Más de 200 órdenes de prisión preventiva o temporal, 108 condenas y 158 colaboraciones pactadas con la justicia son parte de de los resultados de la operación “anticorrupción” brasileña Lava Jato. Pero lo cierto es que los políticos que usurparon el poder siguen inalcanzables, pese a las montañas de acusaciones acumuladas, amparados en un laberinto de corrupción sistémica y serial.

La muletilla la utilizan empresarios, diputados y hasta el mismo presidente de facto Michel Temer: “no hay pruebas”, pese a los testimonios de muchos acusados que decidieron "colaborar” con la justicia, buscando reducir sus penas, y desnudaron un abrumador sistema de favores mutuos, establecido entre autoridades de los tres poderes  y el sector privado, para adueñarse de contratos y el poder estatal, en un insaciable drenaje de recursos públicos hacia cuentas privadas.

Temer escapó por segunda vez de un juicio político. Hábil en oscuras negociaciones a plena luz del día comandó desde las sombras a sus hombres de confianza, atados al silencio por jugosos contratos y sobornos para evitar su desalojo de la silla presidencial donde lo depositaron hace poco más de un año aquellos que conspiraron para destituir –eso sí, sin prueba alguna de delito alguno- a la presidenta constitucional Dilma Rousseff.

Corrupción sistémica es el uso sistemático y generalizado de la institución pública para la obtención de un beneficio privado. Se dan patrones de conductas corruptas ascendentes, que hacen que el sistema dependa de la corrupción en el más alto nivel político –que toma decisiones sobre contratos públicos, privatizaciones o grandes proyectos- para su propio benficio y supervivencia. La corrupción se extiende como norma en el sistema, y la impunidad protege a toda la institución corrupta.

Cuando la corrupción está ampliamente extendida se vuelve sistémica, y si bien las normativas legales existen, no se cumplen. Los casos de corrupción se dan con frecuencia y por lo general quedan impunes. Las reglas informales se van instalando. Se sabe que el soborno es ilegal, sin embargo, se asume como práctica usual en las relaciones con el sector público

EL PRECIO DE LA IMPUNIDAD

El precio para mantener a Temer en el poder fue de unos diez mil millones de dólares, calculan los analistas de Brasilia, entre la liberación de recursos destinados a asegurar votos favorables por perdón de multas y deudas, e iniciativas destinadas a beneficiar generosamente sectores empresariales bien representados en la Cámara de Diputados, como cambios en la legislación, para proteger intereses de grupos poderosos.

Fueron 251 votos los que impidieron que Temer, el secretario general de la presidencia Moreira Franco y su jefe de Gabinete, Eliseu Padilha, fueran investigados criminalmente,  postura por la que votaron 233 legisladores, dos se abstuvieron y 25 prefirieron ausentarse.

En la anterior denuncia contra Temer, votada en Diputados dos meses antes, el precio para que 263 legisladores impidieran el juicio político alcanzó los cuatro mil millones de dólares, pagados por las arcas públicas, claro está.

En dos meses Temer perdió doce votos y perdió la mayoría necesaria para aprobar proyectos de ley: 257 diputados (para enmiendas constitucionales son necesarios 308 votos). Los analistas señalan que ni con todo el dinero podrá retomar la mayoría necesaria a las puertas del año electoral, sobre todo si esos sufragios son para enmiendas constitucionales que atenten contra los derechos conquistados por los trabajadores o las rebajas en pensiones y jubilaciones.

El Congreso espera en los próximos días recibir la ley para subastar Eletrobras, la productora estatal de energía eléctrica, para entregársela a empresas trasnacionales.

Según las encuestas hechas por los grupos de inversión, Temer tiene apenas el apoyo del tres por ciento de los brasileños. Quizá haya batido otra plusmarca, la de ser el presidente más impopular del universo, acusado de corrupción pasiva, ser parte de una banda criminal y de obstrucción a la justicia. Difícilmente un candidato acepte su respaldo para las presidenciales.

En enero de 2019, cuando ya no cuenten con los beneficios de los foros especiales, Temer y sus dos cómplices enfrentarán a la justicia de primera instancia.

¿LA IMPUNIDAD SEGUIRÁ DESPUÉS DE 2019?

“Es difícil condenar a los corruptos”, reconoció a la agencia IPS Roberto Livianu, promotor (representante de la sociedad en los procesos judiciales) y señaló que para combatir con más eficacia la corrupción, sería necesario abolir el  fuero privilegiado y aprobar las 10 medidas sugeridas por los fiscales del Ministerio Público Federal –apoyadas por más de 10 millones de firmas en 2015-, como penas mayores para corruptos y rapidez en los procesos judiciales. En el parlamento los diputados “desfiguraron” las propuestas, y lograron frustrar el intento.

No cabe duda de que en Brasil hay una vieja escuela de corrupción y fuga de capitales, y el festival de valijas con destino a paraísos fiscales sigue tan campante. El único preso es el exministro de Integración Nacional y exdiputado Geddel Vieira Lima, en cuyo apartamento la policía descubrió “apenas” 16,2 millones de dólares.

La Operación  Lava Jato tuvo sus éxitos: detuvo a empresarios poderosos, como Marcelo Odebrecht, expresidente de la mayor constructora brasileña –que dejó a la intemperie una red de sobornos a nivel continental-, ya condenado a 19 años de cárcel, y políticos que perdieron el mandato, como el expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, uno de los artífices del golpe de estado “blando” de 2016.

Claro, prosperó mediáticamente para tratar de imponer el imaginario colectivo de que la corrupción era del  Partido de los Trabajadores (PT), que gobernó el país con Lula y Dilma Rousseff, entre 2011-2016 en la presidencia. Pero ahora los blancos son los grandes partidos del sistema, como el PMDB y el conservador Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), en alianza para sostener el golpe y el gobierno de Temer.

 Esta correlación de fuerzas a favor de políticos corruptos quedó en evidencia en los últimos fallos de la Suprema Corte, como el del 11 de octubre que supeditó a la autorización del Senado el alejamiento de funciones, dictado por el propio STF al senador Aecio Neves, acusado de corrupción y obstrucción a la Justicia.

Pero… una semana después los senadores aprobaron la vuelta a funciones de Neves, que preparó el golpe contra Dilma desde el mismo día en que perdió las elecciones ante ella. La jugada, de cara a las presidenciales, es presionar a fondo para que el expresidente Lula vaya preso y sea inhabilitado: si no, será imposible ganarle las elecciones.

-  Juraima Almeida, Investigadora brasileña, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la [1])

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