Libia se sigue degradando en una guerra sin fin, que no se detiene: desde el derrocamiento y martirio del Coronel Gadaffi en 2011, diferentes grupos armados se disputan el predominio de lo que fue el país más desarrollado de África, convertido en un Estado fallido, que solo puede paragonarse con Somalia.

Libia está dividida en dos bandos principales, que ni si quiera se pueden denominar gobiernos: el llamado parlamento o asamblea de la ciudad de Tobruk, quien lleva la delantera en el control de una gran porción del territorio y cuyo hombre fuerte es el general Khalifa Hafther, mientras que el otro  factor de poder es Trípoli, creado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en funciones desde el 31 de marzo de 2016, con Fayez al-Serraj, como Primer Ministro, impuesto por la ONU, y que apenas controla algunas manzanas de la antigua capital libia y que no ha sido reconocido por los representantes de Tobruk.

Debajo de estas dos estructuras aparecen cientos de bandas armadas que disputan, tanto como al-Serraj y Hafther, el poder real del país. Actuando,  según la oportunidad, como grupos insurgentes, muchos vinculados a organizaciones fundamentalistas como al-Qaeda y el Daesh,  encuentran financiamiento: en el contrabando desde cigarrillos a petróleo; el tráfico de drogas; la trata de personas, asociados con las organizaciones encargadas del control de las naves y los puertos de donde miles de refugiados no solo de todos los rincones de África, sino de lugares tan remotos como Afganistán y Bangladesh, intentan llegar al sur de Italia, desde que Turquía cerró el paso hacia Grecia en marzo de 2016.  A todas estas actividades con que se financian dichas bandas para continuar con la guerra y los negocios, se suma desde hace más de un año la subasta de esclavos, que es otro de sus  grandes negocios.

Estas subastas tienen como epicentro la ciudad de Sabha, en el centro del país, y por donde pasan la mayoría de las rutas de refugiados que, desde África Subsahariana intentan alcanzar los puertos del Mediterráneo, sin que nadie pueda ni le interese detener a los “negreros”.

Cientos de miles de refugiados siguen teniendo a Libia como su destino antes de saltar a Europa; tras el cierre de las fronteras turcas se cree que, en las proximidades de puertos como Misrata o Sirte, esperan el momento de su embarque cerca de un millón de estos desangelados.

Mientras el flujo hacia los puertos continúa incesante, para muchas de las bandas se ha abierto la temporada de caza: ya no solo los capturan para venderles sitios en naves que parten rumbo a Europa, sino que han descubierto el gran negocio de la venta de sus rehenes, que son subastados abiertamente tanto en Sabah, como en localidades cercanas, fundamentalmente para trabajos agrícolas, por lo que pueden ganar entre 200 y 500 dólares por esclavo. Si alguien se resiste es torturado, violado y muerto, como escarmiento para quienes lo intenten imitar. Algunas de estas víctimas alcanzan a ser liberadas tras el rescate cobrado a sus familiares. 

Libia, tras siete largos años de guerra, ha perdido prácticamente toda su infraestructura,  el descontrol por la falta de autoridades ha obligado a que cada uno intente su modo de sobrevivencia. La población carece de toda posibilidad de abastecimiento, al punto que se ve obligada a romper el asfalto de las calles, que ha sobrevivido a la guerra, en búsqueda de antiguas cañerías de agua, a pesar de que el país cuenta con el tercer mayor acuífero a nivel mundial.

El Primer Ministro al-Serraj, viajó a Estados Unidos donde se reunió el primero de diciembre con Donald Trump y el  jefe del Departamento de Estado,  Rex Tillerson, buscando el apoyo de Washington, para hacerse con el poder que disputa con el siempre candidato a hombre fuerte y ex favorito del Pentágono, Khalifa Haftar.

Ambos personajes habían pautado elecciones para el año próximo, pero más allá de la “buena voluntad”, el país está todavía muy lejos de poder organizar semejante “proeza”.

Rex Tillerson anunció el apoyo al gobierno con base en Trípoli y se comprometió a “ayudar al pueblo libio, a conseguir un futuro más estable, unificado y próspero”. Mientras exigió que todas las partes acepten el plan del enviado especial de la ONU para Libia, Ghassan Salamé, plan que consiste fundamentalmente en abrir un diálogo entre Trípoli y Tobruk y que tendría el visto bueno de Moscú, que hasta hace poco apoyaba a Haftar, Reino Unido y Francia.

