El pasado cinco de septiembre la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, emitió un comunicado en relación a la sentencia del Sr. Fabio Porfirio Lobo, por el delito de narcotráfico. El anuncio efectuado por el fiscal Joon H. Kim, además de ser una sentencia para el hijo del expresidente Porfirio Lobo, fue condena al estado de Honduras, ante la penetración del crimen organizado en las estructuras de gobierno, empezando por la Casa Presidencial.

El comunicado de la Fiscalía de Nueva York pasó desapercibido en Honduras, hasta que el diario New York Times, de fecha 10 de octubre, sacó a relucir además de la sentencia de Lobo, una serie de datos sobre la inmensa penetración del estado por parte crimen organizado, el que participo directamente en las cuestionadas elecciones del 2013, en las cuales se atribuyó el triunfo el actual mandatario Juan Orlando Hernández, quien fungía como presidente del Congreso Nacional.

A pesar de las denuncias interpuestas por fraude y los señalamientos sobre algunos de los candidatos elegidos como figuras del crimen organizado, tanto los Estados Unidos como la Unión Europea, aplaudieron la elección como un paso a la restitución de la democracia en Honduras, la cual fue defenestrada con el golpe de estado del año 2009.

Honduras se convirtió a partir del golpe de Estado, en el punto de entrada del tráfico de drogas desde Sudamérica, además de tornarse en el lugar más violento del planeta, al mismo tiempo que desde el Congreso Nacional se aprobaban un sinnúmero de leyes de corte neoliberal acompañadas de la entrega del territorio a la élite de poder local y empresas transnacionales.

Un segundo golpe a la democracia fue impulsado por el Congreso Nacional en contra del Poder Judicial en diciembre de 2012, como represalia por haber declarado inconstitucional la Ley de Regiones Especiales para el Desarrollo, conocidas también como Ciudades Modelo. Dicho golpe fue otro descalabro más a la institucionalidad en el país, sin que se produjera una mayor reacción de los llamados países “donantes”, los que pesar de la violencia imperante y el absoluto poder ejercido por los narcotraficantes se llamaron en ese entonces al silencio.

En mayo de 2012 la Drug Enforcement Administration (DEA) realizó un operativo en el río Patuca que culminó con el asesinato de cuatro inocentes indígenas Miskitos, víctimas colaterales de la supuesta guerra contra las drogas. La masacre permanece en la impunidad hasta la fecha, mientras los grandes capos del narcotráfico manejaban aparentemente a control remoto tanto el Congreso Nacional como el aparato judicial.

Las revelaciones efectuadas a las autoridades estadounidenses por la banda criminal conocida como los Cachiros, ha sacado a relucir los nexos existentes entre la élite política empresarial, funcionarios estatales, fuerzas de seguridad y crimen organizado, sin que se puede determinar quién infiltró a quien, en un país donde desaparecieron las diferencias entre estado y crimen organizado.

Mientra tanto la costa norte de Hondura se convirtió en un verdadero infierno, donde ciertas zonas llegaron a tener un índice de homicidios, que superaron el Kandahar (Afganistán). Con el apoyo de municipalidades y juzgados el crimen organizado se apoderó de vastos territorios, incluyendo enormes tractos de tierra pertenecientes al pueblo Garífuna.

El silencio sepulcral que ha imperado en Honduras en cuanto al colapso del estado-nación y la máquina de terror instaurada para lograr aferrar el poder económico de los carteles, ha generado severas consecuencias para la democracia representativa, ya que la democracia participativa se desconoce en un país azotado por los cuartelazos y las cadenas de guerras civiles que se dieron en el siglo XIX y buena parte del siglo XX.

El Ministro de la Presidencia, el Sr. Ebal Diaz en un programa de Televisión, el pasado 15 de octubre perdió los estribos ante los cuestionamientos efectuados ante la complicidad de la actual administración con el narcotráfico y señaló que la lista de políticos requeridos por la justicia estadounidense abarcaban a todos los partidos, reafirmando de esta forma que el crimen organizado había logrado penetrar todos los partidos políticos.

La incipiente democracia hondureña fue sacudida por el golpe de estado del 2009, el cual sirvió de catalizador del narcotráfico, enriqueciendo al crimen organizado y sus socios la élite de poder político empresarial, en detrimento del pueblo hondureño que se ha visto copado por la violencia y el colapso de las instituciones estatales.

Las más de 400 masacres y 40 mil muertos que se han dado en los últimos años, son cifras escalofriantes para un país que no se encuentra en guerra y es un indicador del debacle moral por el cual atravesamos los hondureños. La necropolítica -término acuñado por el filósofo africano Achille Mbembe- como herramienta de control social ha sido muy útil para el partido de gobierno. La violencia como política de estado ha logrado aniquilar a la democracia, la que ha perdido su significado, convirtiéndose en un simple negocio a beneficio de los señores de la muerte.

La democracia liberal burguesa que se ha instaurado con los regímenes republicanos a partir de inicios del siglo XIX, se tambalea ante la corrupción imperante y la enorme desconfianza que causa entre un pueblo con un bajo nivel educativo y político, abriendo de esta forma la puerta a no tan novedosas formas de gobernanza que pueden conllevar a un enorme retroceso en materia de derechos humanos, además de un declive en cuanto a la deplorable condición económica de los hondureños.

Falta por ver cuál es la actitud que asumirá el nada inocente imperio ante el debacle de una de sus colonias localizada en su patio trasero.

Sambo Creek, 20 de octubre 2017

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Honduras
email:garifuna@ofraneh.org / ofraneh@yahoo.com 
http://www.ofraneh.org
http://www.ofraneh.wordpress.com
Twitter:@ofraneh