Una década de reformas: políticas macroeconómicas y cambios institucionales en Ecuador y sus resultados
- Análisis
En este informe se analizan algunos de los cambios institucionales, políticos y normativos llevados a cabo por el Gobierno de Ecuador, así como indicadores económicos y sociales globales, durante el decenio transcurrido desde la toma de posesión del Gobierno de Correa.
Entre los hallazgos del informe, cabe destacar lo siguiente:
Indicadores
El crecimiento anual del PIB per cápita durante la última década (2006–2016) fue del 1,5%, en comparación con el 0,6% en los 26 años previos. Se trata de una mejora significativa a pesar de que la economía se vio afectada por importantes perturbaciones económicas externas.
La tasa de pobreza disminuyó un 38% y la pobreza extrema un 47%. Buena parte de la reducción de la pobreza se debió al crecimiento y al empleo, pero una parte también fue resultado de programas gubernamentales que ayudaron a los pobres, como el programa de transferencia de renta Bono de Desarrollo Humano, que creció más del doble en términos de porcentaje del PIB.
La reducción de la pobreza fue mucho mayor que la de la década anterior.
La desigualdad también disminuyó sustancialmente, medida mediante el coeficiente de Gini (del 0,55 al 0,47) o mediante la ratio entre el 10% más rico y el 10% más pobre en la distribución de la renta (de 36 a 25, hasta 2012).
El gobierno duplicó el gasto social, en porcentaje del PIB, del 4,3% en 2006 al 8,6% en 2016. Esto incluyó aumentos considerables del gasto en educación, salud, desarrollo urbano y vivienda.
Hubo aumentos significativos en las matrículas en los diversos niveles educativos. El gasto en educación superior aumentó del 0,7% al 2,1% del PIB. Este es el nivel más alto de gasto público en educación superior en América Latina, y más alto que el promedio de los países de la OCDE.
El gasto público en servicios de salud se duplicó en porcentaje del PIB entre 2006 y 2016.
La inversión pública aumentó del 4% del PIB en 2006 al 14,8% en 2013, antes de caer hasta aproximadamente el 10% del PIB en 2016.
Cambios de política y reformas
La Constitución de 2008 revirtió el mandato de la Constitución de 1998 que había hecho al Banco Central formalmente independiente del Gobierno, con la responsabilidad principal de asegurar la estabilidad de los precios. El Banco Central se convirtió en parte del equipo económico del poder ejecutivo.
En diciembre de 2008, el Gobierno incumplió el pago de 3.200 millones de dólares, aproximadamente un tercio de su deuda externa, después de que una comisión internacional determinara que esa deuda era ilegal o se había acordado ilegalmente.
Se estableció un requisito de liquidez doméstica para los bancos. Esto exige que todos los bancos tengan el 45% de sus activos líquidos en el país. Esto se aumentó a 60% en agosto de 2012, y la cantidad real de estas reservas mantenidas en el país aumentó a más del 80% en 2015.
Un impuesto sobre los capitales que salen del país aumentó alrededor de mil millones de dólares anuales los ingresos del Gobierno entre 2012 y 2015.
Los ingresos públicos aumentaron de un 27% del PIB en 2007 a un máximo del 44% en 2012, antes de caer al 30% en 2016.
Un estímulo fiscal del 5% del PIB en 2009 ayudó a minimizar los daños causados por la recesión mundial y un colapso de los precios del petróleo y las remesas.
La parte “solidaria” del sector financiero — cooperativas, cooperativas de ahorro y crédito, asociaciones de ahorro y préstamo y otras organizaciones — se expandió del 8,3% del crédito total en 2008 al 13,6% en 2016.
Entre 2011 y 2016, se realizó una expansión cuantitativa (EC) de 6.800 millones de dólares para aliviar la crisis crediticia, el gasto público y los préstamos de bancos estatales.
El crédito del banco central al Gobierno (parte de la EC) aumentó hasta el 2,4% del PIB en 2016, como parte de un esfuerzo para combatir la recesión.
El déficit presupuestario primario aumentó de 3.400 millones de dólares a 4.300 millones entre 2013 y 2014. Después disminuyó a 3.700 millones en 2015, antes de llegar a 6.100 millones (alrededor del 6% del PIB) en 2016.
En marzo de 2015, el Gobierno adoptó una salvaguardia temporal por balanza de pagos, siguiendo las normas de la OMC, como respuesta al colapso de los precios del petróleo y a la apreciación del dólar estadounidense. Esta medida permitió a Ecuador imponer aranceles a una serie de importaciones.
La reducción de las importaciones como resultado de los aranceles adoptados con la salvaguardia por la balanza de pagos proporcionó un estímulo de alrededor del 7.6% del PIB, contrarrestando así los recortes del gasto.
Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR)
http://cepr.net/images/stories/reports/ecuador-2017-02-spanish.pdf
Vea el informe completo en PDF
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