Con mucha facilidad el Estado colombiano ha ratificado y convertido en derechos constitucionales los derechos humanos de carácter social (DESCA) que configuran el espectro del Derecho Internacional de los derechos humanos (DIDH), pero así mismo los ha desconocido colocándolos en alto riesgo de extinción y al borde de la destrucción que precede al horror. Estos derechos son los que están en la base de la paz estable y duradera y su negación sistemática por efecto de corrupción o desvió de los recursos que debían satisfacerlos, deja un rastro de silenciosa violación masiva de derechos humanos, que provoca muertos, lisiados, enfermos, excluidos y marginados. No hay una política evidente pero sí una manera de actuar del estado que apunta al exterminio de los más pobres.

El Estado tiene la obligación y compromiso de respetar, proteger, hacer respetar y ofrecer garantías de todo tipo (económicas, legales, conceptuales), para satisfacer estos derechos, pero contrariamente los viola. Los responsables (especialmente gobernantes y funcionarios de las altas direcciones) que toman y ejecutan decisiones han contado con una impunidad del 100%, dado que no hay casos relevantes de juicios y condenas por las equivocadas (y autoritarias) negaciones contrarias a derechos o por la distribución inequitativa de recursos, que no favorece el bienestar y la dignidad de las mayorías de población como debiera ocurrir. La inequidad es consecuencia de una intencionalidad política para favorecer el interés privado mediante la injusta distribución del presupuesto público, gracias a que el componente democrático de la construcción colectiva (entre estado y sociedad) de las políticas públicas, ha sido eliminado. El gobierno en provecho propio aplica una fórmula de poder que combina capital y leyes que potencian su capacidad para imponer una real dictadura presupuestal que beneficia los negocios de una minoría privilegiada, que moldeo las reglas para aplicar la autoridad (sin pueblo, sin demos) y obtener ventajas comparativas, mientras que con el control de la formulación, aprobación y aplicación de la ley obtiene ventajas competitivas.

Usando estas dos ventajas las elites han convertido el ejercicio político en un asunto de oferta, demanda y precio y desplazado los recursos destinados a los derechos sociales de la órbita del estado a la del individuo, que es presionado para asumirlos como cosa privada adentro de un modelo de individualización tomado del sistema penal. Los derechos sociales sacados del contexto de naturaleza colectiva son tratados como libertades individuales, asociadas a oportunidades de mercado, de tal manera que la responsabilidad por las carencias recae en el individuo y no en el estado y de colofón a la persona que carezca de bienes básicos se le tratará con desprecio y se le acusará de incompetente para obtener conquistas personales. Los reality show de donde salió Mr. Trump, son un buen ejemplo de individualización y cosificación del sujeto, donde los astutos que logran lo suyo, sin solidaridad ni respeto por el otro son premiados y los débiles castigados, ofendidos, excluidos y humillados.

 En lo individual el sujeto (subjetivado por el mercado y alejado de la lucha social) creerá que lo suyo (trabajo, estudio, sanidad, acceso al agua o al alimento) se debe únicamente a su libertad individual para competir y ganar e inclusive podrá percibir que ser explotado es una bendición entre tanta desigualdad. La población individualizada, extraída del colectivo, enfrenta en su propio cuerpo y espíritu amenazas que le generan angustias y temor (despido laboral, reforma pensional, impuestos o multas impagables), para lo cual las mismas elites (responsables del desastre) piden respaldo electoral para sostenerse en el poder a cambio de salvación. Es la inversión del sentido de los derechos sociales, presentados desnudos, sin historia ni memoria, para facilitarle al estado (las elites) evadir su responsabilidad por el riesgo de extinción y para colocar los recursos públicos donde les sean rentables como garantía de continuidad de su proyecto hegemónico de dominación y despojo.

Lo político convertido a mercancía, herramienta de la extinción

El ejercicio político fue convertido en una mercancía, en la que las ideas o la legitimidad, que son pilares de la realización de los derechos sociales, carecen de valor igual que los planes y programas de largo plazo. Para las elites las rutas de mercado guían las agendas electorales de alianzas y negocios, que definen el precio de lo político y orientan hacia el control de las necesidades para traducirlas a votos y adhesiones para tener el control total del poder. La política pública, que era la herramienta central de sostenimiento de lo público y la base para trazar el camino político de realización de los derechos sociales es reducida a su mínima expresión, convertida en una técnica en manos de expertos neoliberales, que no atienden las demandas y necesidades por derechos, si las del interés del capital y las formalidades de indicadores. Los resultados previsibles de esta distorsión de lo político y de la política son de derechos sociales en déficit, frente a intereses del poder en superávit.

