Pedir al Senado una reforma constitucional que dé autonomía e independencia al fiscal general, y que la designación del titular sea por medio de la realización de una consulta pública, a fin de que quien resulte designado lo sea por sus méritos; como lo hizo el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, es sumamente oportuno.

También lo es que Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se haga partícipe del llamado de diversas voces y organismos civiles para que exista un fiscal autónomo, independiente y eficaz. Asimismo, que el cambio institucional de la Procuraduría General de la República a fiscalía general debe formar parte de una revisión integral de la procuración y la impartición de justicia, y no responder a intereses partidistas o de grupo.

Y no es menos oportuno que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción solicite a Enrique Peña Nieto, “evaluar la pertinencia de nombrar un procurador general de la república de transición y de consenso, que con el mismo carácter se convierta en fiscal general”.

En una carta el CPC solicita que “En el periodo de transición que al efecto se establezca, redefinir el marco constitucional de la fiscalía, considerando las propuestas de los diversos actores y grupos sociales”.

La pertinencia radica en que las formulaciones fueron presentadas en medio de la crisis –magnificada por la mediocracia– que enfrentó el Congreso de la Unión, derivada de la incapacidad de los grupos parlamentarios y las fuerzas políticas que representan para designar hasta el jueves 7 a la directiva de la Cámara de Diputados.

Lo anterior obedece a que Acción Nacional, la corriente que encabeza Ricardo Anaya, y sus aliados del Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática, cuyos dirigentes registraron el Frente Ciudadano por México, en algún lugar debían estrenarlo y demostrar que la alianza “no es electoral” y menos contra el candidato presidencial de Morena, sino que nació el martes 5 y perdurará hasta fines de 2024. Así será, siempre que el PRD y la franquicia de Dante Delgado subsistan siete años más. Y sólo si el grupo hegemónico de Acción Nacional no cambia de manos, lo cual es impensable con las 13 familias dominantes.

Hasta San Lázaro rebotó el pacto suscrito por Enrique Peña y Felipe Calderón mediante el cual fue posible colocar a Ernesto Cordero –el secretario de Hacienda que juró que con 6 mil pesos usted puede alimentarse, pagar colegiaturas, cubrir la mensualidad de la casa y del coche–, a espaldas de la dirección panista y mientras el Revolucionario Institucional y su exitoso presidente dueño de más de un centenar de taxis, le tundían a Anaya Cortés por el presunto enriquecimiento ilícito de él y su familia política.

Las voces del grupo gobernante se rasgaron las vestiduras porque se usa y golpea a las “instituciones de la república” para “fines personales” que se “anteponen a los de la nación”. Como si los jefes del oficialismo tricolor no hicieran lo mismo desde hace 88 años.

Lo más probable es que Peña Nieto y sus operadores sobrestimaron sus fuerzas al materializar el acuerdo con Calderón Hinojosa para apuntalar a su candidata presidencial Margarita Zavala, la damnificada con el FCM, y subestimaron las del joven queretano que, en efecto, gasta mucho para que sus tres hijos y esposa vivan y estudien en Estados Unidos.

http://forumenlinea.com/nuevo/

https://www.facebook.com/forumenlinea

@IbarraAguirreEd

forum@forumenlinea.com