Presentación

Desde Mugarik Gabe, organización de solidaridad y cooperación internacional, presentamos ahora este informe, bajo el título de “Transnacionales, oligarquía y criminalización de la protesta social. El caso Guatemala”.

Cabría preguntarse en primer lugar sobre el objetivo principal de esta investigación realizada durante el presente año 2017 y la respuesta es sencilla y diáfana en cuanto a su intencionalidad: evidenciar, a través del caso paradigmático de Guatemala, cómo la criminalización de las protestas sociales en defensa de los territorios y sus recursos naturales es una estrategia articulada al servicio de las transnacionales y oligarquías locales, para la protección de los intereses políticos y económicos de estas clases, élites y estructuras.

Así mismo quedará patente cómo el estado, a través de los sucesivos gobiernos y en el marco del sistema capitalista neoliberal, hace dejación permanente de su obligación de protección y mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía, de las grandes mayorías, pero de forma especial de los pueblos indígenas y sus derechos sobre los territorios que habitan. Subrayamos esto último pues dichos espacios, desde la sabiduría indígena, son aquellos que generan, conservan y garantizan la vida, la totalidad de la vida, la de hoy y la del mañana. Visiones estas que, de una u otra forma, hoy se comparten también con otros sectores populares como campesinado, mujeres, sindicatos o movimientos en defensa de la naturaleza, y por eso todos ellos sufren también directa e indirectamente los procesos de

criminalización.

Esta investigación e informe consiguiente tomó como centro el caso de Guatemala por ser el paradigma de este tipo de actuaciones y procesos en todo el continente latinoamericano. De alguna forma, se podría decir que desde los Acuerdos de Paz (1996) que pusieron fin a la larga guerra en las tierras mayas, se fueron poniendo las bases para el asentamiento del sistema que hoy definimos como neoliberal. La liberalización y privatización de sectores estratégicos, junto al dominio absoluto de los mercados y sus intereses por encima de la política y de las necesidades de las grandes mayorías, son piedras angulares que abrirán y entregarán el país a transnacionales energéticas, mineras, agroindustriales, etc. Guatemala es un país barato y los ingentes beneficios de la explotación de la biodiversidad y otros recursos naturales hacen de este territorio un espacio fácil y cómodo para la actividad sin control e intereses económicos de todo tipo de transnacionales. Cuentan, desde el principio con la facilidad que da la liberalización de sectores estratégicos (aguas, tierras, riquezas minerales…) y, por lo tanto, fáciles de apropiar y explotar por estas estructuras económicas; cuentan con el apoyo del estado que no impone sino unos irrisorios impuestos a la explotación y aprueba las leyes necesarias. Y cuentan con las oligarquías  locales que desde sus ámbitos de dominación social y, sobre todo, institucional y legislativo, se convertirán en aliados inmejorables para laentrada y asentamiento de estas transnacionales.

Y cuando ante este oscuro panorama para una vida digna de las grandes mayorías sociales, los pueblos indígenas (maya, xinca y garífuna) |inician desde sus comunidades los procesos de resistencia, defensa y protesta, será el estado el que responda mediante la criminalización de los mismos. Estado que contará para ello con las diferentes estructuras estatales y paraestatales sustentadoras del sistema dominante (legislativo, ministerios y secretarías, cuerpos policiales, medios de comunicación…).

Este paradigma en cuanto a la penetración de transnacionales y procesos consiguientes de criminalización de la protesta social es el que nos parecía necesario analizar en profundidad con esta investigación y plasmar a modo de denuncia y solidaridad con estas luchas que nos parecen de justicia por parte de las comunidades, pueblos y sectores sociales de Guatemala.

Pero no queríamos quedarnos en la siempre necesaria denuncia teórica y por eso mismo, este informe documenta y se centra en tres casos concretos que también consideramos ejemplos de todo otro número sin fin de actuaciones que se dan a lo largo de todo el país; dos de éstos además se producen con protagonismo directo de transnacionales españolas. Así, nos centraremos en dos casos de criminalización colectiva (Huehuetenango y Alta Verapaz) y un caso de criminalización de una autoridad tradicional (Rigoberto Juárez) donde falsas acusaciones y negligencias intencionadas se articulan con la intención de debilitar la respuesta social frente a la explotación del territorio por parte de estas trasnacionales.

El primer caso se centra en los procesos de criminalización en el norte del departamento de Huehuetenango, entendido como espacio territorial amplio que suma un número importante de acciones, principalmente hidroeléctricas, pero con atención especial a la situación en Santa Cruz de Barillas, donde la transnacional gallega Hidralia Energía ha sido el eje y motivo central propiciador con sus actuaciones de la protesta social y de una represión y criminalización en sus máximos exponentes. El segundo caso tiene su foco en el departamento de Alta Verapaz y, más específicamente, en el municipio de San Pedro Carchá, donde hoy se construye el que será el mayor complejo hidroeléctrico de Centroamérica, denominado Renace. Revisando esta actuación podremos entender mejor cómo se unen los intereses de una de las principales familias oligárquicas de Guatemala, con una de las principales empresas constructoras españolas, como es ACS, a cuyo frente se encuentra el conocido empresario Florentino Pérez. También se adivinan en este caso imbricaciones no solo económicas, sino también de estructuras ideológicas y partidarias de este país centroamericano y del estado español, lo que permite entender mejor cómo se mueven en la globalidad las conexiones e intereses entre estamentos políticos y económicos para el sostenimiento de este sistema neoliberal.

