el 67.4% de los salvadoreños está poco o nada satisfecho con la forma en que ha funcionado la democracia.

Esta encuesta también registra una elevada insatisfacción ciudadana con el estado actual del sistema político salvadoreño y el funcionamiento del sistema de partidos. El 81.8% aseguró estar poco o nada satisfecho con el primero y el 82.4% dijo estar poco o nada satisfecho con la manera en que ha funcionado el segundo. El 75.5% de los consultados asegura que el sistema de partidos ha mejorado poco o nada durante el período de posguerra. Asimismo, al preguntar a la gente que tanto ha mejorado el respeto a la ley por parte de los funcionarios del Estado, el 72.8% asegura que ha mejorado poco o nada luego de la firma de la paz. De nuevo, según el Iudop, estos datos confirman el descontento ciudadano con la manera en que ha funcionado la institucionalidad desde 1992. Más preocupante todavía: según el Instituto, la elevada insatisfacción ciudadana con las instituciones más importantes del país podría conducir, en el mediano plazo, a un progresivo agotamiento del sistema político salvadoreño.

Recordemos, de paso, que algunos criterios fundamentales para medir la democracia son la confianza que la ciudadanía otorga a las instituciones; la valoración positiva de la crítica pública; el respeto a las leyes; la tolerancia; la aceptación de los pesos y contrapesos en el ejercicio del poder; el convencimiento de los ciudadanos de ser sujetos de derechos inalienables; el cultivo de la transparencia y la voluntad para aceptar los controles y la rendición de cuentas. Pero cuando estos aspectos se debilitan, o sus contenidos se quedan en la intencionalidad, de muy poco sirve contar con planes, estrategias, políticas y leyes bien fundamentadas si en la práctica lo que el poder premia o favorece son valores negativos como el engaño, el irrespeto hacia los más débiles, la corrupción, el tráfico de influencias, la imposición, la intolerancia, la confrontación, la exclusión, el clientelismo político, el irrespeto a la ley, entre otros.

Frente a esta realidad, organismos como las Naciones Unidas, que impulsan programas de desarrollo y fortalecimiento de la democracia, han planteado que en una sociedad como la salvadoreña, donde persisten ese tipo de antivalores, la primera tarea es persuadir a los actores y organizaciones (incluidos quienes no están en condiciones de vulnerabilidad) de que, dentro de ese contexto de crisis institucional, el desarrollo es imposible. Insisten en que esta tarea de convencimiento es fundamental, porque los cambios no se producen por sí solos. Y dentro de la dinámica de funcionamiento de las sociedades, las instituciones son las reglas del juego y las organizaciones, los jugadores. Pero eso es solo el principio. También son enfáticos al afirmar que para revertir el agotamiento progresivo del sistema político salvadoreño se requiere, sobre todo, que la política coloque en el centro de todos sus esfuerzos el desarrollo de las capacidades de las personas y la construcción de un entorno potenciador para ellas.

En esta línea, hace unos años, el PNUD hablaba de cuatro ámbitos fundamentales en donde deben diseñarse y ponerse en marcha políticas públicas: familia, educación, trabajo y ejercicio de la ciudadanía. Hay que garantizar un hogar digno, porque es allí donde se toman las decisiones fundamentales para el futuro, particularmente en lo relacionado a la educación y la salud. Se precisa, además, de nuevas políticas educativas que posibiliten un sistema de educación eficiente, equitativo y de calidad; un sistema que fortalezca la formación de la ciudadanía, la cohesión social, la calidad docente y la movilidad social. En el ámbito laboral, se plantea la necesidad de ofrecer un número significativo de trabajos decentes, esto es, con remuneración justa, protección social, condiciones de seguridad, posibilidades de desarrollo personal, reconocimiento social e igualdad en el trato para mujeres y hombres.

Y con respecto al ejercicio ciudadano, el fortalecimiento del sistema democrático supone avanzar en la ciudadanía política (donde el ciudadano no solo vota, sino que elige y exige), en la ciudadanía civil (que asegure progresos en el respeto a los derechos humanos y la no discriminación) y en la ciudadanía social (que enfrente la pobreza y la exclusión). Todo ello sin olvidar que la gerencia y control de lo público debe acompañarse con claras medidas de meritocracia, transparencia y contra la corrupción.

26/01/2016

Carlos Ayala Ramírez

Profesor del Instituto Hispano de la Escuela Jesuita de Teología, Santa Clara, EE.UU.