El progresismo en América Latina se había acostumbrado a las plazas llenas y promovió la participación en el espacio público. La mística reactualizaba la solidaridad entre pares como parte de un proyecto político opuesto al neoliberalismo excluyente. La movilización ciudadana se había vinculado a las políticas de ampliación de derechos y propuestas de estos gobiernos que incorporaban a vastos sectores -antes marginados- a la ciudadanía. Calles y plazas acompañaban a gobiernos que ampliaban derechos, consumo y reivindicaciones históricas. Sin embargo, el idilio popular encontró obstáculos propios del mundo global contemporáneo. La alianza “pos política” de los sectores conservadores construyó un imaginario que convertía al espacio público en un campo minado. Las redes y sus alusiones a un pacifismo blanco de “no conflicto” y la reivindicación del derecho a circular libremente -privilegiando la perspectiva del ciudadano “ocupado”- se opusieron a las manifestaciones en el espacio urbano.

Su estrategia no fue efectiva, pues la movilización de cada uno de los países latinoamericanos no desapareció. Las manifestaciones urbanas se mantienen como una forma de acción política reconocida como válida para torcer o modificar escenarios políticos. Una plaza llena es más que una plaza, es una caja de resonancia de posibles escenarios electorales o acciones futuras. Las derechas no se fueron del espacio público, sino que se reinventaron y reconfiguraron su estrategia utilizando las tecnologías y redes para la circulación –viralización mediante- de sus mensajes y propuestas.

La primera gran aparición de las derechas en las plazas ocurrió en Venezuela contra el gobierno chavista, luego sería imitado en otros países con experiencias progresistas. En los últimos años, las derechas lograron –ante el impacto de la crisis internacional, la reducción de commodities y precios petroleros- organizar el descontento. Plazas contra el aumento de retenciones a las agro-exportaciones en Argentina; contra la ley de herencia y plusvalía en Ecuador; contra las políticas sociales de Dilma, llegando al punto irrisorio de no sólo avalar el juicio político sino de avalar una intervención militar en Brasil, son algunos ejemplos de la capacidad de movilización de las derechas regionales.

Los medios de comunicación son clave para la disputa de imaginarios y organización de sentimientos, pero la calle es la calle. Las derechas construyen su sociabilidad también allí. Una sociabilidad reservada a espacios sociales identificados con las expectativas de clases medias y altas, que esgrimen como principal distintivo el movilizarse por su “propia decisión”. Cuentapropistas políticos autoconvocados desde su propia individualidad y que reclaman limitar al Estado o, al menos, las propuestas a su entender “conflictivas”. Las derechas se presentan como un “individuo” asediado por un proyecto estatal. Mientras que los gobiernos progresistas interpelan –generalmente- desde políticas dirigidas a lo universal o al colectivo; las derechas han intentado resignificar la cultura política liberal y sus discursos del Estado minimalista. A su vez, buscan actualizar algo importante en el mundo político contemporáneo: la sospecha permanente a la política y los políticos.

Los sectores conservadores han sabido leer la subjetividad actual y por ende han suscitado la acción. Las impugnaciones apuntan a la corrupción o la inseguridad, con razones empíricas y demostrables o no, profundizan la sospecha por la política y por el otro. El Estado es percibido como incómodo e intervencionista en lo económico pero laxo para delincuentes, rechazando su “verdadera” función policiaca. Las derechas movilizan sociabilidades contra ciertas políticas estatales para acceder al Estado, eso no es nuevo. Sin embargo, han articulado un eficiente y paradigmático discurso de polarización revanchista que busca suturar la grieta.

