Uno de los problemas no resueltos en Colombia es el de la justicia. No existe en nuestro país un sistema de justicia que sea justo, transparente, eficaz, garantista, pero que al mismo tiempo sea disuasivo frente a la criminalidad y al poder de las poderosas mafias nacidas principalmente en las economías ilegales comenzando por las economías ligadas con el narcotráfico, pero también y crecientemente con las economías ligadas a la minería ilegal.

En los años setenta del siglo veinte había un amplio consenso alrededor de dos problemas que de lejos aparecían como prioritarios y que amenazaban o en todo caso debilitaban la legitimidad del Estado. Por una parte el tema tampoco resuelto adecuadamente del ordenamiento territorial en que un centralismo en exceso producto de la centenaria constitución de 1886 que había marchitado, por decir lo menos, la unidad nacional y el otro problema relevante era el de la justicia. Sobre este último problema se identificaban como sus principales componentes (1) el atosigamiento del sistema judicial que entonces como hoy mostraba unas cifras desgarradoras. Cerca de tres millones de procesos en curso sin posibilidad real de ser resueltos, esta cifra sigue siendo una afrenta para el sistema judicial; (2) una gran cantidad de personas detenidas sin que hayan sido condenadas, (3) un sistema carcelario inhumano y violador de los más elementales derechos humanos, como lo manifestó la Corte Constitucional en el año de 1999 en que declaró el Estado de Cosas Inconstitucional en el sistema carcelario en el país que volvió a ser declarado en el año 2013 y que sigue vigente y se manifiesta en la sobrepoblación de los centros penitenciarios. Estos tres problemas siguen estando en la base de la crisis judicial y frente a ellos los intentos de reforma o las reformas que se han implementado como el desmonte del sistema inquisitivo y la adopción del sistema acusatorio han fracasado si nos atenemos a los resultados.

Pero a esos problemas se viene a sumar ahora el problema de la corrupción en el sistema judicial que siempre ha existido pero que no había alcanzado ni la profundidad ni había comprometido a los órganos máximos de la justicia en el país, vale decir a la altas Cortes de Justicia. Quizás esa corrupción existía pero nunca se investigó y las denuncias eran esporádicas y no como ahora sistemáticas. Siempre en Colombia la justicia ha sido clasista. Baste con señalar que la justicia se ocupa principalmente de pleitos relacionados con cobros judiciales y líos con la propiedad dejando en un segundo plano el problema de los asesinatos, la violación de los derechos humanos, en fin, dejando de lado los temas centrales de un sistema judicial que debe ser el castigo a quienes atentan de manera grave contra la convivencia social y violan los derechos fundamentales que son la base para la construcción de las entidades públicas del Estado. Esto preocupa muy poco al régimen político y al bloque histórico que domina la vida política, económica y social del país. La muestra está en que por ejemplo el eje fundamental de la reforma judicial que se ha intentado en las dos última reformas estructurales no se ha ocupado para nada de los problemas centrales,  ellas se han ocupado de problemas que realmente existen como por ejemplo de las funciones electorales asignadas a las altas Cortes de Justicia que han profundizado el clientelismo y la negociación de favores entre las distintas ramas del poder público; se ha ocupado de tratar de encontrar mecanismos para la investigación y el juzgamiento de los altos personeros del Estado que en Colombia no tienen quien los ronde pues todos estos altos funcionarios cerca de 1300 tienen un fuero especial para la investigación y el juzgamiento de sus conductas.  Este sistema ha hecho aguas desde hace muchos años por su ineficacia lo cual ha conducido a una generalizada impunidad en el país.

