¿Llegó a tiempo el decreto de urgencia para empresas acusadas de corrupción?

El caso “LavaJato”, y su estela de corrupción ha generado un cambio drástico de reacciones en el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Desde el “no todo lo  que hizo Odebrecht fue corrupto”, pasando por el “volteemos la página”, hasta el mensaje del último domingo donde anunció medidas “estrictas” para evitar que las empresas implicadas en el proceso puedan escapar de la justicia y garantizar que el Estado peruano no sufra pérdidas económicas ante la salida o venta de sus activos. 

Para ello el Ejecutivo promulgó el decreto de urgencia 003-2017 que “asegura la continuidad de Proyectos de Inversión para la prestación de Servicios Públicos y cautela el pago de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción”, mediante el cual estipulan una serie de acciones que las empresas deben tomar en cuenta si deciden deshacerse de sus activos, o expatriar su dinero. 

El decreto alcanza a las empresas o funcionarios de las mismas que hayan sido condenados en Perú o el exterior por delitos contra la administración pública o lavado de activos y de igual forma a quienes hayan admitido la comisión de estos delitos. 

Pero, ¿es viable el impacto de este decreto? ¿Se ha tomado a tiempo la decisión de incluir el control del Estado sobre la venta que realicen las empresas implicadas en delitos de corrupción?

Para el ex procurador anticorrupción Julio Arbizu, la decisión de embargar los bienes de las empresas acusadas de corrupción, es una acción que debió tomarse desde el primer momento, no plantearlo recién ahora. 

“Esta decisión de embargar los activos de la empresa para asegurar el pago de la reparación civil debe ser tomada por el Poder Judicial, a pedido de la procuraduría o el Ministerio Público, pero ambas entidades tienen debilidades”, apuntó. 

La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello ha declarado ante los medios de comunicación, que esta medida es para una acción de corto plazo, con el fin de garantizar que las empresas –como Odebrecht- no puedan sacar su dinero del país y cumplan con resarcir al Estado peruano. La titular del MINJUS afirmó que en un año estas acciones deberían ser ejecutadas. 

Y qué pasa con los bienes que ya fueron vendidos. A raíz de “LavaJato” se conoció que OAS vendió sus activos en proyectos como “Línea Amarilla” y en el caso de Odebrecht, vendió su participación en “Rutas de Lima”. 

En este caso, Arbizu asegura que “si ellos (los empresarios) sabían que estaban perseguidos penalmente y decidieron vender, la transacción debería declararse nula y ordenar embargos preventivos”. 

“Aquí lo que va a pasar si no se embargan los activos, es que los socios y testaferros de las empresas van a conservarlos para ellos. Este decreto es un “engaña muchachos”, asegura. 

Finalmente, además de considerar que la norma tiene nombre propio “está dirigido directamente para Odebrecht”, asegura que el gobierno de PPK planea que la ciudadanía considere que el efecto es “cautelar el dinero que los corruptos le deben al Estado. Y no es así”.  “El riesgo es que si el corrupto vende sus acciones y se va, quedará impune. Eso se está promoviendo.”, finaliza Arbizu y pone en la agenda un tema para seguir analizando. 

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