La política sigue siendo división de campos adversarios o acciones dirigidas a “ganar” voluntades y modificar escenarios. La estrategia de reorganizar las subjetividades pos-modernas contra políticas progresistas ha puesto a las derechas como espacios con capacidades de daño y presión. Una combinación de intrumentalización de medios de comunicación, redes sociales y ejercicios de “plaza” ha tenido éxito en algunos países. Ambos, plazas y medios, se retroalimentan gracias a la potencia de la imagen y han permitido –en determinados contextos críticos o ante ciertas políticas estatales- conformar dimensiones que las derechas en la oposición han manejado con cierta experticia. Recientemente, el caso argentino ha presentado una novedad: la convocatoria al espacio público de clases medias y altas que se reconocen en sus distinciones culturales y sociales frente a “sindicalistas”, "kirchneristas", etc. Grupos que “envalentonan” a sus dirigentes y legitiman la continuidad de políticas conservadoras.

Las derechas existen en sus imágenes, en "lo que se ve". La presión electoral de partidos conservadores, el desabastecimiento o la inflación generados por grupos empresariales son intangibles, no se ven. Una plaza, sí.

Argentina

El 1 de abril algo cambió. Si bien las manifestaciones de sectores de derecha en el ámbito público pueden rastrearse desde el 2008 y el lock out -paro patronal-, despliegue de músculo rural que el sector agropecuario utilizaría por cuatro meses para oponerse al proyecto de ley conocido como “la 125” que, entre otros regulaciones, modificaba el monto de las retenciones. Entre las medidas hubo desabastecimiento, cortes de ruta y cese de actividades. En los años subsiguientes, también salieron a la calle las clases medias urbanas pidiendo, cacerola en mano, reclamos variopintos tales como el fin del cepo al dólar o el esclarecimiento de la muerte del fiscal A. Nisman. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, los sectores de derecha fueron incrementando cada vez más su discurso clasista, elevando a su vez el grado de misoginia.

¿Qué fue entonces lo que cambió el 1º de abril? En primer lugar, no se trató de una marcha opositora, sino oficialista. Sin embargo en todo momento estuvo presente en la liturgia de los participantes el fantasma del gobierno anterior. En sus cánticos los manifestantes coreaban: “No vuelven más” y “Argentina sin Cristina”, en contra del kirchnerismo –oposición de la oposición- casi a modo de revanchismo blanco. A pesar de bogar por el cese de la grieta y la unión de todos los argentinos, el gobierno de Cambiemos no ha hecho más que atizar la polarización con la actual mandataria. De este modo consigue desviar el foco de atención, es decir que sus propios seguidores hablen de otro en lugar de la propia gestión, artilugios al estilo de “pesada herencia” mediante. Cabe destacar que el término “kirchnerismo” en la actualidad adquiere dos acepciones: 1- miembros o simpatizantes del gobierno anterior, 2-recurso discursivo que engloba como tal, cualquier crítica u oposición a la actual gestión.

En segundo lugar, la marcha no fue apoyada oficialmente por el gobierno por miedo a una escasa concurrencia de adherentes. La convocatoria a la marcha viralizada mediante redes sociales como #1A se definió a sí misma como autoconvocada y “en defensa de la democracia” superando los mejores augurios imaginados por la actual gestión. Cabe preguntarse entonces, ¿ante qué ataque a la democracia se manifiesta la defensa? La implementación de políticas neoliberales del gobierno de Cambiemos ha tenido repercusiones sociales, aumento del desempleo, aumento de tarifas, apertura de las importaciones y un endeudamiento desorbitado. Durante el mes de marzo fueron seis las marchas convocadas desde distintos sectores del arco popular reclamando medidas al gobierno, en su mayoría económicas. El 6 de marzo los docentes reclamaron la apertura de la paritaria nacional para sentar las bases de su salario en un contexto inflacionario, el 7 la movilización estuvo convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) allí las bases impusieron a la cúpula dirigente la convocatoria a un paro general en defensa del trabajo y como freno a la caída del salario real y los despidos; el 8 fue el paro internacional de mujeres, pero el cierre de órganos para la defensa de mujeres víctimas de violencia familiar y ante el reposicionamiento del rol de la mujer que el oficialismo hace gala hace más de un año el cariz de la misma fue abiertamente opositor; el 22 ante la falta de acuerdo los docentes volvieron a insistir, el 24 de marzo como todos los años se recuerda el último golpe de Estado y significó una batalla cultural y discursiva con el oficialismo que ha cuestionado públicamente el número de víctimas minimizando el genocidio, y la conmutación de penas a represores. Por último el 30 fue la convocatoria a huelga de las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina reclamando el cese de los despidos y un giro de 180 grados en el modelo económico. La continuidad del gobierno en ningún momento estuvo amenazada, los reclamos del mes de marzo cuadran perfectamente dentro del juego democrático. Sin embargo, las movilizaciones fueron interpretadas como golpistas por los ciber-organizadores del #1A que entre sus cánticos incluyeron: "Dejate de joder, Baradel ¹" y "Los chicos a la escuela" El anti-sindicalismo de sus organizadores se contrapone con los valores democráticos que dicen defender quienes marchan en su nombre.

