Producto de la crisis de gobernabilidad de 2015, devenida del descubrimiento de estructuras criminales en las cuales estaban involucrados los más altos cargos de los organismos Ejecutivo y Legislativo, el Gobierno en su conjunto experimentó una crisis de legitimidad que pudo haber puesto en riesgo al Estado en su conjunto.

Al hablar de Gobierno me refiero al conjunto de órganos, instituciones y personas con poder político para conducir el Estado, el cual constituye un elemento de primer orden para mantener este y, por consiguiente, el statu quo.

Es decir, ese momento crítico pudo haber sido el factor para un punto de inflexión con rumbo indefinido en el Estado. Se afirma esto porque el 2015 constituyó un año en el cual la legitimidad del Gobierno experimentó importantes dificultades, devenidas de un conjunto de factores no menores, entre los cuales sobresalen:

1. Un Organismo Ejecutivo dirigido y operado por una estructura criminal.

2. Un Organismo Legislativo profundamente cuestionable y cuestionado, bajo el dominio de partidos políticos dirigidos a la realización de negocios, componendas y negociaciones turbias.

3. Un Organismo Judicial fuertemente cuestionado por su falta de eficacia y con signos de complicidad con la estructura criminal descubierta.

4. Una percepción y una opinión ciudadanas en las cuales domina la idea de que sucesivos presidentes, diputados y jueces estaban vinculados con estructuras de corrupción, crimen y despojo (legal e ilegal) de bienes públicos y comunes.

5. Una ciudadanía que exigió la renuncia y el enjuiciamiento del presidente, la vicepresidenta y altos funcionarios públicos y que accionó a través de crecientes movilizaciones que constituyeron uno de los principales factores que provocaron la renuncia, el apresamiento y el posterior enjuiciamiento de funcionarios involucrados en hechos de corrupción y crimen.

En este contexto, la salida a este momento crítico de ilegitimidad consistió en la designación de un presidente provisorio y en la realización de elecciones que (no obstante los cuestionamientos sobre su legalidad y legitimidad) finalmente garantizaron la sucesión gubernamental y la retoma de la capacidad de conducción del aparato ejecutivo, la normalización de la acción parlamentaria y una nueva oportunidad para la dirección de la institucionalidad en materia de justicia.

Así, con la llegada al Organismo Ejecutivo de un nuevo presidente, la elección de nuevos diputados y cierta renovación en el Organismo Judicial se abría la posibilidad de una etapa que restituyera la legitimidad perdida. Sin embargo, ha sucedido todo lo contrario debido a tres factores principales.

En el Organismo Ejecutivo predomina un proyecto empresarial orientado a facilitar la apropiación y el saqueo de los bienes comunes y públicos, a desregularizar la economía y las relaciones laborales para beneficio del capital, a la reproducción del racismo y a la exclusión de mayoritarios sectores y sujetos sociales del beneficio de la política pública. A esto se agrega el desconocimiento, la incapacidad y la torpeza en la gestión de la cosa pública, notoria en el actual presidente del Organismo Ejecutivo. Esto se agrava con la cercanía de casos de corrupción en los que se encuentran vinculados familiares consanguíneos del presidente y con las denuncias y los antejuicios por casos de asesinato, de participación en crímenes de lesa humanidad, de creación de estructuras clandestinas de inteligencia, etcétera, contra diputados y funcionarios de su partido. Es decir, estamos ante un Organismo Ejecutivo que representa la vieja política, cuyas concepciones y prácticas son cuestionadas por amplios y representativos sectores de la ciudadanía.

En el Organismo Legislativo es claro el carácter empresarial de la agenda dominante, expresada, por ejemplo, en la aprobación del Convenio 165 de la OIT, que desregulariza y abre la posibilidad para profundizar la precariedad, la explotación laboral y la oposición a leyes de beneficio social como la ley de aguas y la ley del sistema de desarrollo rural integral, entre otras. En el 2017, además, se ha sumado la orientación de la alianza oficialista para frenar los enclenques procesos de reforma política y la acción en materia de investigación y denuncia criminal. A esto se suman acusaciones, desconocimiento e incapacidad de buena parte de los diputados y de las bancadas.

Por último, el Organismo Judicial pareciera continuar secuestrado por estructuras criminales y de corrupción. Continúan los casos de altos funcionarios denunciados y con procesos de antejuicio, así como de estructuras que siguen operando para controlar las comisiones de postulación y las representaciones en las cortes. La presidenta de dicho organismo, incluso, hoy es cuestionada en cuanto a su idoneidad.

En este sentido, estamos ante un proceso continuado de desgaste del Gobierno, que no se orienta a la solución de los problemas nacionales, a la atención de la demanda social. Un desgaste que es provocado por el secuestro histórico de una oligarquía que lo controla en buena medida y por estructuras de crimen y corrupción que lo siguen corroyendo. Estamos así ante un Gobierno que puede ser el factor para un nuevo momento de crisis de gobernabilidad.

En el marco de esta posibilidad es necesario preparar propuestas, articulaciones políticas coherentes y acciones que permitan avanzar en la transformación del Estado en su conjunto y de raíz.

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