El pasado 13 de abril, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decidió poner fin a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH). Dicha misión, creada el 30 de abril de 2004 por la resolución 1542 del propio Consejo de Seguridad, recibió la encomienda de ayudar al gobierno de transición a establecer un entorno seguro y estable; apoyar la supervisión, reestructuración y reforma de la Policía Nacional de Haití; prestar asistencia mediante programas integrales y a largo plazo de desarme, desmovilización y reinserción (DDR); coadyuvar al restablecimiento y mantenimiento del estado de derecho, la seguridad pública y el orden público; proteger al personal de Naciones Unidas, los servicios, las instalaciones y el equipo y proteger a los civiles que se encuentren en riesgo inminente de violencia física; apoyar el proceso político y constitucional; ayudar en la tarea de organizar, supervisar y llevar a cabo elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales libres y limpias; socorrer gobierno de transición y a las instituciones y organizaciones haitianas en sus esfuerzos por promover y proteger los derechos humanos; e informar sobre la situación de los derechos humanos en el país.

Como se recordará, la MINUSTAH fue antecedida por diversas iniciativas promovidas por la ONU para coadyuvar a la estabilidad en el atribulado país caribeño, el más pobre del continente americano. Esta nación, con poco más de 15 millones de habitantes que residen en un territorio de 27 mil 750 kilómetros cuadrados, se ubica en la 163ª posición en los índices de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en una lista de 188 países. Haití, comparte una frontera de 488 kilómetros con la República Dominicana, ocupando una misma isla, “la Española.” Sin embargo, a cada lado de la frontera se observan contrastes notables. Por ejemplo, mientras que en Haití apenas el 40% de la población sabe leer y escribir, en la vecina República Dominicana (que se ubica en la 99ª posición en los índices de desarrollo humano del PNUD), la cifra llega al 90%. La tasa de mortalidad infantil es tres veces superior en Haití respecto a su vecino y la esperanza de vida para los haitianos es, de apenas, 52 años.

Si bien los territorios insulares, en general, son vulnerables al calentamiento global y el cambio climático, las carencias de Haití lo exponen a grandes daños cuando, por ejemplo, el país enfrenta huracanes o bien, otros fenómenos naturales como los terremotos. Las ciudades más importantes de Haití están asentadas en la costa, por eso las inundaciones suelen tener un impacto mucho más dramático. A esto se añade la infraestructura inadecuada que obstaculiza la ayuda rápida ante la irrupción de algún fenómeno natural. Esta es la razón por la que el terremoto de enero de 2010 causó la muerte de unas 220 mil personas. Un hecho a destacar es que, en Haití, la urbanización es precaria, por lo que la población se asienta mayormente en zonas rurales, en marcado contraste con lo que se observa en la vecina República Dominicana.

Los servicios básicos en Haití son escasos y cuando existen, muy irregulares. Por ejemplo, el abastecimiento eléctrico es irregular e impredecible, lo que lleva a la gente a usar como fuente de energía la madera. Ello ha contribuido a dilapidar los bosques, situación que, a su vez, eleva la vulnerabilidad del país a fenómenos hidro-meteorológicos como los descritos.

En Haití, el 40% del presupuesto nacional procede de la asistencia internacional. La comunidad de naciones, encabezada por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, otorga apoyos al país caribeño, donde el ingreso per cápita es, de apenas, mil 153 dólares. Una de las fuentes de ingresos más importante para el país son las remesas de los haitianos residentes en el exterior, quienes aportan alrededor de mil millones de dólares, que permiten a algunas familias en la ínsula, sobrevivir.

La inestabilidad política en Haití

A los fenómenos y desastres naturales en Haití, los ha acompañado la inestabilidad política. En 1804, el país nació a la independencia tras una revolución anticolonial y antiimperialista. Su economía, basada en la explotación de la caña de azúcar llegó a aportar a Francia, en los tiempos coloniales, alrededor de la mitad de la riqueza nacional al país europeo. Sin embargo, tras la independencia, Haití fue sometida al aislamiento internacional, primero por poner el mal ejemplo a otras colonias que podrían tratar de emular la justa independentista, y también porque como en Haití no hubo mestizaje y los colonizadores blancos fueron exterminados durante el proceso de independencia, ningún país deseaba tener tratos, ni comerciales ni de ningún tipo, con una nación gobernada por “negros” que además eran hombres libres, toda vez que en el proceso de independencia había sido abolida la esclavitud.

Con todo, un problema recurrente al día de hoy en Haití ha sido la convivencia entre la mayoría de la población que es negra y la minoría mulata. En cualquier caso, desde su independencia, Haití ha enfrentado el desprecio internacional y, adicionalmente, a nivel interno, gobiernos corruptos. Es difícil olvidar a los Duvalier, padre e hijo, quienes gobernaron Haití de 1957 a 1986. Francois Duvalier, quien se proclamó “Presidente vitalicio” y su vástago, Baby Doc, instauraron un régimen represivo, creando una policía secreta para afianzar su poder, mientras controlaban la riqueza del país. Gracias a ello lograron acallar a la oposición y las protestas de la población por espacio de tres décadas. Pese a ello, en 1986, Baby Doc fue depuesto en un golpe de Estado –otro más-, tras el cual se sucedieron varios gobiernos interinos hasta que en 1991 fue electo democráticamente por primera ocasión en la historia haitiana, Jean-Bertrand Aristide, derrocado, posteriormente y reinstalado por presiones internacionales, en 1994.