Otra observación de la marcha apunta al corte generacional, ya que a diferencia del patrón común de las convocatorias en el país, contó con poca participación juvenil. El día elegido fue un sábado por la tarde, pues parte del imaginario de los manifestantes desaprueba las medidas de acción que afecten la libre circulación del tráfico. Además, se trató de un día no laborable reforzando su autopercepción de “trabajadores”, no de todos por supuesto algunos son más trabajadores que otros parafraseando a G. Orwell. Prima la lógica subyacente de quiénes “trabajan dignamente” como parte de un discurso xenófobo y elitista que contrapone a la gente blanca que paga impuestos versus los “negros que no quieren trabajar”. A ellos les dedicaron: "Hay que cantar, hay que cantar, los piqueteros a laburar".

Un Mauricio Macri sorprendido por la adhesión de una porción nada desdeñable de la ciudadanía celebró vía Twitter el apoyo recibido, y enfatizó el carácter de autoconvocados: “sin colectivos ni choripán”. Lo cierto es que la muestra de apoyo legitimó al aumento de la represión a quienes cortaron la autopista en el paro general del 6 de abril y a los docentes que intentaron armar una escuela itinerante enfrente del Congreso, el domingo 9. La Argentina punitiva está en marcha.

Brasil

La destitución de la presidenta electa a finales de 2014, Dilma Rousseff, y el fin de la corrupción en el sistema político brasileño, atribuido al Partido dos Trabalhadores (PT), fueron las principales consignas que levantaron las manifestaciones callejeras de los sectores medios y altos durante 2015 y 2016. La salida a la calle para movilizarse fue convocada por grupos de ciudadanos supuestamente apartidarios, principalmente a través de las redes sociales.

Los grupos que, conformados para la ocasión, iniciaron la convocatoria para salir a las calles de todo el país fueron principalmente el Movimento Brasil Livre (MBL) y Movimento Vem Pra Rua; Revoltados Online y el Movimento Endireita Brasil², más antiguos, también tuvieron un rol activo en la llamada a salir a protestar. Todos estos grupos coincidieron en su rechazo al gobierno del PT y en su apoyo a la operación judicial contra la corrupción denominada Lava Jato. Aun así, cada uno presenta su impronta y tienen, entre ellos, algunas diferencias. El MBL, conformado sobre todo por jóvenes estudiantes, promueve la transparencia institucional, el libre mercado y el fin de medidas tendientes a favorecer a la población más vulnerable: meritocráticos, abogan por el fin de programas sociales y de medidas dirigidas a mejorar la situación de colectivos específicos, como la población afrodescendiente, las mujeres (particularmente en lo relativo a las cuotas) y colectivos LGBT. Vem Pra Rua fue inicialmente creado durante la campaña presidencial de 2014 con la finalidad de apoyar al entonces candidato, Aécio Neves (Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB). Es más “moderado” en cuanto a cantidad de simpatizantes que abogan por una intervención militar y, en su momento, era más proclive al combate a la corrupción que a la destitución de la Presidenta. Endireita Brasil, al igual que los anteriores, es un grupo que promueve un Estado no interventor en la economía y también está vinculado políticamente al PSDB. Finalmente, Revoltados Online es el grupo más extremista, dado que promueve el retorno de los militares al gobierno y tiene como referencia al Diputado ultraderechista y misógino Jair Bolsonaro (Partido Progresista, PP).

