Probablemente el derecho absoluto que tenemos es el de pensar, nadie puede penetrar en nuestra mente ni imponernos una ideología, somos libres de auto definirnos y auto determinarnos. Pero esa libertad debe tener su complemento, el derecho de expresarnos, parte integrante y fundamental de los derechos humanos, pues sin poder exteriorizar nuestro pensamiento, las demás garantías no podrían ser reivindicadas.

Este derecho es considerado consustancial a la democracia, pero, más allá, es indispensable para poder participar en debates sin temor a ser reprimidos o sancionados por lo que decimos, producto de nuestro modo de pensar.

Es, por lo tanto, un derecho que concierne a todos los seres humanos y que tiene una dimensión individual y una colectiva; es decir, cuando contrastamos nuestros puntos de vista con los de otros que no piensan como nosotros. Y como todo derecho implica también deberes, especialmente referidos al debido respeto a las garantías de los demás, lo que implica una práctica ética, indispensable en todo acto humano.

Desde hace varias semanas hemos observado con preocupación cómo, en diversos casos, se está violentando el derecho de hablar, de opinar, de escribir, formas en que se materializa la libertad de expresión.

Seguramente los casos que citaré son polémicos, pero de eso se trata, de que reflexionemos, que defendamos el principio constitucional que cobija a ese derecho fundamental en una democracia.

Al diputado Fernando Linares se le interpuso un antejuicio, aceptado por la Corte Suprema de Justicia, por supuestamente haber cometido el delito de discriminación contra personas discapacitadas. El exconstituyente, quien dada su investidura goza del derecho de irresponsabilidad parlamentaria, se manifestó contrario a una ley referida a ese grupo humano. Con esta decisión se está violando la Constitución Política de la República, porque ese ciudadano está ejerciendo su derecho constitucional a la libertad de expresión, calificado en este caso por su prerrogativa parlamentaria, estemos o no de acuerdo con lo que expresó.

Y el otro caso reciente es el del coronel de Infantería Édgar Rubio Castañeda, quien, ejerciendo este derecho, que obviamente no excluye a nadie, escribió un libro en el que coloca sus puntos de vista, de forma crítica, sobre su institución, el Ejército de Guatemala, pero resulta que como no fue del agrado del alto mando, al coronel se le citó a una junta de honor militar que ya le fijó un plazo de dos semanas para que pruebe lo aseverado por su escrito.

Además de que es absurdo que en ese plazo el señalado por sus compañeros de armas pueda reunir todas las pruebas referidas al relato que se atrevió a dar a conocer, el Ejército, esa institución cuyas funciones están establecidas en el artículo 244 de la Constitución Política, no contempla para sus integrantes, entre sus prohibiciones, la libertad de expresarse, porque lógicamente eso sería violatorio a la Carta Magna, que es lo que están haciendo ahora pretendiendo criminalizar a uno de los suyos por haber revelado asuntos que, a veces en voz baja, se conocen.

Y como no se trata de defender a personas sino principios constitucionales, considero que estos casos son una alerta que puede abrir la puerta a la censura, prohibida por la ley superior.

Finalmente, en otro asunto, rechazamos el oportunismo de la diputada Sandra Morán, quien pretende presentar una iniciativa de ley de protección a los periodistas, viéndonos de nuevo como objetos y no como sujetos de derechos. No aceptamos esa injerencia arbitraria que no sabemos a qué intereses obedece.

Guatemala, 1 de junio de 2017.

- Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, es directora de la Agencia CERIGUA