Solo cuestión de números

Más allá de la pacificación y la reorganización de Libia, lo que más le interesa a la Unión Europea (UE), es encontrar el modo de evitar el flujo de refugiados hacia sus costas y para esto Erik Prince, ex US Navy SEAL, fundador y presidente de la “celebre” Blackwater, epitome de la libre empresa, ha ideado un plan que sería prácticamente una ganga para la UE.

 Prince, que ha llevado al extremo el antiguo oficio del mercenario, como él mismo lo dice, lo ha “industrializado”: ha ofertado al propio Trump su plan, que consiste fundamentalmente en establecer en tres o cuatro puntos del territorio libio escuelas de guardias fronterizas entrenadas por su nueva compañía, la Frontier Services Group, con sede en China, tal como su compañía lo hizo en Afganistán, para “detener, alojar y repatriar” a los refugiados. Prince conoce muy bien el terreno ya que fue asesor Khalifa Haftar, para que se posicione militarmente en Libia, alcanzando a controlar cerca de la mitad del país.

El ex dueño de Blackwater, debió venderla en 2010, nada menos que a MONSATO, jaqueado por tribunales internacionales que amenazaban con procesarlo por las constantes violaciones a los derechos humanos cometidas por sus “muchachos”. Blackwater entre 1997 y 2010 recibió más de 2 mil millones de dólares por los servicios prestados al Pentágono, en los diferentes teatros de operaciones de Irak, Libia, Afganistán, Somalia, Yemen, Colombia y un largo etcétera, donde su compañía fue responsable de varias matanzas como la de Faluya, Irak, en 2004.

Pierce argumenta que su plan sería mucho más económico para Europa, que el que está implementado con las naves que interceptan a los refugiados en alta mar. Instalando a unos 800 de sus hombres y los guardias entrenados por ellos, en la frontera sur de Libia, impiden el paso de los refugiados que llegan cruzando desde Sudán, Chad y Níger.

Aparentemente el plan no habría sido aceptado por los consejeros del presidente norteamericano, pero se sabe que su poder de lobby es muy importante. Prince se encuentra en la lista de los empresarios que han apoyado con donativos a la campaña del magnate, se dice que con unos 300 mil dólares, al tiempo que su hermana, Betsy DeVos, es la actual Secretaria de Educación de Trump.

Pierce, para profundizar su poder en el establishment, aspira a presentarse como candidato a senador republicano, el año próximo por el estado de Wyoming, lugar de fundación de Blackwater. 

Las empresas de Pierce y otras similares, forman parte de la nueva estrategia con que cuenta el Pentágono para para enmascarar su presencia militar en los frentes de conflicto. Su “personal” se maneja con mucha más autonomía de las leyes tanto locales, norteamericanas e internacionales. No se hacen públicos las listas de sus miembros, de las misiones y mucho menos los resultados, a la prensa, a las organizaciones internacionales e incluso al Congreso estadounidense. Los contratistas, eufemismo por mercenarios, tienen las mismas potestades que la tropa oficial, incluso están autorizados a matar. Un buen número de estas  organizaciones está compuesta,  en buen número,  del personal de las fuerzas armadas (no solo norteamericanas) de la CIA y de otras agencias dado de baja por faltas disciplinarias y abusos de autoridad pudiendo volver a los mismos lugares de donde fueron expulsados.  

Se estima que las empresas de ejércitos privados y especialmente la de Pierce entrena a unos 40 mil hombres al año para distintas fuerzas tanto norteamericanas como de otros países. Mientras cuentan con una dotación propia de 20 mil efectivos fijos además de 20 aviones de guerra, unidades navales, armamento de última generación, y gran variedad de blindados.

Pierce ya había propuesto hacerse cargo de la guerra en Afganistán, enviando unos seis mil de sus hombres, argumentando, que las políticas del Pentágono no resolverían el problema en el país centro asiático, ya que en los últimos 15 años de guerra Estados Unidos ha tenido 17 comandantes, habiendo gastado 828 mil millones de dólares sin contar los costos de los 2 mil muertos norteamericanos y los 20 mil heridos. Al ser rechazado su plan afgano, declaró que la Casa Blanca de todos modos lo iría a buscar.  

Una operación, por la que su compañía cobraría solo unos 10 mil millones por año, a diferencia de los 45 mil que lleva gastados en 2017, lo que se dice una bicoca.

Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. 

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