En general, las manifestaciones durante esos dos años fueron representativas de sectores medios y altos. Según estimaciones de Datafolha, la gran protesta de marzo de 2016, por ejemplo, el perfil de los manifestantes fue: el 73% de los manifestantes era mayor a 35 años, y 77% declaró ser de color blanco. El dato llamativo es que el 94% afirmó no participar en ninguna de las agrupaciones que organizaron la protesta³.

Las movilizaciones oscilaron entre una tonalidad de alegría por el encuentro de miles de personas con importantes reclamos en común –usualmente tenían samba sonando de grandes parlantes- y de bronca, que asomaba cuando los oradores de las agrupaciones convocantes arengaban a los ciudadanos; la furia también aparecía con vehemencia cuando los manifestantes se acercaban a los micrófonos que llevaban los cronistas de las cadenas de televisión. Los organizadores de las protestas optaron por apropiarse de los colores de la bandera brasileña, verde y amarillo, de modo que miles de personas vistieron la camiseta de la selección nacional de futbol, llevaron banderas del país y también pintaron sus caras de estos colores. De entre la multitud destacaron tres gigantescos muñecos inflables: uno de Dilma vestida de rojo –color del PT-, con un antifaz que la caracterizaba como ladrona y con una banda presidencial con la sigla “mae do petrolao”⁴; el segundo era un muñeco de Lula vestido de reo y el tercero un gran pato con la consigna “chega de pagar o pato”⁵, emblema de la campaña lanzada para la ocasión por la FIESP (Federación de las Industrias del Estado de San Pablo).

Fuera Dilma, fuera PT y basta de corrupción fueron las principales consignas elevadas por los manifestantes. El sentir de los concurrentes era principalmente que los males del país, principalmente la corrupción, se debían a los gobiernos del PT. Sin embargo, también hubo consignas contra toda la clase política en tal sentido. Aun así, varios políticos de distintos partidos, pero especialmente del opositor PSDB se hicieron presentes en las protestas de algunas ciudades, generalmente levantando apoyos.

Las consignas más frecuentes, además de la de “impeachment ya”, fueron las que defendían el accionar de la Operación Lava Jato y su cara más visible, el juez Sergio Moro (“Moro, estamos contigo”), las que demandaban conocer el destino de los impuestos (“¿dónde están nuestros impuestos?”) –también las que bregaban por eliminarlos (“menos Estado, menos impuestos”)-y las que exigían una reforma política. Curiosamente, se escuchó el deseo de que los militares retornaran al poder (“intervención militar ya”). También existieron alusiones a la “espontaneidad” de la asistencia, contraponiéndola a la supuesta movilización rentada, característica de las convocatorias pro gobierno (“vine gratis”).

Ya destituida la presidenta por medio del aclamado impeachment y con las investigaciones de Lava Jato salpicando a buena parte del espectro político –no sólo el PT-, las manifestaciones de la derecha se detuvieron. Volvieron a las calles el pasado 26 de marzo, pero la capacidad de convocatoria de las organizaciones fue sustancialmente menor. Sus reclamos -en medio de medidas gubernamentales altamente lesivas para los trabajadores, las poblaciones indígenas, el medioambiente, para el sistema educativo y el de salud pública- versaron en torno al apoyo de la Operación Lava Jato y el fin de la impunidad de la clase política y no contra el gobierno del reiteradamente delatado por corrupción, Michel Temer.

Colombia

La movilización y presencia en las calles de la extrema derecha ha sido, durante los últimos dos años, una de las estrategias de posicionamiento y reivindicación de sus dinámicas discursivas. En efecto, el objetivo de las recientes manifestaciones del uribismo es posicionar una serie de relatos de cara a las elecciones de 2018, usando como trampolín el desencanto popular resultante de la desaceleración económica.

