La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) planteada por el presidente Donald Trump avizora fuertes tensiones con el gobierno de Enrique Peña Nieto, cada vez más incompetente para establecer nuevas relaciones de comercio, finanzas públicas y seguridad nacional a favor de los mexicanos.

Los colaboradores de Donald Trump explican que la negociación del TLCAN resultó un fracaso rotundo para Estados Unidos y necesita replantearse para conseguir un acuerdo equitativo, puesto que incrementó el déficit comercial con México hasta 61,000 millones de dólares y destruyó 700,000 empleos¹.

La estrategia de Donald Trump apunta a negociar directamente con las empresas estadounidenses del sector automotriz a fin de incrementar las inversiones realizadas en territorio norteamericano a través de la amenaza de imponer un arancel de 35% y la concesión de disminuir la tasa del impuesto federal a 15% para las corporaciones norteamericanas.

Por otro lado, las amenazas persistentes a las grandes empresas automotrices (General Motors, Ford, Toyota) de imponer un arancel de 35% por parte de Donald Trump terminaron por debilitar el poder de negociación del gobierno mexicano que se encuentra incapacitado para defender la estabilidad del tipo de cambio peso/dólar.

En respuesta, el gobierno mexicano podría establecer contramedidas en el plano comercial por medio de la imposición de aranceles sobre varios productos en contra de Estados Unidos en razón de la violación de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio para poner fin a las medidas ofensivas por parte de Washington.

Pero la posibilidad de que Donald Trump considere la salida de Estados Unidos del TLCAN, doblegaría completamente a la delegación mexicana frente a las exigencias de Washington. La extrema dependencia del comercio exterior mexicano en relación a Estados Unidos pone de relieve la sumisión del gobierno mexicano en los aspectos cruciales de la renegociación del TLCAN.

En primer lugar, el cambio de las reglas de origen pretende impulsar las exportaciones manufactureras de Washington en la región de América del Norte, debido a que incrementará las importaciones mexicanas provenientes de Estados Unidos principalmente en el sector automotriz².

Sin embargo, la modificación de las reglas de origen restringiría la compra de autopartes provenientes de los países asiáticos de parte de los países miembros del TLCAN, lo cual terminaría por incrementar los costos de producción y afectaría la rentabilidad de las empresas trasnacionales del sector automotriz de origen estadounidense.

De esta manera, el compromiso del presidente Donald Trump de apoyar la recuperación de empleos en el sector manufacturero en la economía estadounidense, se vería incumplido frente al rechazo de las empresas trasnacionales del sector automotriz de adoptar un cambio sustancial en las reglas de origen del TLCAN.

Por añadidura, la liberalización de la producción de petróleo propuesta por Donald Trump aunada al desmantelamiento de Petróleos Mexicanos como resultado de la reforma energética, podría desembocar en un incremento sustancial de la importación de petróleo en México proveniente de Estados Unidos³.

En consecuencia, la liberalización del precio de la gasolina en México reflejada en el reciente ‘gasolinazo’ promete cuantiosas ganancias para las empresas petroleras de Estados Unidos, que seguirán presionando al gobierno mexicano para que reprima las movilizaciones sociales en contra los incrementos del precio de los combustibles.

No obstante, la política monetaria de la Reserva Federal, comandada por Janet Yellen, se opone a la estrategia de Donald Trump, ya que prevé un aumento de la tasa de interés de los fondos federales en 2017. Esta política monetaria restrictiva continuará apreciando el dólar con respecto a las monedas nacionales, lo cual terminará por impedir el impulso de las exportaciones de Washington.

Por otra parte, el equipo económico de Donald Trump se opone al régimen fiscal aplicado por el gobierno mexicano que incluye un impuesto al valor agregado de 16% sobre las exportaciones norteamericanas. La delegación estadounidense demandará la reducción del IVA sobre las exportaciones norteamericanas bajo el argumento de que resulta superior que el IVA aplicado sobre las exportaciones mexicanas en Estados Unidos⁴.

Sin embargo, cabe destacar que la eventual disminución del IVA sobre las exportaciones norteamericanas desestabilizaría aún más los ingresos públicos de México, que ya han sido seriamente afectados por la caída del precio del petróleo y dependieron significativamente de la recaudación de impuestos para el financiamiento del 50.9% del gasto público en 2016⁵.

