El gobierno español amenaza con intervenir la autonomía catalana
- Análisis
La expectativa por el anuncio que haría el president Puigdemont era muy grande. Para muchos, era la estación de llegada de un largo recorrido vital. Años esperando este momento. Pero algunas señales indicaban que algo no iba bien. El comienzo del histórico pleno en el Parlment catalán se demoró una hora. Transcurrido ese plazo y algunos minutos más, entraban los diputados al recinto. Muchos con rostros serios y en especial los diez diputados de la CUP (Candidaturas Unitarias Populares), grupo minoritario de izquierdas que integra y conforma la mayoría parlamentaria soberanista.
Luego Puigdemont iniciaba su solemne discurso. Tras una serie de consideraciones sobre los agravios recibidos por Catalunya en los últimos años desde el gobierno central, el president anunció: “asumo al presentar los resultados del referéndum ante el Parlamento y nuestros conciudadanos, el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república.” (aplausos de la mitad de los diputados, silencio del resto). En la calle y en plazas de pueblos y ciudades de Catalunya, miles de personas con gritos de júbilo. Diez segundos más tarde, Puigdemont continuó: “Y con la misma solemnidad, el Gobierno y yo mismo proponemos que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada.” En las calles rostros que se transfiguraban, llantos y exclamaciones de decepción. Los concentrados trataban de encontrar una explicación. “¿Pero en Madrid alguien quiere dialogar?”, se preguntaban. Las concentraciones se fueron diluyendo poco a poco.
Ya levantada la sesión, en un salón próximo al recinto parlamentario, los diputados soberanistas convocados por el Govern, realizaban un acto de reafirmación de su vocación para proclamar la república catalana. Firmaban un manifiesto con ese contenido. Un mero simbolismo que no tenía ninguna repercusión legal. Rostros serios, uno a uno fueron firmando, inclusive los de la CUP. En Madrid, el gobierno central a través de la vicepresidenta, anunciaba que a las 9 del día siguiente se reuniría el Consejo de Ministros y a la tarde habría una sesión parlamentaria.
El día después
La ambigua jugada del gobierno catalán, representada por el presidente Puigdemont, tuvo hoy por la mañana la respuesta de Mariano Rajoy al término de la reunión del gobierno. Anunció que ponía en marcha el mecanismo para aplicar el artículo 155 de la Constitución, tal como venía amenazando. Ese artículo permite suspender en determinadas condiciones una autonomía del estado español, en este caso la de Cataluña. La Ley prevé la gradualidad de la medida y por un término de tiempo que hay que establecer previamente. Cumpliendo con los mecanismos de esa ley, Rajoy envió una comunicación a Puigdemont preguntando si “ayer había sido declarada o no la independencia”. Parece el guion de una película de los hermanos Marx, pero es cierto. La verdad es que el “pronunciamiento” del president en el Parlament había sido ambiguo. Al punto que el portavoz de los socialistas le había expresado: “No comprendo cómo Ud. puede suspender una independencia que no ha sido proclamada”. Ahora el presidente catalán tiene unos días para responder, y según lo que diga, Rajoy seguirá adelante. Si es así, elevará al Senado -ese es el mecanismo previsto- el pedido de que se aplique el 155 a Cataluña. Pero tendrá que fundamentar el porqué, y además especificar con detalle las medidas que tiene previstas implementar. El Senado, a su vez, podrá requerir nuevamente a Puigdemont, que rectifique su actitud y “se coloque dentro de la legalidad constitucional”. Si no hay enmienda de su parte, el Senado tendría que disponer la puesta en marcha del artículo, que tiene un alcance similar a los del “estado de sitio” o “de excepción” en algunos países de América Latina. Lo cierto es que en tal caso, Cataluña, temporalmente tendría intervenida su autonomía. Esa medida no haría más que agravar la tensión existente.
Recapitulemos
Los vertiginosos acontecimientos que se viven en Cataluña tuvieron de alguna forma su punto de partida el día en el que se realizó el referéndum ( domingo 1 de octubre) donde cientos de miles de catalanes fueron a votar a pesar de las presiones judiciales, amenazas de multas, secuestro de urnas, papeletas de votación, cierre policial de colegios electorales. Tampoco se desalentaron los ciudadanos ante las cargas policiales, amenazas a los componentes de las mesas electorales, o el apaleamiento indiscriminado de personas ancianas, mujeres y niños que formaban filas para votar. Hay cientos de fotos, videos y crónicas que ilustran lo sucedido.
