Es tal el caos en el cumplimiento de las obligaciones por parte del gobierno en los acuerdos de paz que se hace necesario reprogramar la agenda para la dejación de las armas por los guerrilleros de las Farc.

Unos meses más en ese sentido no tienen por qué afectar los objetivos y resultados generales de los consensos para terminar la guerra.

Que el gobierno acelere sus tareas y que le ponga freno al sabotaje del Fiscal y el Vicepresidente, quienes pretenden desconocer la refrendación hecha por el poder legislativo del Acuerdo de paz del teatro Colon.

El Fiscal, el Procurador y los de Cambio radical quieren adulterar los textos de los consensos.

Las Farc han elevado una muy fundamentada petición para que el cronograma consensuado entre las partes sobre la dejación de las armas sea reorganizado en función de las nuevas circunstancias que han sobrevenido con la implementación de los acuerdos firmados en el Teatro Colon el pasado 24 de noviembre.

En la solicitud dada a conocer subyace una premisa consignada en el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera que conviene citar:

“3. Fin del conflicto Proceso integral y simultáneo que implica:

1. Cese al fuego y de hostilidades bilaterales y definitivas.

2. Dejación de las armas. Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil - en lo económico, lo social y lo político -, de acuerdo con sus intereses.

3. El Gobierno Nacional coordinará la revisión de la situación de las personas privadas de la libertad, procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC-EP.

4. En forma paralela el Gobierno Nacional intensificará el combate para acabar con las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, en particular contra cualquier organización responsable de homicidios y masacre; o que atente contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos.

5. El Gobierno Nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz.

6. Garantías de seguridad.

7. En el marco de lo establecido en el Punto 5 (Víctimas) de este acuerdo se esclarecerá, entre otros, el fenómeno del paramilitarismo. La firma del Acuerdo Final inicia este proceso, el cual debe desarrollarse en un tiempo prudencial acordado por las partes” ( http://bit.ly/2luLp1v ).

El cronograma para la dejación de las armas por parte de las Farc se planifico con las siguientes fechas: 1 de marzo, el 30%; 1 de mayo, el 30%; y 40%, el 1 de junio.

Sin embargo está fallando el proceso integral y simultáneo del fin del conflicto por varias razones:

Las 26 zonas veredales y puntos transitorios en los que deben localizarse los guerrilleros de las Farc no están listas porque no se han hecho por parte del gobierno las adecuaciones mínimas necesarias en lo relacionado con vivienda, agua, salud, vías, redes y protección. La Ley de orden público, hecha por burócratas, gamonales y caciques politiqueros, en contubernio con generales fascistas, fijaron unos criterios tan absurdos para la organización de tales espacios, con el fin de mantener aisladas a las Farc de la población civil, que hoy son el principal obstáculo en la transformación de tales territorios como lugares de localización transitoria de la guerrillerada agraria. Están pagando su propia mala fe, pues mientras las Farc cumplen con disciplina y honradez, el gobierno descubre su naturaleza tramposa.

La amnistía y el indulto, no obstante una ley y varios decretos a la mano, es una gran mentira, pues los integrantes de la vieja y corrupta justicia ordinaria (jueces de ejecución de penas), conjuntamente con la tenebrosa guardia del Inpec, se las han arreglado para impedir la libertad de miles de presos políticos y sociales encadenados en cárceles y penitenciarias.

Las adecuaciones institucionales y la implementación de los acuerdos mediante la aprobación de actos legislativos, leyes y decretos especiales, no avanza porque hay una tenebrosa mafia concertada en el sabotaje y destrucción de tales instrumentos. Desde la Fiscalía y la Vice presidencia de la Republica han echado a rodar un plan para impedir que se aprueben a tiempo la justicia especial de paz, la constitucionalidad de los acuerdos, las garantías al nuevo partido político de la paz, la reforma agraria integral y la presencia de los integrantes de las voces de paz en las cámaras legislativas.

El paramilitarismo, ignorado e invisibilizado por el Ministerio de la Defensa, está ingresando a los territorios de la resistencia agraria, acribillando líderes sociales y reorganizando, con sectores de los organismos de seguridad del gobierno, las economías del narcotráfico y las rutas de exportación de la droga hacia Europa, Brasil y USA.

Los departamentos y municipios del país están ignorando los acuerdos de paz en los respectivos planes de desarrollo.

La corrupción también ha desplazado sus garras hacia los precarios fondos de la paz y con el cuento de las vías terciarias se ha orquestado por Ministros y consejeros presidenciales una nueva modalidad de contratismo directo para despojar los billones de pesos acumulados del sistema general de regalías para Ciencia, Tecnología e Innovación.

Los pactos para sustituir los cultivos de uso ilícito, son desconocidos y el gobierno sigue adelante con su estrategia antidroga, involucrando masivamente al Ejército (Resolución 3080 del 2016) y la policía en programas de erradicación que atropellan y judicializan a miles de familias campesinas que subsisten con el cultivo de la hoja de coca, mientras los poderosos capos siguen muy campantes con su negocio.

La ultraderecha uribista y pastranista avanza con sus campañas de mentiras y manipulación, hablando de un fantasmatico golpe de Estado, desconociendo de esa manera la fuerza constitucional y legal de los acuerdos de paz, lo que de por si es una acción abiertamente desestabilizadora que debería tener la correspondiente respuesta del gobierno y sus representantes.

Todos estos hechos son los que hacen necesaria y conveniente la reprogramación de las fechas para la dejación de las armas. Unas semanas más, o unos meses más, no tienen por qué afectar el acuerdo para la terminación de la guerra, que tan buenos resultados presenta hasta el momento en cuanto a la erradicación de la violencia directa.