El primer ejercicio connotado y efectivo en cuanto a la capacidad de movilización tuvo lugar durante el delicado periodo de “preacuerdo”, el 2 de abril de 2016. Desde entonces el discurso de la negación, No+, se convirtió en la forma de resumir las supuestas adversidades de los ciudadanos, dentro de las cuales -desde luego-, el uribismo posicionaba sus relatos: “No + impunidad”, “No+ entrega del país a las FARC”, relativo a la también posicionada entrega de la patria al “castro-chavismo” y, finalmente, lo que vincularía al ala más extrema de la derecha colombiana cercana de algunas facciones de la iglesia católica y de la evangélica, el No a la denominada “ideología de género”.

La primera manifestación mostró un uribismo fuerte^6, capaz de convencer discursivamente a diversos sectores de la sociedad colombiana; desde los ultraconservadores, hasta aquellos insatisfechos con el desempeño del Ejecutivo. El relato alimentó el miedo de los colombianos de llegar a parecerse a la versión que los medios de comunicación del oligopolio comunicacional del país (en particular los de propiedad del ultraconservador Carlos Ardila Lülle; RCN Radio, RCN Televisión y NTN24) han inoculado sobre Venezuela o de implantar una supuesta ideología de género, hasta ahora no identificada en los acuerdos. Ello dio lugar a una movilización amplia en las principales ciudades del país, siendo Medellín en la que se identificó una mayor afluencia de personas.

Esta marcha tuvo un importante impacto en redes sociales, donde un ejército de seguidores se encargó, al unísono con RCN, de demostrar la fuerza de la marcha: selfies con Uribe, videos, narraciones de la marcha a través de Twitter, fueron las herramientas de difusión.

Las manifestaciones de la extrema derecha continuaron atrayendo cada vez más a los adalides del conservadurismo: el día de la firma de los acuerdos en Cartagena, Alejandro Ordóñez, quien se hubiera desempeñado como Procurador General de la Nación se sumó a Uribe y junto a estos, dos pastores de iglesias evangélicas impulsaron una nueva protesta en contra de la firma que estaba teniendo lugar en la ciudad caribeña^7.

Hasta entonces, el Gobierno parecía obviar estas demostraciones de músculo político en las calles, difundidas fundamentalmente a través de redes sociales. Pero poco después el Ejecutivo se enfrentaría el traspié más importante de su administración: el No de la mayor parte de los ciudadanos que votaron en el plebiscito del 2 de octubre a los acuerdos de paz alcanzados con las FARC-EP, un resultado que tomó por sorpresa hasta a los uribistas.

El cambio de la torna supuso un ajuste discursivo en la extrema derecha: “Los del ‘No’ también queremos paz, solo que pensamos que sin justicia no la vamos a tener”⁸, señaló Uribe, conforme los resultados fueron públicos, algo del todo contradictorio: ahora sí querían la paz, pero no de la manera planteada por el Gobierno. Matizaron, ante la avalancha nacional, pero sobre todo internacional, que refería casi como un acto de irresponsabilidad la respuesta popular impulsada (mentiras mediante) por el sector más retrógrado de la sociedad colombiana.

Se hizo necesario llevar a cabo un giro y posicionar con vehemencia otros relatos lejanos de la agresividad con la que se los estaba relacionando. Fue en este entonces cuando estalló el escándalo de Odebrecht. Si bien el uribismo tenía varias figuras connotadas implicadas en el escándalo de la empresa brasileña, el esfuerzo se centró en posicionar al oficialismo como único responsable de los altos niveles de corrupción evidentes en el país, de esta forma se fue organizando una nueva marcha, esta vez sacarían a las calles (paradójicamente) el discurso de la corrupción.

