La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por medio del Mecanismo Especial de Seguimiento del Caso Ayotzinapa, solicitó al Estado mexicano que presente lo más pronto posible hipótesis y conclusiones en torno a la desaparición de los 43 normalistas la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Durante la quinta visita a México y la primera de 2018, para conocer avances en la indagatoria que dentro de siete meses cumplirá cuatro años, los comisionados Esmeralda Arosemena y Luis Ernesto Vargas, así como el secretario técnico de la CIDH, Paulo Abrao, expresaron a representantes de las secretarías de Gobernación y de Relación Exteriores, así como de la Procuraduría General de la República, su preocupación “por la falta de avances significativos”, en particular en la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos. Todo ello en el marco de una sesión privada de trabajo.

Los comisionados del Mecanismo Especial mencionaron que hace un mes, la CIDH envió un cuestionario con más de 100 preguntas sobre el tema y “el gobierno mexicano no ha dado respuesta a todas las interrogantes”, lo que se comprometió a hacer a más tardar la próxima semana.

Finalmente, las partes acordaron que en el 167 periodo de sesiones de la CIDH, a realizarse del 22 febrero al 2 de marzo en Bogotá, Colombia, se definirá el cronograma de actividades del Mecanismo Especia para 2018, con la idea de que éste comience a cerrar sus trabajos, al concretar avances y acciones sustantivas que lleven a la verdad y la justicia, y den certidumbre sobre el paradero de los normalistas. Para ello, “se percibió la voluntad de ambas partes”.

Es harto importante la existencia de tal voluntad, pero lo no realizado durante 41 meses por el gobierno de Enrique Peña coloca muy cuesta arriba que lo pueda hacer en los 9.6 meses que le restan, a la vez que se desgrana porque a varios de sus integrantes les importa más el fuero legislativo para protegerse de los órganos de justicia y los restantes están concentrados en la promoción y el apoyo al precandidato José Antonio Meade.

La brutalidad policiaco-militar en La verdadera noche de Iguala –libro producto de la investigación periodística de Anabel Hernández–, marcó un antes y un después para el gobierno del “Momento mexicano” y con éste en la mano Peña Nieto intentó dar línea a la ONU para que superara su incapacidad para procesar la reforma del Consejo de Seguridad, también juró Mover a México con 13 reformas estructurales y ahora reclama que las oposiciones reconozcan los avances.

Con el deseo de equivocarme, la apuesta por el olvido es la política básica de EPN en el caso de Iguala, Guerrero, como lo fue también con las violadas sexualmente en San Salvador Atenco, estado de México, cuando lo gobernó, combinado en este caso con el intento de cooptación por la vía de las concesiones materiales a las agraviadas. Y el fracaso fue tan rotundo que como presidente de México recibirá la sentencia que dictará la Corte Interamericana.

Se comprende pero no se justifica. Ningún presidente busca, y menos uno debilitado como Peña, someter a los altos mandos de la Marina y del Ejército al espíritu y la letra de la Constitución. Y menos cuando sin ellos no puede gobernar a México. Y el 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, todo apunta a que fue un actor de primera línea en La verdadera noche de Iguala. Incluso se asegura que un terreno de la Secretaría de la Defensa Nacional fue donado a José Luis Abarca Velázquez para sus negocios muy particulares.

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