Decisiones como las que ha tomado la Corte Constitucional respecto al pacto político de paz negociada, ya suscrito entre el Estado y la insurgencia; la insistencia de los líderes de grupos político-religiosos por limitar derechos; iniciativas para favorecer a responsables de delitos atroces de paramilitarismo o corrupción con medidas especiales de reclusión, rebaja de penas o; la continuidad de contratos con empresas cuestionadas por violaciones a derechos, advierten de la existencia de tres tendencias en la concepción que orienta y somete a confusiones y estrategias de poder la vida judicial del país.

Las tres se mezclan unas veces para complementarse, otras para subsidiarse y por solidaridad de poder y en el actual momento de tensión, ante la polarización a la que quieren devolver al país algunos sectores con la falsa disyuntiva guerra-paz, que ya está superada, queda al descubierto una disputa entre fuentes distintas en el orden discursivo y modos de acción, reconocible cada una a través de sus temas y defensores.

La primera es la ley de Dios, que en el siglo XXI ha reaparecido con fuerza, en buena parte por la cooptación del Estado por el mercado que envió a la miseria a millones de personas y provocó el desmonte de los sistemas de gasto y asistencia social, lo que fue aprovechado para reconducir la desesperanza hacia la fe. Esta concepción es defendida por ciertos [1] líderes de congregaciones religiosas (pastores y de obispos), con representación en el gobierno, las cortes de justicia, el congreso y los medios, desde donde promueven el regreso del debate moral que pone en retroceso derechos y conquistas ya logradas, a la vez que fomenta temores al desconocido y pasiones por lo imponer lo propio.

La segunda es la ley del Estado laico, defendida por sectores progresistas,  intelectuales, sectores políticos minoritarios y la gran mayoría de organizaciones sociales que resisten contra las políticas del estado, que aceptan la existencia de un mundo cambiante movido por intereses de emancipación y deseos de libertad. En común en esta concepción se entiende el derecho como instrumento de regulación social y protección de derechos conquistados.

Y la tercera es la ley de las Mafias, que defienden sus conquistas a base del terror y consideran que el derecho es una mercancía a la que pueden acceder según su deseo personal, porque como todo conocimiento o cosa material la ley es un objeto de mercado que tiene precio y otorga el beneficio a quien pueda pagarla, y permite comprar inclusive a jueces, magistrados, funcionarios, condenas, vidas humanas y gobiernos.

 La ley de Dios, es invocada para negarse a aceptar que el viejo régimen, de la constitución de Núñez de 1886, fue derrotado por las convulsiones sociales, civiles y armadas, cuyo punto de encuentro fue la Asamblea Nacional Constituyente que forjó la nueva constitución de 1991, que, abrió la puerta al estado moderno, respetuoso de los otros, de sus derechos y sus conductas, dejando atrás al antiguo régimen confesional en el que el estado estaba entregado al sagrado corazón, la política al frente nacional liberal-conservador y la vida personal a los prejuicios morales de los capataces de las fincas. De la puesta en escena política de la ley de Dios, para entorpecer derechos, no son responsables sus feligreses, que también hacen parte de los sectores vulnerados, excluidos y marginados por el poder. Sus responsables hay que buscarlos entre congresistas, magistrados, gobernantes y directivas de instituciones que no separaran su fe personal y prejuicios de su oficio y a veces convierten sus despachos en capillas de oración, izan las banderas de fe de los cruzados, celebran oficios religiosos en nombre de las instituciones, fomentan la segregación en nombre de la hermandad y maldicen a quienes no acogen sus mandatos, sin precaución por entender que sus comportamientos violentan derechos, irrespetan y ofenden la conquista común llamada laicidad, consignada en la constitución que a pesar de ser agredida con frecuencia trata de afianzar el estado moderno, diverso y plural.

La ley del Estado, de carácter civil, se funda en la construcción humana de la justicia. Reconoce la historia de los pueblos, su fuente es la razón y funciona separada de todo prejuicio, reconoce a la ética no a la moral y juzga sin distinciones. Aunque es la única con validez efectiva, su aplicación resulta débil, por la inexistencia de un real estado de derecho, obstaculizado justamente por la solidez de las otras leyes. Es la ley que fundamenta sus actuaciones en la justicia material y reconoce a los derechos en la base de sus decisiones. Acoge los resultados de luchas sociales y sus formulaciones son técnicas, objetivas e imparciales con el fin de regular la convivencia y además contiene la letra y espíritu de los grandes aportes universales de protección de la vida humana y del planeta. Es la ley que debe imponerse en el estado de derecho, más ahora que su capacidad es requerida para que el estado en cada uno de sus poderes entienda y aprehenda que los pactos políticos, como el acuerdo de paz entre el estado y la insurgencia, tiene esencia política y la ley del estado ha de ser el instrumento de garantía, no al contrario, máxime cuando al amparo de la ley de dios se produjo la derrota electoral del primer acuerdo, y que sus líderes tratan de cobrar para poner en retroceso la paz negociada.

 La tercera ley que impera en Colombia con fuerza suficiente para provocar daños irreversibles, bien porque esta incrustada en el estado o por su alcance afirmado en las reglas del mercado, -para el que nada es legal o ilegal-, es la ley de las mafias, asociada a una idea de ley de la selva, del más fuerte, extendida a través de esparcir horror y sufrimiento, con la astucia del que delinque y sabe tapar o borrar las huellas de su crimen. Esta ley fomenta el espíritu mafioso y criminal del todo vale, del astuto, el cínico, el perverso que desconoce toda construcción humana colectiva, se hace y aplica con base al interés propio de un sector, grupo o cofradía que invalida lo que sea para imponer lo suyo.

La existencia entrecruzada de estas tres concepciones ponen en tensión el valor de la ley impidiendo consolidar un estado de derecho real, solido, legítimo y capaz de responder en democracia a los retos que plantea este tiempo de complejidades, de interconexiones que superan todo limite previsto y de creación colectiva de una paz estable y duradera.

El primer paso para todas las concepciones es abandonar su ideologización respecto al espíritu contrainsurgente que provoca odios y discriminaciones, al tiempo que el estado emprenda la tarea de imponer para todos los poderes, instituciones y funcionarios, la soberanía del derecho de concepción civil y laico, que es único con capacidad para representar legítimamente a la nación entera y fomentar la protección y respeto por los derechos humanos. Solo de esta manera se podrá garantizar el transito no otra vez del antiguo régimen a la sociedad moderna, si no de la guerra a la paz con plenos derechos.

El objetivo común tiene que ser el de crear una cultura de la legalidad que fomente la convivencia democrática, sirva para recuperar el valor de la vida como esencia de toda actuación humana y contribuya a reconstruir las instituciones y aceptar con respeto la ley como norma fundamental de garantía para que Colombia no sea una buena noticia para turistas, sino una maravillosa realidad para vivirla con paz y dignidad.

 Nota

[1] Se señaló en octubre de 2016, que alrededor de 720 pastores suscribieron el No al plebiscito.