Los gobiernos latinoamericanos que optaron por una propuesta neoliberal llevaron varias estrategias con sus sindicalismos locales. Margaret Thatcher había demostrado que la acción sindical –en un país de gran tradición obrerista- podía ser limitada o desestructurada. El paro minero de 1984 demostraba que el conflicto entre neoconservadores y sindicatos era clave para la consolidación de los primeros.

Durante los años 80 y mientras la mayoría de los países latinoamericanos iniciaban la recuperación democrática de sus sistemas políticos los sindicatos pugnaron por sus derechos y por recomponer sus salarios. Esto se inscribía en un continente que empezaba a soportar la crisis de la deuda, la hiperinflación y la crisis económica. Donde las presiones por desmantelar el Estado de Bienestar comenzaron a ser muy fuertes por parte de incipientes actores internacionales y agencias de crédito.

Las crisis económicas de los 80 impactaron entre los asalariados y, en algunos casos, fueron desestructurando y disciplinando a diversos sindicatos. El mundo que comenzaba a “abrirse” con la revolución tecnológica, la flexibilización laboral y el ‘toyotismo’ presionaba sobre las relaciones sindicales y laborales. Frente a esto, los sindicatos fueron profundizando una característica que provenía de décadas anteriores: el corporativismo.

La victoria de propuestas neoliberales en América Latina trajo consigo el desmantelamiento de anteriores regulaciones abriendo el campo para la flexibilización/precarización laboral y las privatizaciones. Los sindicatos vinculados a sectores públicos (telecomunicaciones, servicios públicos: agua, energía, etc.) fueron obligados o presionados para negociar y permitir privatizaciones del sector. Otros sindicatos, ligados al mundo privado, perdieron afiliados y poder político ya sea por la afectación sobre su rubro que proponía la apertura comercial o por la nueva estructura económica que habilitaba el reordenamiento neoliberal. En Argentina, el sindicato metalúrgico –clave y poderoso durante los 70 y 80- perdió su gravitación en un país donde el orbe neoliberal ponía a los servicios financieros, bancarios, logísticos y de telecomunicaciones en lugares privilegiados. Lo mismo ocurrió con el sindicato minero boliviano, que dejó de tener un lugar central ante los precios reducidos de los minerales. Con el neoliberalismo, si bien no desaparecieron los grandes sindicatos, muchos perdieron su poder.

Los gobernantes neoliberales de países que habían atravesado intensas experiencias nacional-populares y que –entre otras cosas- habían dejado importantes sindicatos y memorias de luchas, debieron negociar y presionarlos. Las privatizaciones de servicios públicos enfrentaron a los sindicatos con los gobiernos. En países como Argentina y México se produjo, en algunos casos, una negociación vinculada al mantenimiento de fondos por parte de los sindicatos de las obras sociales (prestación médica para sus afiliados) u otros privilegios que no afectaban a la estructura sindical. De alguna manera, el neoliberalismo argentino –de la mano del menemismo- y el mexicano –bajo la conducción del PRI- habían logrado “seducir” y acordar con sindicatos que apoyaban el desmantelamiento de otros sectores o políticas aperturistas. La corporativización del sindicalismo se articuló –en algunos casos- con las propuestas neoliberales. No solo eso, el corporativismo permitió que muchas de las medidas de desmantelamiento se llevaran a cabo. En Brasil, viejos sindicatos apoyaron o “restaron” conflictividad a las medidas excluyentes. A la vera de estas acciones sindicales, fueron surgiendo nuevos registros de acción sindical más interesados en resistir las políticas neoliberales (sindicatos del Agua en Bolivia, sindicatos industriales de Brasil, sindicatos estatales en Argentina y de maestros en Ecuador).