Los datos de la negación someten a una sistemática violencia contra las mayorías como efecto del riesgo de extinción de los derechos sociales anunciados en déficit, mientras las elites festejan su superávit. El derecho a la salud acumula un déficit superior a 12 billones (5.3 a servicios y más de 7.2 en hospitales y clínicas: dinero.com/12/24/16) y cada 4 minutos un individuo en solitario radica una acción de tutela como síntoma de que el derecho en colectivo está cerca de su derrota. En Educación Superior Publica el déficit supera 14.4 billones (1.4 en funcionamiento y 13 en inversión: SUE, caracol.com.co /17/10/2017). En vivienda el déficit es de 2.2 millones de hogares sin vivienda y más de la mitad de población sin vivienda propia (caracol, portafolio, 06/08/2017). El 57% de la población padece el mal servicio de agua potable y saneamiento y más de 300 municipios tienen problemas relevantes de sanidad por carencia de agua (minambiente elpais.com/22/03/2017). Los resultados para los inversionistas y principales beneficiarios de los recursos de los derechos, tienen superávit. Solo los bancos en 2016 ganaron más de 12 billones (15% más que en 2015) producto de la suma de las individualizadas perdidas de cada ciudadano y de las pequeñas empresas. El sector inmobiliario inundó de edificios al país y atrajo capitales extranjeros pero no redujo el déficit de vivienda. Educación y Salud privadas crecen pero no contribuyen a reducir brechas de desigualdad.

La orientación de los presupuestos responde a una autentica dictadura presupuestal para manejar intencionalmente los recursos públicos y satisfacer las demandas del interés privado, contrario al respeto y garantías para la realización de los derechos sociales que con retorica son enaltecidos y con políticas marginados. Cada parte del poder aporta lo suyo, los empresarios jalonan la privatización y se hacen dueños de lo público, desde el concepto hasta el último activo de la riqueza nacional. Las elites políticas se encargan de mantener la estabilidad política y las bolsas llenas para transferir los recursos a inversionistas (y a ellos mismos) y el poder judicial organiza la ley con principios mercantiles y pone las reglas de juego en favor del capital. Confianza inversionista es estado sin soberanía y seguridad jurídica es ley para favorecer inversionistas (re-conquistadores). Ya fueron transferidos los ferrocarriles, la flota mercante, telecom, aguas, gas, energía, bancos y entregados a libre explotación por concesión autopistas, parques nacionales, ríos, recursos minerales, biodiversidad, salud, educación, fiestas populares, comparendos por infracciones y hasta el cuidado de presos, y lo demás puesto en desventaja con TLC. Todas estas partes del patrimonio eran la base material para la realización de los derechos sociales y la paz y es claro que ningún inversionista, ni político, ni particular estará dispuesto a suplantar al estado para garantizar los derechos sociales.

 Las elites que imponen la dictadura presupuestal tienen en riesgo de extinción a los derechos sociales y dejan cientos de miles de víctimas entre la población, producen carencias y matan por hambre o falta de atención. Su objetivo es debilitar a la nación como depositaria de la soberanía (sin eliminar el concepto de soberanía) y excluirla de la toma de decisiones sobre los recursos y la riqueza nacional con la que se afianzan y materializan los derechos sociales, les queda un último empujón y seguramente lo harán justificando que para realizar los derechos sociales es necesario aumentar los recursos procedentes de regalías y llamaran con vehemencia a dejar acelerar el despojo de las ultimas riquezas que todavía permiten vivir, con poco oro pero mucha agua. El responsable del alto riesgo y estado moribundo de los derechos sociales, no es un único individuo encarnado en el gobernante, es una concepción, una corporación, un club de elite que controla la economía, el poder político y las leyes y hacia allí hay que mirar para impedir que la extinción de los derechos sociales que no completó la guerra la completen en la paz. El trípode del poder tiene en la cima al capital y en la base al gobierno y a la ley. El espíritu lo pone el capital, el hijo es la ley y el padre el gobierno.