Alfredo del Mazo Maza gobierna el estado de México y si todo transcurre dentro de la normalidad impuesta por el Grupo Atlacomulco y su nuevo jefe que despacha en Los Pinos –como presidente de la república, jefe del grupo gobernante y primer priista del país–, colocará al Revolucionario Institucional en la antesala de cumplir un siglo en el Palacio de Gobierno de Toluca.

Salvo que los mexiquenses “se pongan las pilas” de la renovación democrática, defiendan decididamente que el sufragio cuente y se cuente bien –lo que no sucedió por desgracia– y los órganos y tribunales electorales, en particular el Electoral del Poder Judicial de la Federación, actúen con la imparcialidad, certeza y transparencia como no lo hicieron. Llegó al extremo el TEPJF de “validar por unanimidad” la elección.

Los siete magistrados que cobran salarios y prestaciones estratosféricos, laboran con pobres resultados y cuentan con baja credibilidad, juraron el jueves 14 que “las quejas presentadas por los partidos” Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Regeneración Nacional no “son concluyentes para anular la elección mexiquense”.

El tercer Del Mazo después del abuelo y el padre, además de primo hermano de Enrique Peña Nieto –“en octavo grado”, dice Del Mazo Maza–, anunció cuatro ejes rectores para su gobierno: seguridad, combate a la corrupción, desarrollo social y desarrollo económico. Siempre bajo la idea de que “el reto es construir desde nuestras diferencias y avanzar a partir de nuestras coincidencias”.

Diferencias difíciles de superar cuando la emergente y poderosa segunda fuerza que es Morena, sigue agraviada por los excesos del priismo dinosáurico, mientras Ricardo Anaya usó los polémicos resultados mexiquenses para negociar la gubernatura de Coahuila para el PAN, empresa en la que fracasó; y el PRD y Juan Cepeda jugaron un lamentable papel que la mediocracia alineada al presidente Enrique Peña promovió sin límites por comisión y/o convicción. Tanto que Joaquín López-Dóriga, el bróker de Radio Fórmula (“Abriendo la conversación”, entre elites), reconoció que le falta al PRI un Zepeda para la elección presidencial.

De los ejes rectores el exdirector de Banobras, desde donde favoreció con grandes créditos al entonces alcalde de Nezahualcóyotl Juan Zepeda, resaltó que el desafío más grande es la seguridad, y prometió que hará del estado de México uno de los más seguros del país. Así como Eruviel Ávila juró que la entidad era de “Gente que trabaja y piensa en Grande”, sobre todo para sus muy corruptas autoridades de las que es un ícono Arturo Montiel Rojas (“Las ratas no tienen derechos humanos”, aseguraban él y Carlos Alasraki en 1999), invitado de honor al acto y ante quien prometió Del Mazo III que combatirá a fondo la corrupción.

Con 17.4 millones de habitantes –14 por ciento de la población de México–, de ellos 8.2 millones de pobres y enormes desafíos en seguridad al ocupar el primer lugar en feminicidios, secuestros, homicidios dolosos, asaltos en el transporte público y casa habitación, todo medido en términos absolutos, es decir por el números de ilícitos cometidos y no correlacionados por cada 100 mil habitantes que es como mide los fenómenos delictivos la Organización de las Naciones Unidas. Y no con la demagogia que practica Isabel Miranda Torres para apuntalar intereses particulares. Pero como hoy es aliada de Enrique Peña, antes de Felipe Calderón y mañana del que gane la Presidencia, no se atreven las autoridades mexiquenses a desmentirla.

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