La superviviencia corporativa en un mundo económico y laboral que fue cambiando drásticamente por la desestructuración del Estado de Bienestar fue una de las características de la época. También lo fue una reformulación de la geometría de poder de los sindicatos con respecto a las décadas anteriores. Otro rasgo saliente es que, a partir de los posicionamientos de los gobiernos a favor de reformas de mercado durante los años 90, la acción sindical se desarrolló en dos direcciones: una de militancia de confrontación y otra de contención del conflicto. Esta última permitió afianzar la corporación y administrar el conflicto con los gobiernos permitiendo cierta “paz social”. Muchos sindicatos vinculados los tradicionales partidos políticos (Partido Justicialista, Movimiento Nacionalista Revolucionario) oscilaron entre el apoyo y la presión. Las relaciones con las propuestas neoliberales -salvo los que iniciaron un camino de resistencia y que no fueron en su mayoría los sindicatos tradicionales latinoamericanos- mantuvieron una distancia “pacífica” y negociadora. La idea era amortiguar el conflicto social y, al mismo tiempo, negociar condiciones para ese sindicato de modo que lo protegiera de las políticas pro-mercado.

Lo importante es que el sindicalismo no fue derrotado sino que se readaptó al nuevo contexto. Si bien perdió capacidad para obtener y mantener algunos derechos sociales y laborales, mantuvo su estructura y negoció “paz” a cambio de ciertas protecciones ante las medidas económicas. Inclusive, en Argentina y Brasil, los sindicatos lograron dinamitar cualquier ley que modificara a la estructura sindical, pero fueron permisivos frente a la precarización de las relaciones laborales. En otros países, los gobiernos liberales fueron contra la estructura sindical y contra las relaciones laborales.

Ahora bien, en el contexto neoliberal se abre una nueva dimensión de confrontación o de realidad para los sindicatos. No sólo éstos deben calibrar su relación con el Estado, sino con un mundo económico global y trasnacionalizado. En un universo de Estados con poca capacidad para limitar a las fuerzas sociales, los sindicatos en los 90, tuvieron que lidiar con su propio Estado, como con otras fuerzas “novedosas”.

Durante los primeros años del siglo XXI, los gobiernos antineoliberales de la región impulsaron una mayor presencia estatal en la economía y mejoraron los indicadores económicos de sus trabajadores y trabajadoras. Los sindicatos comenzaban a recibir nuevos afiliados y mejoraban su posición en una propuesta neodesarrollista: pactar con los nuevos gobiernos. Ampliaron sus beneficios corporativos y en muchos casos fueron parte o tuvieron una incidencia importante, particularmente en los gobiernos de Argentina, Brasil y Bolivia. El mantenimiento de estas alianzas sindicatos-gobiernos antineoliberales permitió la distribución hacia sectores populares y medios de programas sociales; el aumento de las negociaciones colectivas en el ámbito sindical; una mejora de los salarios mínimos y un aumento de la cobertura y calidad de los sistemas de protección social¹.

La crisis, que introdujo la reducción de los commodities en toda la economía neodesarrollista de los gobiernos, produjo reformulaciones económicas y tensiones en esa alianza que se había forjado. El conflicto o las presiones entre un sector importante del sindicalismo argentino con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner o del sindicalismo brasileño con la administración Rousseff fueron marcando una trayectoria de desgaste. Lo que parecía unido, comenzó a distanciarse. En el caso argentino, se mantuvieron –en un principio- expectantes frente a las políticas de Mauricio Macri, luego de esa “expectancia”, decidieron hacer un paro general contra las políticas de Macri. Y en el caso brasileño –pese a sus críticas a la propuesta económica de Rousseff- hoy han pasado a la confrontación con el gobierno de Temer, particularmente la mayor central obrera (Central Única de los Trabajadores).