El tercer caso que aquí se presenta tiene un carácter un tanto especial pues se centra en la figura de una autoridad tradicional, como es Rigoberto Juárez, representante del Gobierno Plurinacional Q’anjob’al, Akateko, Chuj y Popti’, con presencia en 16 municipios del norte del departamento de Huehuetenango. La revisión que se hace de este caso constará como un anexo final en este informe y tiene el valor especial de cubrir una vertiente estrictamente jurídica respecto a los mencionados procesos de criminalización, en este caso contra esta autoridad tradicional, pero en un claro intento de “golpear” a la totalidad de la comunidad. Este anexo ha sido realizado por el Ilustre Colegio de Abogados/as de Bizkaia y se centra en una de las sentencias de los diferentes procesos a que Rigoberto Juárez ha sido sometido en un procedimiento criminalizador que le ha llevado, entre otras, ha estar encarcelado de forma preventiva durante meses. La sentencia analizada aquí pone de manifiesto y evidencia dicho  procedimiento de persecución y acoso sin justificación jurídica.

Queremos reiterar que se han tomado estos casos, en especial los dos colectivos, por los protagonismos de empresas españolas, pero también como paradigmas de actuaciones de la práctica totalidad de transnacionales y oligarquías locales en la globalidad de Guatemala. Desgraciadamente, no es posible concluir que esos casos son aislados, sino que se puede afirmar que son una constante en el país y en el marco de acción del sistema neoliberal hoy dominante. Y por esto último, queremos que se entienda también este informe desde una visión continental. El sistema económico y político hoy preponderante en la gran mayoría de América Latina hace que lo que aquí presentamos como caso Guatemala, fácilmente podría entenderse como caso Perú, Colombia, Brasil. Argentina, etc. Valga así este informe como elemento de denuncia de esa constante y muestra, a su vez, de la solidaridad necesaria con otros procesos de resistencia y protesta social que pueblos, hombres y mujeres indígenas, así como campesinado, movimiento feminista, organizaciones barriales y otra multitud de sectores sociales llevan adelante en toda América Latina en la defensa del territorio y de la vida.

Pero es necesario subrayar que esta investigación-e informe no habría podido serlo sin la participación de muchas personas y organizaciones. Citamos ya al Ilustre Colegio de Abogados/as de Bizkaia a quien agradecemos su compromiso para el anexo arriba referenciado. Y recordamos también a la Agencia Vasca de Cooperación Internacional del Gobierno Vasco que, más allá del hecho institucional, ha entendido y respaldado la necesidad de esta investigación. Igualmente, se han sumado también a la necesidad de este trabajo organizaciones vascas de solidaridad y cooperación internacional, que ahora y aquí reconocemos; pero también otras cercanas de territorios como Catalunya o el País Valencià. A todas ellas nuestro reconocimiento, cariño y saludo.

Pero, sin duda alguna, es en Guatemala donde deben radicarse la inmensa mayoría de los agradecimientos. Nos gustaría anotar aquí el largo listado de personas y organizaciones que han sido parte, de una u otra forma, de esta investigación; todas han colaborado desinteresadamente y quitándose tiempo de sus labores y responsabilidad personales y organizativas. No las citaremos, precisamente por cuestiones de seguridad y para no propiciar con ello nuevos procesos de persecución y criminalización, pero sin duda han sido muchas las organizaciones y personas comprometidas desde hace mucho tiempo con la defensa de los derechos a la protesta social, al territorio y a la vida digna, en el objetivo de construir sociedades más justas, equilibradas y donde el reparto de la riqueza sea una realidad para las grandes mayorías y no una utopía.

Y un último elemento del que queremos hacer constancia y al que damos el valor máximo. Este informe, antes de ser publicado ha sido compartido, socializado, dialogado y tiene el permiso de comunidades, organizaciones y autoridades indígenas y sociales de Huehuetenango, Alta Verapaz y del resto del Guatemala. De alguna forma, desde la cooperación y solidaridad internacional este es nuestro compromiso con todos y todas ellas: reconocer y responder al protagonismo de las comunidades, organizaciones y pueblos sobre sus procesos por el reconocimiento y ejercicio verdadero de todos sus derechos económicos, sociales, culturales y políticos, en suma, por todos sus derechos humanos individuales y colectivos como personas y pueblos.

Mugarik Gabe

Bilbao, octubre 2017.