El más reciente escándalo que compromete a las altas Cortes de Justicia ha sido destapado por la DEA y por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Los hechos inicialmente se relacionaron con las investigaciones, más de 20, por el desfalco de las finanzas del departamento de Córdoba. El gobernador Alejandro Lyons Muskus, (2012-2015) viene siendo investigado por delitos de corrupción en el ejercicio de su cargo. Para favorecerlo en el proceso judicial, Luis Gustavo Moreno, fiscal nacional anticorrupción, ofreció sus buenos oficios a cambio de que Lyons le pagara una coima de 400 millones de pesos, cerca de 150 mil dólares. Lyons acudió a la DEA quien a cambio de colaboración con la justicia le ofreció protección en el Estado de  la Florida y allí le tienden una celada a Moreno quien recibe parte del soborno en territorio estadounidense lo cual quedo debidamente registrado en grabaciones y documentos. En esas grabaciones saltan a primer plano y en un primer momento las relaciones de cuatro parlamentarios con los casos de corrupción de la firma brasilera Odebrecht y  otros funcionarios públicos y lobistas dedicados a repartir los dineros ofrecidos por esta firma para obtener jugosos contratos con el Estado. Pero hubo un segundo paquete de información remitido por el Departamento de Justicia en el cual se mencionó por primera vez a tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, los exmagistrados:  Leonidas Bustos, Francisco Javier Ricaurte y Tarquino Pacheco a quienes se menciona por ser beneficiarios de coimas a cambio de favorecer a los investigados en los procesos judiciales que estaban en dicho organismo.

Uno de los parlamentarios señalados en el primer informe y reiterado en el segundo informe es Musa Besaile, senador por el Partido de la Unidad Nacional que es el partido del presidente de la República actualmente y en el pasado fue el partido político fundado desde la presidencia de la República por Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Besaile fue el senador que obtuvo la segunda mayor votación en las elecciones al Congreso en el año 2014 con un poco más de 147 mil votos. Es mencionado en los documentos del Departamento de Justicia en los hechos de corrupción ligados a los contratos de la firma Odebrecht para la concesión de la licitación para la construcción de un tramo de la Ruta del Sol que busca mejorar la conectividad del centro del país con la Costa Caribe. En la segunda remisión de documentos del Departamento de Justicia a la Fiscalía General de la Nación en Colombia, Musa Besaile es mencionado en la trama de corrupción que compromete a los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia.

En estas circunstancias Musa Besaile acude a la Corte Suprema de Justicia para entregar su versión en este segundo caso pues alega su inocencia en el primero. Los hechos relatados se pueden resumir de la siguiente manera. En el año 2007 el jefe paramilitar, Salvatore Mancuso declaró en Justicia y Paz que en las elecciones para gobernadores y alcaldes del año 2003, seis congresistas cordobeses conformaron el grupo llamado “El Sindicato” y que ese grupo lo buscó con el objetivo que apoyara a un candidato de ellos para la gobernación de Córdoba que tenía como objetivo acabar con el dominio tradicional de la familia López Cabrales cuyo candidato era Libardo López. Los seis parlamentarios eran Zulema Jattin, Julio Manzur, Miguel de la Espriella, Eleonora Pineda, Reginaldo Montes y Musa Besaile.  Agregó Mancuso en sus declaraciones a la Justicia que después de sellado el acuerdo con “El Sindicato”, Jesús María López y su sobrino, Juan Manuel López, éste último de la familia López Cabrales, lo buscaron y se reunieron con él, para ofrecerle las secretarías de Hacienda y de Salud de Córdoba, a cambio de deshacer el acuerdo con “El Sindicato”.

Todos los parlamentarios mencionados por Mancuso en su declaración fueron investigados y/ o condenados mientras que a Musa Besaile ni siquiera se le abrió investigación. Fueron condenados por parapolítica Zulema Jattin, Miguel de la Espriella, Reginaldo Montes y Eleonora Pineda. Se le abrió investigación que sigue aún vigente a Julio Manzur detenido y puesto en libertad por vencimiento de términos pero sigue siendo investigado. Fueron condenados por parapolítica el exgobernador Jesús María López y el ex senador Juan Manuel López Cabrales.