En el caso de Venezuela, superado el paro petrolero y el golpe de 2002, el mundo sindical venezolano se fragmentó. El chavismo logró el apoyo de otros sindicatos y derrotó políticamente al sindicato petrolero que había impulsado el derrocamiento de Chávez. Pero en los últimos años, la CTV y el Frente Unitarios de Trabajadores han apoyado a Capriles. En Ecuador, Rafael Correa se confrontó con los sindicatos docentes ante la propuesta de jerarquización y meritocratización de la administración estatal y educativa. Las tensiones se desarrollaron con otros sindicatos, lo que ocasionó que en estas últimas elecciones las centrales sindicales dieran apoyo al candidato neoconservador Lasso. La defensa corporativa que había permitido en los 90 negociar políticas neoliberales con los diversos gobiernos, también se volvió una dinámica política para enfrentar a los gobiernos antineoliberales de la región. Cierta condescendencia inicial de un sector importante del sindicalismo argentino ante el gobierno de Macri y el apoyo a opciones neoconservadoras en Venezuela y Ecuador hablan de la “corporativización” reinante y pragmática de las estructuras sindicales.

I. Venezuela

En Venezuela el principal órgano sindical históricamente fue la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). Su fundación en 1946 estuvo al amparo del Partido Acción Democrática (AD). El acuerdo funcionaba en tanto el Estado reconocía a los sindicatos como representantes legítimos de los intereses de los trabajadores y les concedía a cambio posibilidades de participación, siempre y cuando, a modo de contraprestación, los sindicatos se comprometieran a conservar la paz laboral y canalizar sus reclamos a través de las instancias estatales. Al mismo tiempo, la legislación laboral era restrictiva e intervencionista, la ley laboral de 1974 obstruía el ejercicio del derecho a huelga, y otra ley del año 1990 comprometía a la jefatura sindical a revelar su gestión financiera, bajo la amenaza de intervención estatal.

La CTV disponía de un grupo parlamentario propio y desarrolló un perfil condescendiente con el Gobierno y con cariz conservador, que funcionó codo a codo con la renta petrolera. Este modelo funcionó por 20 años pero se vio agotado por la crisis producida por la devaluación de 1984 y el “Caracazo” de 1989. La dirigencia de la CTV se vio entonces dislocada de las bases: mientras los sindicatos llamaban a la huelga y se aunaban a la rebelión popular, los representantes sindicales en el parlamento aprobaban los proyectos de libre mercado del oficialismo. Durante la década de los 90 la informalización del mercado laboral diezmó la afiliación sindical, decreciendo de un 33% en 1975 hasta 13,5% en 1995 según datos del Ministerio de Trabajo.

Antes de su primer triunfo electoral en las presidenciales del 1998, Hugo Chávez cuestionó la dirigencia sindical. La instauración de la Quinta República y la modificación de la Constitución supusieron un nuevo esquema que amplió el sistema de sindicatos y otorgó mayor libertad a estos.

La CTV, bajo la conducción de Carlos Ortega, se incorporó de lleno en la oposición política, contribuyendo a las manifestaciones que desembocaron el 11 de abril de 2002 en el intento de derrocamiento de Chávez. Ese mismo año se aprobó la Ley Orgánica de Seguridad Social, la cual establecía la necesidad de legislar para regular sus dos aspectos fundamentales: el régimen de pensión y el de la salud. Entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, la CTV y la asociación patronal FEDECAMARAS (Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela) se unieron en una alianza inusual y organizaron un “Paro Cívico” con el fin de derrocar al presidente electo. El paro fue apoyado por los directivos de la empresa estatal PDVSA (Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima), que paralizó la extracción y exportación de petróleo. Luego del fracaso de su maniobra, Ortega huyó a Costa Rica en 2004, regresando un año más tarde ilegalmente al país, donde fue condenado a prisión -sin embargo logró huir del penal en 2006-. Hoy, Ortega vive en el Perú, cuyo gobierno le concedió asilo por “razones humanitarias”.

No todos los sindicatos se alinearon con la oposición, otras centrales obreras simpatizaron con las reformas chavistas, como la Confederación General de Trabajadores (CGT) y la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), brazo sindical del Partido Comunista Venezolano (PCV). En 2003 se crearon nuevas organizaciones sindicales paralelas como la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).