Habiéndose librado de Oscar Iván Zuluaga, implicado en el escándalo referido, la convocatoria del 1 de abril de 2017 se centró en el “rechazo a la corrupción”. Así, el día sábado tuvo lugar la marcha, donde Álvaro Uribe, desde su feudo político (Medellín), pidió la renuncia del presidente Santos y llevó nuevamente a la extrema derecha a la calle, ataviada con banderas de Colombia, camisetas de la selección de fútbol y con un insólito acompañamiento del que fuera uno de los sicarios más temidos de Pablo Escobar, actualmente con presencia en redes sociales a través de su canal de Youtube, Jhon Jairo Velásquez, alias Popeye. En esta ocasión, la extrema derecha mostró cierta capacidad de convocatoria, aunque menor respecto a las marchas que se desarrollaron el año pasado.

La presencia de la extrema derecha en la calle ha sido funcional para posicionar los ejes discursivos que circundarán la campaña electoral de 2018. Los relatos y simbología usados hacen constante alusión a una concepción particular del patriotismo que permite a los participantes identificarse como defensores de la soberanía nacional frente a la “invasión del castro-chavismo”, la corrupción y la moralidad. La estrategia fue funcional en 2016, cuando el proceso de paz era materia de discusión, sin embargo, hoy parece que el ejercicio de participación colectiva se empieza a desvanecer, con una tendencia a la reducción de la participación ciudadana, pasmosa ante la incertidumbre de 2018.

Ecuador

En Ecuador las derechas construyeron sus plazas. En 2015, se probaron nuevamente en las calles y lograron movilizar un conjunto de ciudadanos de sectores urbanos, clase media, preferentemente, y alta. No era la primera vez que suscitaban la acción ciudadana, pero en este caso la movilización fue importante. Lograron apropiarse del espacio público a partir de la propuesta de ley sobre las herencias y de plusvalía. Construyeron una oposición al gobierno sobre algunos núcleos culturales y discursivos que reactualizaban la larga tradición liberal ecuatoriana y algunas críticas al modelo económico que venía impulsando el oficialismo. El debate económico y las maneras de superar los efectos de la crisis internacional organizaron las protestas contra el oficialismo y las defensas del mismo. Era evidente que los sectores medios no criticaban una propuesta que tenía como destinatarios significativos a los empresarios, sino que fueron movilizaciones donde ese reclamo pudo articularse a otros descontentos. Ese “avanzar” del Estado sobre los individuos fue “transformado” como “problema” para todos. El ejercicio de la autoridad presidencial fue vinculado a una invasión sobre los bienes personales. Los conceptos que atravesaron las manifestaciones fueron “confiscación”, “robo” y medidas de castigo para los empresarios. En estas marchas se fue organizando la oposición, todos los actores de éste se probaron la “camiseta”: Nebot, Rodas, Viteri, Lasso, entre otros. A su vez, se consolidó un espectro opositor más allá de las elites de derechas, el acompañamiento de clases medias y sectores indígenas daban cuenta de una potente articulación en marcha.

La convocatoria a participar “sin banderas” le otorgaba esa dimensión pospolitica que busca expulsar o “correr” los intereses partidarios o la disputa política. Son movilización de profundas discursividades políticas (e intereses definidos) pero ese escenario se construye asociando “política” al Estado y “lugar vacío de ella” a la oposición. El mito del Estado Robin Hood, que “te saca” es algo que recorre y actualiza los miedos políticos más profundos.

Las elecciones presidenciales y las presiones sobre los resultados de la segunda vuelta –que inicio Lasso- permitieron una movilización opositora que reeditó la sospecha (posmoderna y neoliberal) sobre el Estado. Ella fue articulada en torno a la supuesta corrupción del oficialismo, como sobre el conteo final. De esta manera, la victoria del oficialismo no clausura estos imaginarios políticos. Todo lo contrario. Hay una plaza que puede ser puesta en marcha.

Esteban De Gori, Camila Vollenweider, Ava Gómez y Bárbara Ester

Investigadores CELAG

@mcvollenweider

@edegori

@Ava_GD

@barbaraestereo

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