En Guatemala están discutiéndose reformas constitucionales acotadas al sistema de justicia. En este marco, más que dudas sobre tales reformas, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) está haciendo avanzar una estrategia para vetar la posibilidad que se democratice y resuelvan parte de los problemas nodales en el sistema de justicia. En el fondo sus temores fundamentales parecieran ser dos: 1) continuar perdiendo privilegios y condiciones de impunidad en sus dinámicas empresariales históricamente ventajosas, y 2) que las resistencias sociales utilicen los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas –en caso de ser reconocidos constitucionalmente– contra los proyectos extractivos, al punto de impedirlos.

Las reformas constitucionales que hoy se encuentran en debate en el Congreso de la República, fueron planteadas y promovidas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) –instancia de Naciones Unidas que realiza investigación criminal– y el Ministerio Público principalmente. En un contexto ideológico y político propicio, lograron que las presidencias de los organismos ejecutivo, legislativo y judicial formalizaran su apoyo a regañadientes y que un conjunto de fundaciones, oenegés y organizaciones sociales se vieran reflejadas en parte de sus pretensiones de reforma y sumaran su apoyo. Estas reformas, influidas por los planes de Estados Unidos, implementados por su embajada en el país, también recibieron de ésta el soporte discursivo, político y financiero, que no es cosa menor siendo el imperio que condiciona o determina relaciones de poder principales en el proceso local.

En tanto, la representación empresarial y redes vinculadas a prácticas corruptas y criminales en los tres organismos del Estado, fueron coincidiendo en una estrategia de poder que los hizo coincidir en la elección actual de la junta directiva del Congreso. Una vez instalados en el control de ese organismo, desplegaron una estrategia de oposición a las reformas constitucionales, con el objetivo de modificarlas, desvirtuarlas y finalmente vetarlas como pareciera ser el objetivo estratégico.

Más allá del ejercicio de poder que despliegan las redes de corrupción, mafiosas y conservadoras en el Congreso, lo que resalta es la estrategia del principal partido político de la oligarquía, el Cacif, a través del cual esta se abroga el derecho para decidir por todos los guatemaltecos. Es sabido con bastedad cómo históricamente han impuesto su visión del mundo y de la vida, su proyecto e intereses de clase social. De hecho, las reformas políticas ocurridas en el país, han sido posibles sólo cuando esta oligarquía y su representación política han estado en su definición y delimitación. Esto se constata en el proceso de redacción y aprobación de la Constitución Política vigente, en sucesivas “reformas fiscales” y en las principales leyes ordinarias que nos rigen. Cuando se han pretendido reformas que trastocan el régimen económico y político, se han opuesto férreamente para garantizar su continuidad como el núcleo principal de dominio y como los mayores beneficiados del modelo de acumulación de capital imperante.

En este marco, uno de los objetivos de ataque que impulsan contra la pretensión de reformas constitucionales actualmente en debate, es la justa pretensión de reconocimiento al pluralismo jurídico y a la jurisdicción de los sistemas de justicia de los pueblos indígenas. Al respecto, en discursos oficiales como Cacif y a través de su red de fundaciones, partidos políticos, grupos, redes, intelectuales orgánicos y de los medios de difusión masiva, afirman que este reconocimiento representaría “retroceso”, “incertidumbre”, “un intento de dividirnos”, “desgobierno”, “conflicto”.

Continúan –como lo han hecho siempre en la constitución política y a través del imaginario dominante– imponiendo el ostracismo a tales sistemas jurídicos. Para el efecto los califican como “costumbres”, a los cuales “no puede otorgárseles estatus similar al del derecho estatal”. Han llegado al extremo de la manipulación, al afirmar que el crimen organizado y el narcotráfico estarían preparándose para nombrar autoridades indígenas con funciones en dichos sistemas.

La estrategia del Cacif, de sus aparatos e ideólogos fuera y dentro del Estado exacerban un falso temor que se afinca en el histórico racismo. Así, a través de subterfugios discursivos como el de la unidad nacional –unidad por demás excluyente de lo indígena–, afirman que el reconocimiento de los sistemas jurídicos indígenas es y será causa de división. Asimismo, de subterfugios técnicos y procedimentales para que dichas reformas “se construyan por consenso” y sean objeto de un “cuidadoso análisis técnico que promueva el debate”, cuando ellos fueron parte de las discusiones que llevaron a formular la propuesta que ingresó al Congreso y que ahora pretenden vetar.

El temor del Cacif y el conjunto de aparatos e intelectuales conectados directa o hegemónicamente con este, es la pérdida de control y dominio sobre un sistema jurídico dominante, el llamado “estado de derecho”, definido y constituido por su poder oligárquico, implementado por las estructuras de un Estado configurado para garantizar sus intereses. A partir de ahí, el fondo principal está en la aplicación de los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas y que estos constituyan un factor más para frenar proyectos y actividades extractivas de su interés y del capital transnacional.