Desde el inicio del gobierno de Hugo Chávez, el Estado impulsó el desarrollo cooperativo en el país, plasmado en la Constitución de 1999 y en las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007. El gobierno venezolano ha buscado desarrollar la economía social, también llamada economía popular, para lo cual una de las principales estrategias es el apoyo a la creación de cooperativas, las cuales, a su vez, estimulan la participación ciudadana y refuerzan la democracia. La implementación de dicha modalidad se intensificó durante el Paro Cívico como una salida a la crisis generada por la negativa a prestar servicios de diversas empresas contratistas de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), en particular, las de transporte de combustible. Desde entonces, el número de cooperativas se ha multiplicado constantemente, desde 2001 al 2009 se han legalizado más de 300.000 cooperativas².

Desde el 2012 en Venezuela la figura de los sindicatos se encuentra consagrada dentro de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT). Según la LOTTT, todos los trabajadores y trabajadoras sin distinción, tienen el derecho de constituir libremente las organizaciones sindicales que consideren convenientes, con el fin de defender sus derechos e intereses. De esta forma, las cámaras de comercio, industria, agricultura y cualquier rama de producción o servicio, así como también los colegios profesionales, pueden ejercer atribuciones sindicales, para lo cual deben estar debidamente inscritas en el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales y cumplir con las normas establecidas para cada organización sindical. Todos los sindicatos podrán afiliarse a una federación, confederación o central.

En la actualidad las libertades sindicales, que han ido en progresivo aumento gracias al Revolución Bolivariana, se encuentran divididas y engrosan las filas tanto de la oposición como de quienes apoyan al presidente electo.

II. Brasil

Actualmente en Brasil existen cerca de 17 mil sindicatos y tres grandes centrales sindicales que agrupan a la mayoría: la CUT (Central Única de los Trabajadores) es la más grande, representando al 21% de los trabajadores; le sigue Força Sindical, con el 15%, y Unión General de los Trabajadores (UGT), que aglutina al 12%. Las posturas de estas centrales sindicales respecto de la reforma laboral y la previsional que ya ha presentado el gobierno reaccionario de Michel Temer no son unánimes. La CUT, afín a los gobiernos del PT, se ha opuesto radicalmente a ambas, mientras que Força Sindical y UGT son más receptivas a la oferta gubernamental, así como otras agrupaciones sindicales menores, como Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST) y Central dos Sindicatos Brasileiros.

El vicepresidente de UGT, siguiendo el discurso oficialista de que el sistema previsional es deficitario e insostenible, ha manifestado que sin la reforma de dicho sistema “estaríamos permitiendo un colapso en las garantías de todos los trabajadores”³. Entre otros aspectos, la reforma previsional contempla que la edad mínima de jubilación sea de 65 años tanto para hombres como mujeres, y que para percibir el 100% del valor será necesario haber contribuido 49 años.

Aunque con amenazas de paro, Força Sindical –cuyo presidente fue un férreo defensor del impeachment a Rousseff y es un gran aliado de Temer- y las demás agrupaciones están negociando el apoyo a la reforma previsional a cambio de una demanda puntual. Buscan que el gobierno apoye la reglamentación de un proyecto que retome la contribución asistencial de los trabajadores a los sindicatos, estén sindicalizados o no (hasta ahora sólo los afiliados lo hacen puesto que el Supremo Tribunal prohibió en febrero el cobro a los no afiliados). Esto aumentaría los ingresos de los sindicatos y el valor de la cuota sería definido por las propias agrupaciones sindicales⁴. Centrales, sindicatos, federaciones y confederaciones recaudaron 3,5 mil millones de reales en 2016 con la contribución sindical; y estiman que la tasa asistencial, cobrada aparte, representa hasta el 80% de algunas entidades⁵.

