El último jueves, el juez Richard Concepción Carhuancho, superó su propio récord al dictar prisión preventiva contra Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, siendo así, el segundo exmandatario al cual el magistrado emite dicha medida, tras pedidos presentados por la fiscalía. 

Tras cinco horas de audiencia, Concepción ordenó las pruebas presentadas por el fiscal Germán Juárez, con las cuales sustentó el pedido de cambio de situación de comparecencia restringida a prisión preventiva, tras considerar que existían riesgos de fuga y de obstrucción a la justicia por parte de la ex pareja presidencial y consideró que la mayoría de pruebas cumplía con los supuestos legales que daban pie a la medida de restricción de la libertad. 

Sin embargo, la discusión que se ha generado pasa por la dimensión del dictamen emitido por el titular de la Sala Penal Nacional. ¿Es una medida adecuada?, ¿En verdad existía riesgo de fuga por parte de los investigados?, ¿Había disposición por parte de Humala para quebrar el proceso con compra de testigos?, ¿La justicia es igual para todos?, ¿Por qué Humala preso mientras que Alan García y Keiko Fujimori no son tocados por la justicia? 

Estas preguntas recorrieron las redes sociales y las opiniones políticas en los medios de comunicación. Más aún cuando un caso reciente tiene a un gobernador regional libre, luego de pasar unas semanas en prisión tras una decisión del mismo juez. 

Otra Mirada, conversó con analistas, políticos y especialistas para tratar de tener una visión completa sobre esta decisión. 

Caminos político y judicial

Para el abogado Carlo Magno Salcedo, existe una doble vía en este proceso cuyos caminos no pueden ir por separado. “Existe una mirada política y otra jurídica”, señala en diálogo con este portal. 
“Los expertos han dicho, en reiterados momentos, que en el Perú se abusa de la detención preventiva”, afirma Salcedo. 

Quien sorprendió a muchos con sus comentarios, fue el abogado César Nakasaki, exdefensor del reo Alberto Fujimori. En la víspera de la emisión del dictamen comentó desde su cuenta de Twitter que “Pedidos de prisión preventiva sin fundamentos y a casi 5 meses de diferencia; sirven para argumentar falta de debido proceso”. 

Incluso, una vez conocida la decisión y mientras se esperaba el traslado de Heredia y Humala a los penales donde serían derivados, Nakasaki tuiteó, mientras comentaba una entrevista al ex procurador César Azabache: “(Azabache dice) que lo más probable es que sean culpables, pero eso se ve en juicio, no en una audiencia de prisión preventiva”. 

Quien coincide con esa visión, es el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe quien comentó que, si bien la resolución ha sido bien fundamentada, existen algunos baches judiciales como por ejemplo en el punto del peligro procesal de fuga. 
Señala Quispe que ese punto “es muy ambiguo, total ellos no podían salir del país sin autorización del juez y no los han ubicado en un aeropuerto del país o en la frontera, y siempre acudieron a declarar cuando fueron requeridos.” 

Sobre el uso de la transcripción de los audios para el proceso del caso “Madre Mía” como prueba de un peligro de entorpecimiento de la actividad probatoria, con la intención de disuadir a los testigos del caso por el cual hoy están en prisión, el abogado de IDL apunta que “pareciera que se sustenta en hechos no investigados en este proceso como es el caso de la compra de testigos en el caso "Madre Mía". Lo que no está en el expediente, no existe”. 

¿Una apelación podría ser aceptada? “Es probable que la Sala de Apelaciones revoque la decisión del juez Concepción”, apunta Quispe. 

Justicia ¿para algunos? 

Otro aspecto discutido en los últimos días, tiene que ver con la idoneidad de la medida, y si la fiscalía y el Poder Judicial actuarían con dicha celeridad con otros personajes involucrados en las delaciones de Odebrecht y Jorge Barata. 

La sospecha crece cuando se da a conocer que el mismo fiscal que acaba de lograr la prisión de los Humala – Heredia, desiste de continuar con los interrogatorios a Barata quien, según el mismo Odebrecht, era el que ejecutaba la entrega de pagos a otros candidatos como Keiko Fujimori o negociaba con el personaje de iniciales “AG”. 

Para Víctor Huarancca, dirigente del Frente Dignidad Callao, colectivo que denunció en reiteradas oportunidades la corrupción en el primer puerto promovida por “Chimpún Callao”, existe un “envilecimiento de los órganos de justicia y este tiene nombre y apellido "Alan-fujimontesinismo"”. Para Huarancca ambas fuerzas políticas “han copado la fiscalía, el poder judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura, para su propio beneficio”. 

Recuerda el dirigente chalaco que esta misma justicia es la que ha liberado a Félix Moreno, gobernador regional implicado en denuncias relacionadas al caso Lava Jato.

Sobre esto, Salcedo Cuadros también manifiesta que “Todos los involucrados en hechos de corrupción, deberían ser investigados u juzgados con la misma severidad, pero hay algunos respecto de los que se actúa con sospechosa desidia”.

Para el excongresista y exmilitante del Partido Nacionalista, Sergio Tejada “La prisión preventiva a Ollanta y Nadine me parece desproporcionada y muestra una justicia que se ensaña con dos de varios políticos investigados”. 

Tejada Galindo recuerda que “Keiko Fujimori también tiene un proceso por lavado de activos, no acude a citaciones y según declaraciones de Odebrecht habría recibido aportes de campaña. Pero increíblemente en este caso el fiscal dice que hay que tomar las declaraciones "con reservas"”.

Visto así, queda mucho por revisar y esperar los próximos resultados de este proceso que se presentaba como el caso del “fin del mundo”, pero que pareciera estar afectando solo a algunos. 

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