Además, el arma letal de Washington para obtener la rendición de las autoridades mexicanas con respecto al cambio del régimen fiscal, podría provenir del control de las calificadoras internacionales de crédito (Moody’s, Fitch, Standard & Poor's), organismos que tienen la capacidad de asfixiar económicamente al gobierno mexicano por medio de la reducción de la nota asignada a los títulos de deuda pública.

La reducción de los ingresos del IVA sobre las exportaciones norteamericanas obligaría al gobierno mexicano a encontrar nuevas fuentes de financiamiento por medio del cobro de mayores impuestos y la reducción del gasto público ante la imposibilidad de endeudarse sustantivamente en los mercados financieros en 2017.

Por otro lado, las fuertes demandas de la delegación estadounidense en el cambio del régimen fiscal para las exportaciones norteamericanas contrastan con la sumisión del gobierno mexicano con respecto a la evasión fiscal realizada por las corporaciones transnacionales norteamericanas.

En este sentido, el régimen fiscal mexicano resultó extremadamente favorable para el capital trasnacional, puesto que el sistema tributario estuvo basado en numerosas exenciones fiscales y la libre movilidad de capital con el fin de atraer inversión extranjera a raíz de la implementación del TLCAN.

La corrupción del gobierno mexicano en complicidad con el capital trasnacional destrozó la posibilidad de potenciar la inversión pública con el propósito de apoyar el desarrollo económico, ya que el erario público pierde 483,875 millones de pesos (3.1% del PIB) anualmente como resultado de la evasión fiscal⁶.

Además, la industria automotriz norteamericana impulsó el establecimiento de maquiladoras en México, situación que provocó la automatización de la producción y el aumento del desempleo en la economía mexicana. De esta manera, las maquiladoras acabaron con una gran cantidad de puestos de trabajo y apuntalaron la creación de empleos precarios caracterizados por una minúscula aportación de ingresos públicos.

Finalmente, no hay que dejar del lado que la renegociación del TLCAN se encuentra estrechamente relacionada a la propuesta de Donald Trump de construir un muro fronterizo financiado por el gobierno mexicano, ya que restringirá la migración de los mexicanos excluidos por capital trasnacional y continuará la deportación de los migrantes mexicanos que residen en Estados Unidos.

La posible decisión de Donald Trump de imponer un impuesto fronterizo de 20% sobre las importaciones procedentes de México a fin de conseguir el financiamiento para el muro fronterizo, afectará indudablemente a la producción, la inversión y los empleos vinculados a las maquiladoras.

Por lo tanto de concretarse, la expulsión de los trabajadores mexicanos de las maquiladoras incrementará el desempleo y la informalidad del mercado laboral, factores que intensificarán la inseguridad y la violencia causada por el crimen organizado que aprovecha las condiciones de extrema pobreza en México.

Sin embargo, el impuesto fronterizo perjudicará también a los estadounidenses que sufrirán un incremento en la tasa de inflación y una diminución del poder adquisitivo, ya que las empresas trasnacionales norteamericanas dependen de la provisión de productos de origen mexicano en varios sectores (alimentos, autopartes, electrónicos, petróleo).

Las autoridades mexicanas están dispuestas a permitir el libre tránsito en la Frontera Sur hacia Estados Unidos para los migrantes mexicanos y centroamericanos en represalia contra Washington, pero eso podría provocar un cambio en los acuerdos estratégicos de seguridad nacional como la Iniciativa Mérida⁷.

El presidente Donald Trump intentará también bloquear las remesas de los migrantes mexicanos para financiar el muro fronterizo, que representan la segunda fuente de divisas para la economía mexicana y sería precedida por la restricción de otorgamiento, cancelación y ampliación de la cuota de cobro de las visas para someter duramente al gobierno mexicano⁸.

En resumen, la administración de Enrique Peña Nieto se encuentra frente a la disyuntiva de llevar a cabo una transformación profunda de la economía mexicana y someterse a una renegociación desfavorable en el marco del TLCAN. Pero la alianza de las autoridades mexicanas con el capital trasnacional así como el creciente distanciamiento con la población mexicana será su propia trampa en las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos, donde hasta el momento se desprende que la economía mexicana no saldrá para nada bien librada.

Ulises Noyola Rodríguez

Colaborador en la División de Estudios de Posgrado de Economía en la UNAM.