Besaile señala que a comienzos del año 2015 el ahora exfiscal Luís Gustavo Moreno quien en ese tiempo era un abogado litigante y luego fue asesor del exfiscal general, Luis Eduardo Montealegre (2013-2016) lo buscó y le ofreció sus servicios para que la investigación en la Corte Suprema no avanzara. Hoy se sabe que en esos meses un magistrado auxiliar de la Corte Suprema a quien correspondió el caso proyectó un fallo para que se investigara penalmente a Musa Besaile. Dicho proyecto se lo entregó al magistrado Gustavo Malo Fernández en cuyo despacho estaba el proceso contra Besaile desde el año 2012. Malo Fernández no aprobó la apertura de investigación. Entretanto el magistrado auxiliar del despacho de Malo fue relevado de su cargo y en su reemplazo fue nombrado Carlos Bula como magistrado auxiliar quien es un abogado amigo de Besaile. Hay que anotar que el magistrado Gustavo Malo Fernández fue apadrinado para su nombramiento por Francisco Javier Ricaurte.

Besaile señala que Luis Gustavo Moreno lo buscó desde el año 2014 y a comienzos del año 2015, señalándole que el proceso estaba avanzando en la Corte Suprema y que sería detenido y además que él era el único que podría ayudarle. Finalmente hacia el mes de marzo o comienzos de abril del año 2015 Besaile  accedió a pagar 2 mil millones de pesos, unos 750 mil dólares de la época, para que la orden de captura que afirmaba Moreno se iba a producir no se hiciera efectiva y el proceso no avanzara. Dice Besaile que Moreno le señaló que los beneficiarios de este dinero serían Leonidas Bustos que en este momento era el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el equipo y el propio Moreno. Los pagos fueron realizados en Bogotá en cuatro contados y en efecto la investigación no avanzó.

La estrategia de Besaile es mostrarse ahora como víctima de una extorsión. De hecho el día miércoles 30 de agosto del presente año instauró ante la Fiscalía una denuncia contra Moreno por extorsión. Entretanto la Corte Suprema de Justicia remitió la declaración de Musa Besaile entregada el día martes 29 de Agosto a la Fiscalía para que investigue a Moreno y a Francisco Javier Ricaurte pues al momento de que ocurrieran los hechos éste último ya no pertenecía a la Corte Suprema de Justicia y remitió a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes la información para que allí se investigue a Leonidas Bustos, quien al momento de los hechos era, como ya se dijo, el flamante presidente de la Corte Suprema de Justicia. Esta Comisión ha sido bautizada popularmente en Colombia como la “Comisión  de Absoluciones” pues de las cerca de 3200 investigaciones contra los aforados apenas en una, la que compromete al expresidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt por un caso de soborno, recibió aprobación y a este corrupto exmagistrado le fue levantado el fuero para que sea la Corte Suprema de Justicia la que investigue y resuelva el caso que lleva más de un año durmiendo el sueño de los justos en dicho Tribunal.

Más allá de la trama de corrupción destapada por la Justicia Norteamericana hay varios temas que se ponen de presente en estos casos. El primero la profunda crisis de los más altos organismos de la rama judicial en el país. Y esta corrupción no solo refleja una crisis de valores en la sociedad colombiana sino que también refleja una crisis de los mecanismos institucionales de control que han fracasado como lo evidencian los hechos,  y además  ponen en tela de juicio  la forma como se nombran a los magistrados de los más altos tribunales de justicia en el país. Por ello además de trabajar en el terreno de la cultura como lo reclama el Procurador General Fernando Carrillo Flórez, se requiere de una profunda reforma que acabe con los privilegios de los aforados a quienes los mecanismos existentes, les garantiza la impunidad por sus delitos. Dicha reforma también debe contemplar cambios a los procedimientos y a los organismos que nominan a los candidatos para ocupar los altos cargos en la rama judicial. Dichos cambios deben tener como criterio que los nominadores tengan independencia y que los procedimientos sean públicos y transparentes. Entre tanto solo una vigorosa  movilización de la opinión pública y de la ciudadanía  será la garantía de que estos hechos graves conduzcan a un ejemplar castigo a los culpables.

Bogotá 31 de agosto de 2017.

Pedro Santana Rodríguez

Director de la Revista Sur

Imagen: La muerte de Julio César de F. H. Fuger

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