De Méjico poco o nada se habla en el estado español. Políticos, medios de comunicación y tertulianos pasan de puntillas sobre una realidad espantosa. Es un país de los nuestros y eso basta para invisibilizar sus desgracias. Lo cierto es que hay una situación de violencia de Estado ejercitada por los aparatos represivos como el ejército, la policía, y todos los servicios financiados para reprimir y espiar. Hay otra violencia, enquistada en más de la mitad de la población que vive por debajo de la pobreza. Para empeorar las cosas, el grado de endeudamiento del país es una locura irresponsable, otro hecho de la violencia económica y política contra la sociedad mejicana y la soberanía de la nación.

No se sabe con certeza cuántos son los desaparecidos, pero el diario conservador Excelsior, citando fuentes oficiales, cifra en 30.000 en los últimos diez años; en el primer semestre de este mismo años ya son 12.155 los asesinados, de los cuales siete eran periodistas (entre el año 2000 y el 2016 son 105 los periodistas asesinados); son cifras intolerables que resultan una vergüenza para cualquier Estado que se considere democrático. Los casos no resueltos e impunes como el de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, sin respuesta oficial seria, profunda, comprometen la credibilidad de las instituciones mejicanas. La extorsión ha crecido en lo que va de 2017 un 26% y los secuestros un 14%. Es, en conclusión, un desgarramiento brutal el que vive la sociedad mejicana. Sin olvidar que las más brutales violencias las protagonizan los cárteles de la droga y el propio Estado. Lo que está ocurriendo en Méjico es una pesadilla. Como será la cosa que al gobierno de Estados Unidos le preocupa el avance de la corrupción y el crimen organizado en los sectores público y privado.

En una sociedad civil asfixiada por un régimen político autoritario, los partidos políticos han fracasado en todos los intentos de regeneración democrática. La caída del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones del año 2000, después de siete décadas de dictadura perfecta (renovada en las urnas), alentó la esperanza de un nuevo tiempo, pero el Partido de la Revolución Democrática (PRD) que fundó Cárdenas y el Partido de Acción Nacional (PAN) como expresión renovada de la derecha, no han sabido ni podido colocar los pilares democráticos de un nuevo régimen. A nadie debería sorprender un estallido social.

En el caso de Méjico es significativa la complicidad de autoridades con organizaciones criminales, según el Informe sobre el Clima de Negocios 2017, publicado por el Departamento de Estado norteamericano. El saqueo de arcas públicas y el soborno son habituales en la vida política mejicana, dice el citado informe. Con motivo de la visita del Papa Francisco a Méjico en febrero de 2016 reconoció que la situación de inseguridad y violencia en México equivale a una guerra. No es poco lo dicho por un jefe religioso prudente y ecuánime.

La pregunta puñetera es: ¿por qué tanta benevolencia con Méjico al tiempo que se castiga a otros países latinoamericanos con juicios críticos radicales? Hay una respuesta inquietante: los gobiernos que nacionalizan empresas estratégicas y llevan a cabo políticas sociales a favor de las grandes mayorías son motivo de campañas de acoso y derribo; los que violan los derechos humanos todos los días pueden ser protegidos siempre y cuando mantengan el modelo neoliberal.

Méjico hoy por hoy es una democracia fallida. Y es que la democracia no puede estar viva y saludable en una sociedad que retrocede día a día en los derechos humanos, aumenta la desigualdad social en una magnitud brutal, y que ha hecho de la inseguridad ciudadana el paisaje normal de una población vulnerable ante la violencia extrema. La democracia, para serlo, exige un mínimo de cohesión social que hoy no existe en la sociedad mejicana. Veamos algunos datos.

Méjico ocupa el 14 lugar en cuanto a tamaño de la economía, pero 45 millones de mejicanos viven en la pobreza. Con el afán de corregir esta situación y revertir la desigualdad social OXFAM lanzó la campaña IGUALES, apoyándose en los siguientes datos: un 1% de la población recibe el 21% de toda la riqueza del país; sólo cuatro mejicanos acaparan el 10% del PIB, entre ellos Carlos Slim (77.000 millones de dólares) para quien Felipe González ejerce de asesor; el régimen fiscal favorece a los más ricos; la población indígena es cuatro veces más pobre que la población en general, viviendo el 38% de aquella en la más extrema pobreza; la educación pública concentra una precariedad enorme, así el 48% no tiene acceso a drenaje, el 31% carece de agua potable, el 13% no tiene baños, el 11% no tiene energía eléctrica, el 80% no tiene internet; la violencia es mucho mayor en las regiones y zonas marginadas por el Estado. El problema consiste en que la velocidad destructiva del modelo económico y del régimen político es mucho mayor que el esfuerzo constructivo de ONG como OXFAM.

Méjico vive peligrosamente. Con una clase política divorciada del pueblo y los ricos viviendo de espaldas a la nación, el futuro del país no es precisamente una rueda de luces ascendiendo hacia los cielos. Más bien Méjico transita hacia los infiernos de una realidad cronificada imposible de de regenerar. Los pobres que se pudran, es el lema de una minoría privilegiada que no está dispuesta a compartir el país. Ahora bien el dilema de esta minoría es que puede dominar pero no gobernar. Tal vez, como aquel 1 de enero de 1992 en que surgió el zapatismo, sólo falte una chispa para incendiar la pradera. Si eso ocurre Méjico volverá a estar en los titulares de nuestros medios de comunicación y en boca de políticos y tertulianos, pero será sin duda para oponerse a los nuevos actores del cambio.