III. Ecuador

Ante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 2 de abril, varias centrales obreras decidieron dar su apoyo al candidato Guillermo Lasso, banquero con cuentas y empresas no declaradas en paraísos fiscales. Autodenominadas clasistas y opuestas al “populismo” de los gobiernos de Rafael Correa, acordaron respaldar al empresario ya que, en medio de un conjunto de propuestas de corte neoliberal, para ganar su apoyo les prometió restituir un aporte a la Seguridad Social y a las pensiones de jubilación. De este modo, Unión General de Trabajadores (UGT) y la Cedocut (Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitaria de Trabajadores), optaron por “terminar con el correísmo”, señalando que su apoyo a Lasso “no significa que estamos vendiendo nuestros principios de sindicalismo de clase”⁶. En este mismo sentido se pronunciaron la Unión Nacional de Educadores y la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, afirmando que no perderían su impronta de izquierda por llamar a votar al candidato de la derecha, que finalmente perdió la contienda frente al sucesor de Rafael Correa.

IV. Bolivia

En Bolivia se ha cuestionado a la Central Obrera Boliviana (COB) por virar hacia la derecha por su posición contraria al gobierno, pero esta postura tiene que ver más bien con su radicalidad de izquierda y visión sectorial.

La brecha entre el gobierno y la COB significa, para el primero, una incoherencia política por la desconexión con un sector vulnerable, que en capacidad de movilización no es una amenaza a la estabilidad gubernamental como lo fue en el año 1952, pero sí es un ícono histórico de la lucha de los trabajadores en Bolivia que el gobierno debe reivindicar.

Recientemente Guido Mitma, dirigente de la COB, pidió al gobierno “unificar los sectores de trabajadores contra la derecha, pero dando soluciones a las demandas”; este pedido lo hizo al ver que la derecha aprovechaba un conflicto con la Caja Nacional de Salud, para hacer campaña contra reelección⁷. En efecto, ha sido una característica en la dirigencia de Mitma, la bipolaridad con el gobierno, manifestando su apoyo durante negociaciones, pero mediáticamente manifiesta su criticidad.

Y es que el posicionamiento radical de la COB contra el gobierno es funcional a la derecha por dos razones; en primer lugar, por el desgaste que le genera al gobierno frente la opinión pública y, en segundo lugar, por el desgaste político del carácter permanente de estas demandas, que no pueden ser satisfechas a mediano plazo, dado que tienen que ver con estructuras económicas, políticas y sociales del país, que fueron históricamente abandonadas.

En sus inicios la COB, por el peso político que le daba el sector minero, respaldaba las movilizaciones de otros actores sociales y, recíprocamente, los conglomeraba; luego del 2000 cuando fue declarada “muerta”, esa representatividad social fue asumida por el sector cocalero, replicando el apoyo solidario a otros sectores sociales. Este movimiento se organizó políticamente y constituyó el Movimiento al Socialismo (MAS) que equilibra las demandas sectoriales y el bien común. Este equilibrio en el MAS es su fortaleza y a la vez su debilidad⁸.

La susceptibilidad de que la derecha pretenda cooptar sindicatos, siempre estará presente, sobre todo, cuando las posiciones de los movimientos sociales se muestran radicales e irracionales. Sin embargo, es necesario asegurar que las posiciones radicales no sean utilizadas por la derecha, se debe tener presente la recomendación del vicepresidente Álvaro García Linera, a las izquierdas regionales de: no descuidar las ideas después de las victorias⁹.

V. Colombia

La historia del sindicalismo en Colombia¹⁰ está marcada por una dinámica de respuesta violenta por parte de las instituciones estatales, las empresas y los grupos paramilitares. En efecto el desempeño como sindicalista en el país supone una estigmatización institucional que, a menudo, deriva en la desafortunada pérdida de sus actores.

Así, la Unión Sindical Obrera (USO) cuenta con más de 3.000 sindicalistas asesinados desde 1977 y esta es una cifra que no cesa su aumento. Sobre la misma el gobierno Santos hace caso omiso; según la Escuela Nacional Sindical, en “2009 se registraron 47 asesinatos; 18 atentados de muerte; 412 amenazas de muerte; 129 desplazados forzados; 53 hostigamientos por persecución sindical; 34 detenciones arbitrarias; 3 desapariciones forzadas y 4 allanamientos ilegales”¹¹.