Haití y Naciones Unidas

La labor de las Naciones Unidas en Haití comenzó en febrero de 1990 cuando, a petición del gobierno provisional, el Grupo de Observadores de las Naciones Unidas para la Verificación de las Elecciones en Haití (ONUVEH) supervisó la organización y la celebración de los comicios en el país. La situación empeoró tras el golpe de estado de 1991 y el derrocamiento de Aristide. La ONU y la Organización de los Estados Americanos (OEA) respondieron a estos hechos desplegando conjuntamente una Misión Civil Internacional en Haití (MICIVIH), en febrero de 1993. En septiembre de ese mismo año, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas estableció la primera operación de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz en el país, la Misión de las Naciones Unidas en Haití (UNMIH). Sin embargo, debido a la falta de cooperación de las autoridades militares haitianas, en aquel momento no pudo desplegarse la UNMIH en toda su capacidad para llevar a cabo el mandato que se le encomendó.

En julio de 1994, el Consejo de Seguridad autorizó el despliegue de una fuerza multinacional de 20 mil efectivos para facilitar el pronto regreso de Aristide, mantener un entorno seguro y estable en el país y promover el estado de derecho. Como se recordará, tras este hecho, Aristide volvió al país y culminó su gobierno en 1996, siendo sucedido por René Preval. Aristide regresó al poder tras los comicios del año 2000, fuertemente impugnados por la comunidad internacional, y en 2004 fue depuesto por otro golpe de Estado.

La ONU aprobó diversas iniciativas previas a la creación de la MINUSTAH, entre ellas, la propia UNMIH, que asumió plenamente sus funciones en marzo de 1995, la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSMIH), la Misión de Transición de las Naciones Unidas en Haití (UNTMIH) y la Misión de Policía Civil de las Naciones Unidas en Haití (MIPONUH).

La MINUSTAH estaba autorizada a incorporar hasta seis mil 700 efectivos militares, mil 622 policías civiles, cerca de 550 funcionarios civiles internacionales, 150 voluntarios de las Naciones Unidas y mil miembros del personal civil local. Durante los años siguientes, el Consejo de Seguridad modificó en varias ocasiones el mandato de la MINUSTAH. En el año 2010, aunque aún con importantes problemas en muchos frentes, Haití parecía estar en el camino de conseguir un futuro más prometedor para su población, gracias a la labor conjunta de las autoridades haitianas, Naciones Unidas y la comunidad internacional. Se había conseguido erradicar la violencia en gran parte del ámbito de la política, y la seguridad pública estaba cerca de ser restablecida, tras una importante reducción de la actividad delictiva. Los medios de comunicación operaban libremente y la economía crecía a pesar de la crisis económica mundial. Algunas enmiendas constitucionales positivas llevadas a cabo hacían pensar en un crecimiento económico constante durante los siguientes años. Sin embargo, el terremoto de enero de 2010 fue un duro revés para el país y para la propia MINUSTAH, donde murieron un centenar de cascos azules, incluyendo el jefe de la misión, además de que la sede de la misma colapsó ante el movimiento telúrico. El terremoto devastó la capital haitiana, su infraestructura y servicios y a continuación se propagaron los problemas sanitarios, resultando en una epidemia de cólera de la que, a la fecha, el país no se recupera.

Ante lo sucedido, se elevó el número de efectivos de la MINUSTAH, hasta un máximo de ocho mil 949 en el componente militar y de cuatro mil 392 en el componente policial. Se reconoció la necesidad de que la MINUSTAH asistiera al gobierno de Haití para proporcionar protección adecuada a la población, prestando particular atención a las necesidades de desplazados internos y otros grupos vulnerables, especialmente mujeres y niños. Para ello se previeron dos mecanismos básicos: labores policiales en los campamentos, y fortalecimiento de los mecanismos para combatir la violencia sexual y violencia de género y para reducir el peligro de un resurgimiento de la violencia de pandillas, delincuencia organizada y trata de personas.

Al terremoto le siguieron diversos huracanes que, como se explicaba anteriormente, son recurrentes y devastadores en el país. Así, los meteoros Isaac y Sandy en 2012, impactaron en los esfuerzos de reconstrucción, elevaron la propagación del cólera y coadyuvaron al malestar social. El año pasado, sin ir más lejos, otro huracán, Matthew impactó en el sur del país, destruyendo las precarias viviendas existentes y provocando varias centenas de muertos, lo que llevó a posponer la realización de las elecciones presidenciales, originalmente previstas para el 9 de octubre.