Todos estos hechos agravaron la fractura social en Cataluña. Dieron lugar a multitudinarias manifestaciones de protesta por las acciones policiales. Varios cuarteles de la Guardia Civil y de la Policía Nacional tuvieron que ser protegidos por los “mossos de Squadra”, (la policía autonómica catalana ) de los cercos de miles de indignados manifestantes. “Fuera fuerzas de ocupación” fue uno de los gritos más coreados por la multitud. Afortunadamente, las movilizaciones tuvieron un carácter marcadamente pacífico. Así lo habían reclamado todas las organizaciones soberanistas. En muchos casos se limitaron a levantar los brazos y corear “Som gent de pau”. (“somos gente de paz”). Había mucha bronca y tensión. Y mucha gente en las calles. Ese comportamiento cívico, pacífico, fue el que evitó incidentes de imprevisibles derivaciones.
¿Hay salida?
La pregunta tiene una respuesta que se ha escuchado clamorosa en los últimos días: sí, hay salida: la política. Lo han manifestado decenas de miles de ciudadanos que en Cataluña y en distintas ciudades y regiones de España salieron a las calles con camisas blancas y en lugar de banderas españolas o las “senyeras”, banderas esteladas catalanas, salieron con banderas blancas y leyendas que decían simplemente “hablemos” o “parlem”, (el mismo significado en catalán). Pedían a los gobernantes de Madrid y Barcelona que se sentaran a conversar, a negociar y pactar una salida. Hay que reconocer que en este tema, el gobierno de Rajoy (Partido Popular), ha mantenido una cerrazón total, atrincherado en “que primero los catalanes desistan de hacer un referéndum para separarse de España”.
Es de esperar que en los días siguientes, la tensión baje, y aparezcan voces sensatas que permitan descomprimir la situación. Será difícil. Hay una mezcla de desilusión, indignación y hartazgo en Cataluña. Hay dudas sobre la supervivencia de la coalición soberanista. La CUP no oculta su disgusto por la decisión de Puigdemont, tomada a último momento. La consecuencia, podría ser que se perdiera la mayoría parlamentaria existente. En el resto del estado español, también hay cansancio por una crisis que muchos no alcanzan o no quieren comprender.
Han logrado tapar sus vergüenzas
Lo cierto es que todo este acelerado proceso pro-independentista, les ha venido muy bien tanto al partido en el gobierno (el PP) como a la fuerza política hegemónica en Cataluña "JuntsxSi" (la coalición PDeCat - Partido Demócrata de Cataluña, ex “Convergencia Democrática” y Esquerra Republicana). Desde hace semanas en toda España no se habla de otra cosa que la “crisis catalana”. Los informativos consumen su tiempo en estas noticias sin dejar espacio a otras. Entre esas “otras”, están por ejemplo los 26 días de lucha de miles de vecinos de Murcia reclamando el soterramiento de las vías del AVE, el ferrocarril que circula a gran velocidad. Tras jornadas de protesta y represión policial, finalmente ayer la dirección de los ferrocarriles anunció que hará esas obras de soterramiento. Una victoria popular en una lucha que se inició hace ya varios años. Otra información que quedó en segundo plano es la confirmación en el proceso judicial de la trama “Gurtel”, de la responsabilidad del Partido Popular en su financiación ilegal. Pero también el “ruido “ informativo sobre la crisis autonómica, beneficia a sectores políticos catalanes, ya que los herederos del “pujolismo”, el PDeCat de Puigdemont, arrastran los escándalos de corrupción de su patriarca Jordi Pujol, que gobernó Cataluña durante casi tres décadas y de la enjuiciada corrupción de su partido. Como dijo el veterano periodista español Miguel Ángel Aguilar a la BBC: "esto ha servido para tapar todos los robos que ha habido (de dinero público) tanto en el gobierno central como en Convergencia".
La necesidad de una lucha colectiva
Pero también quedan en segundo plano la precariedad laboral, el paro, los recortes en sanidad y educación, o la grave situación del sistema público de pensiones, que este año no tendrá fondos suficientes para continuar los pagos a los jubilados. Son las consecuencias de las políticas neoliberales que se aplican por el gobierno del PP desde el 2012. Y estos son problemas comunes de los catalanes y del resto de los españoles. Por eso es que hay organizaciones políticas, como Unidos Podemos, o corrientes progresistas de distintas comunidades o una parte importante de votantes del Partido Socialista, que creen que todos los pueblos de España deben unirse para conseguir un avance social. Inevitablemente, pasaría por reformar la Constitución del 78, pactada en la transición de la dictadura a la democracia. Tendrían que incorporarse mejoras en el reconocimiento de derechos sociales, y la posibilidad modelar un estado federal que permita un encaje satisfactorio de las autonomías en el estado. Muchos confían que esta fuerte crisis originada por el soberanismo catalán, no sea solamente un velo que oculta otras dramáticas realidades, sino la espoleta que abra paso a una lucha social y política del conjunto de los españoles que por medio de una coalición de fuerzas progresistas consiga reemplazar al gobierno neofranquista del Partido Popular.
10 de octubre de 2017
Carlos Iaquinandi Castro
Redacción del Servicio de Prensa Alternativa (SERPAL)
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