Además, desde el gobierno hay un esfuerzo por comprimir el derecho asociativo de los trabajadores: entre 2000 y 2007 se rechazaron 491 iniciativas de trabajadores tendientes a la creación de un sindicato, además la Corte Suprema de Justicia decidió en segunda instancia que la mayoría de las huelgas fueron ilegales: de las 33 que llegaron al alto tribunal y 19 fueron declaradas ilegales, 11 legales y 3 quedaron sin pronunciamiento. Siendo, además, Colombia el único país de América Latina en el que el gobierno tiene la facultad de disolver un sindicato.

En este marco de dificultades institucionales el presidente de la central Unitaria de Trabajadores, Javier Bermúdez, señala que en los años 90 el sindicato contaba, sin sumar el magisterio, con 16.000 afiliados, en su gran mayoría de empresas privadas, pero hoy tiene 18.000 y la mayoría (11.000) son docentes, el resto del sector privado, además manifiesta que ha habido una reducción del 5 a 3% de afiliación sindicales.

Aunque no es mayoritario sí se observan casos de liderazgos sindicalistas cooptados por la derecha política, uno es el de Luis “Lucho” Garzón reconocido ex líder sindical de la USO, quien ha sido criticado por sus otrora homólogos debido a su anexión al gobierno Santos como ministro para el Diálogo Social y ministro de Trabajo, unos cargos que conllevaron la crítica por su alejamiento de la lucha colectiva y la escasa reivindicación que llevó a cabo durante el ejercicio, siempre tratando de evidenciar un ambiente de paz social inexistente en el país. De la misma forma Angelino Garzón, quien pasara de ser secretario general de la CUT a ministro de Trabajo y Seguridad Social en el gobierno del conservador Andrés Pastrana y vicepresidente de la República en el primer Gobierno de Juan Manuel Santos.

La firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC-EP ha traído, a pesar del anunciado ‘posconflicto’, una dinámica de conflictividad social por el movimiento estratégico de los nuevos Grupos Armados Post-desmovilización (GAPD), provenientes del paramilitarismo. Más de 127 líderes sociales han sido asesinados desde 2016, una amenaza a la paz que ya ha sido evidenciada desde la ONU. Dicha situación pone de manifiesto un nuevo escenario de complejidades también en el marco de la lucha sindical, lo que supone una nueva reflexión de la organización obrera en un periodo de pos-acuerdo.

VI. México

En 2016 existían en México 3.077 sindicatos registrados, incluidas las federaciones. Las cuatro centrales obreras CTM (Confederación de Trabajadores de México), CROC (Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos), CROM (Confederación Regional Obrera Mexicana y la FSTSE (Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado), apenas representan a alrededor de 1.700 mil trabajadores y son afines al histórico partido gobernante, el PRI. Pero en 1988, en las elecciones que llevaron a Salinas de Gortari a la presidencia, sólo la CTM ofreció al por entonces candidato 20 millones de votos de sus afiliados. Todo ello indica que la capacidad de atracción de trabajadores a sus filas de estos sindicatos ha disminuido drásticamente en los últimos 30 años, siguiendo la tendencia hacia el conservadurismo y el liberalismo de su partido aliado¹².

La reforma laboral promulgada por el ex presidente Felipe Calderón en 2012 no significó, tampoco, mejoras para los trabajadores: flexibilización laboral, autorización de contratos a prueba y debilitamiento de la contratación colectiva, entre otros aspectos que se impulsaron amparados bajo los argumentos de la “competitividad” y la generación de empleo. La alianza histórica entre las principales centrales obreras y los gobiernos del PRI, incluido el de Peña Nieto que presenta una tasa de informalidad del 57,2%, ha redundado en que los sindicatos hayan perdido valor entre los trabajadores porque han renunciado a su función principal que es la defensa de los derechos laborales. Su dirigencia, en muchos casos acusada de enriquecimiento ilícito y funcionalidad a las patronales, ha contribuido sustancialmente a la pérdida de importancia de estas instancias organizativas obreras entre los trabajadores.

Fuente: http://www.celag.org/latinoamerica-sindicalismo-amenazado/