En esas condiciones ha debido operar la MINUSTAH, una misión en la que diversos países latinoamericanos como Chile, Brasil y Uruguay han tenido una participación protagónica. La MINUSTAH, sin embargo, ha sido objeto de fuertes críticas e impugnaciones. Algunas organizaciones sociales denuncian que la misión ha actuado en complicidad con Estados Unidos, en aras de intervenir en los asuntos internos de la nación caribeña. Pero son también graves las acusaciones sobre abuso y explotación sexual en especial contra niños y mujeres haitianos, que involucran a cascos azules de las diversas naciones que han contribuido con personal a Haití. Al respecto, se han documentado varios abusos, pero se teme que haya muchos otros sin denunciar. Un problema concomitante es que, incluso en los casos que han sido documentados y en torno a los que existen evidencias contundentes de los abusos, los infractores no han recibido castigo alguno.

Ante ello, ya en 2016 el Consejo de Seguridad de la ONU evaluaba la finalización de la MINUSTAH. Como se recordará, el 20 de noviembre de 2016 se llevaron a cabo los comicios presidenciales en los que el candidato del Partido Haitiano Ted Kale (PHTK), Jovenel Moise, se alzó con el 55.67% de los votos, en tanto el segundo lugar lo obtuvo Jude Celestin de la Liga Alternativa por el Progreso y la Emancipación Haitiana (LAPEH) con 19.52% de los sufragios. Con todo, tuvieron que transcurrir algunos meses antes de que Moise –quien creció a la sombra del ex mandatario haitiano Michel Martelly, empresario de profesión, fuera declarado oficialmente como Presidente de Haití, cosa que ocurrió el 3 de enero del presente año.

La elección de Moise parece haber sido el factor que detonó la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU para aprobar, de manera unánime el pasado 13 de abril, el fin de la MINUSTAH, mismo que deberá materializarse en octubre próximo. A pesar del anuncio, Naciones Unidas ha dejado saber que la salida de la misión no significa que el país caribeño sea abandonado a su suerte, sino que lo que se hará es reemplazar a los efectivos de la MINUSTAH, que actualmente ascienden a unas cinco mil personas, entre militares y civiles, por un contingente de mil 200 policías, quienes estarán a cargo de vigilar el imperio de la ley, el desarrollo de capacidades policiales en Haití, y el respeto de los derechos humanos.

Con todo, no parece que los problemas estructurales de Haití hayan sido siquiera ponderados ni ahora ni tampoco durante los 13 años de existencia de la MINUSTAH. Ésta misión, al igual que la inmensa mayoría de las operaciones de mantenimiento de la paz (OMPs) de la ONU, se enfocan más en mitigar la violencia (paz negativa), que en combatir las causas que la generan (paz positiva). Esa es la razón por la que se puede considerar fallida la gestión de la MINUSTAH, porque si bien acudió en auxilio de un país necesitado de toda la ayuda posible, sólo atendió, coyunturalmente, las emergencias del día a día, como hacen los bomberos cuando hay un incendio.

En el gobierno de Enrique Peña Nieto, se tomó la decisión de que México contribuya a las OMPs de la ONU con personal militar, siendo Haití uno de los destinos de los oficiales emplazados por la Secretaría de Marina-Armada de México y la Secretaría de Defensa Nacional. Se ha visto que Haití es un país cuya inestabilidad tiene repercusiones para México. Tras el terremoto de 2010, México recibió a ciudadanos haitianos para coadyuvar a solucionar la crisis humanitaria resultante. Con todo, en la frontera México-Estados Unidos, específicamente en Tijuana, hay una presencia creciente de haitianos, quienes buscan ingresar a la Unión Americana, huyendo de las miserias y penurias que enfrentan en su terruño. El Instituto Nacional de Migración revela que entre 2016 y 2017 han llegado a la península de Baja California unos 19 mil haitianos, muchos de los cuales lograron cruzar la frontera. Empresarios maquiladores de la zona, dicen que han contratado mano de obra haitiana debido a las necesidades de la industria, que dice tener vacantes para unos 20 mil trabajadores a lo largo de la franja fronteriza.

Las autoridades nacionales señalan que hay unos tres mil 500 haitianos en Tijuana, de los que 400 han regularizado su situación migratoria. Con todo, el endurecimiento de las políticas migratorias de Trump alerta respecto a deportaciones masivas, mismas que podrían generar problemas de todo tipo en México, tanto si los repatriados son connacionales o si, como en el caso de Tijuana, son haitianos. Asimismo, cada vez se extiende más la percepción entre los migrantes que usan a México como plataforma para ingresar al territorio estadunidense, de que la administración de Donald Trump coloca a los expatriados en una situación imposible, lo que está llevando a que muchos opten por quedarse en México.

Dado que no parece que el panorama socio-económico mejore en Haití en el corto plazo –y considerando que el retiro de la MINUSTAH podría generar un crecimiento de la inestabilidad en el país caribeño-, es razonable suponer que aumentarán las migraciones de haitianos a otras naciones, entre ellas México, por lo sería muy importante que el país pugne, en el seno de la ONU, de la OEA y otros foros, por un mayor nivel de compromiso de parte de la comunidad internacional en apoyo a Haití. Asimismo, México debería tener un papel más proactivo en la atención de los haitianos y otras comunidades de indocumentados que arriban al país, a efecto de evitar crisis humanitarias en territorio nacional.

María Cristina Rosas es profesora e investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México

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