El golpe dado el año pasado a Dilma Rousseff confirmó, entre martes y miércoles de esta semana, dos de sus objetivos presupuestos: por un lado, avanzar en una nueva arquitectura jurídica para las relaciones laborales del país que desestructurara los progresos incrementales en materia de derechos que se dieron durante los últimos años, avances que posibilitaron – vía decisión política de los gobiernos del Partido dos Trabalhadores – aumentar el poder de compra de las clases trabajadoras, disminuir las desigualdades, apalancar la movilidad social. Por otro lado, arrinconar aún más aquello que representa Lula, Lula da Silva, el hijo del Brasil, el presidente honorario de un Partido con una estrella roja – aunque hoy en día…-, el que en el último tiempo arremetió contra OGlobo, el que se irritaba cuando lo comparaban con Lech Walesa, el de los saludos con Fidel, el amigo de Chico Mendes, el líder sindical del ABC. Esta semana: derechos laborales triturados; y el derecho penal, bajo intérpretes arbitrarios.

Tres eran las modificaciones normativas que las elites pusieron como requisitos para respaldar un impeachment tan grotesco como el que se encaminó el año pasado: dos necesariamente requerían el status de enmienda constitucional (el límite a los gastos públicos, aprobada el año pasado, y la reforma de las jubilaciones, aún en tratamiento) y la otra, una mayoría en ambas cámaras (la reforma laboral). En el preciso momento en el que la propia situación judicial/parlamentaria de Michel Temer empezaba a estar muy comprometida, todos los esfuerzos se concentraron en lograr por lo menos el segundo de los objetivos dispuestos; y así fue, con show de luces en el recinto y toda la pirotecnia del peor de los Congresos de la democratización, tal como le corresponde a esa cuadrilla que hoy está a cargo del Ejecutivo. Quizás no sea Temer el que realice la tercera de las reformas, y sea Rodrigo Maia, el actual Presidente de la Cámara – que reemplazaría a Temer frente a una potencial suspensión o renuncia-. Esa sería la misión política del período: lograr una mediana estabilidad – con Temer o con Maia, poco importa- de forma tal que se logre coronar la tercera de las reformas y, así, el capitalismo brasileño tenga el camino despejado para un nuevo ciclo de acumulación.

Lo sucedido con la condena en primera instancia a Lula es igualmente grave. No sólo porque la investigación y los procesamientos a Lula fueron marcados por arbitrariedades de procedimiento – y, como tal, fueron denunciados en instancias internacionales- sino que la misma condena de S. Moro refuta más de 70 testimonios (27 de los cuales de la acusación) y carece de verdaderos elementos probatorios, como lo fue el caso de J. Vaccari, ex tesorero del PT, que fue absuelto por falta de pruebas en segunda instancia y puso en evidencia la endeblez de substanciar una acusación en la delación de la delación. Para el caso, la segunda instancia que le toca a la condena de Lula sólo confirmó el 54% de las sentencias de Moro.

Más allá de la candidatura de Lula para las próximas elecciones presidenciales, y su evidente peso como el principal (y federalizado) liderazgo político brasileño, lo que esta decisión judicial intenta hacer es no sólo arremeter contra la figura de Lula en sí, sino contra todo un espacio político. Lo que trata de correrse del mapa (y anular) de las opciones y alternativas políticas es un determinado tipo de proyecto político: el que, con sus aciertos y virtudes, logró transmitir de cara a la ciudadanía de que era posible que el manejo de los asuntos públicos – como, por ejemplo, el presupuesto- no contemplara exclusivamente como receptores a las tradicionales elites sino también a los sectores populares. Es que lo que se debate, en el andamiaje institucional que sea, es el destino de los proyectos: el martes culminó un desenlace en el Senado, el miércoles fue el turno del Poder Judicial. Los mismos beneficiarios.

Amílcar Salas Oroño

Investigador CELAG

Fuente:  http://www.celag.org/fora-da-lei/