Bajo la demanda de que exista piso parejo en el financiamiento público, porque no deben existir universidades de primera y de segunda, los rectores de la Autónoma de Zacatecas (en sesión del Consejo Universitario), Benito Juárez de Oaxaca y la Autónoma de la Ciudad de México, además de los representantes de los rectores de la Autónoma de Nayarit y de la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, explicaron la precaria situación financiera por la que atraviesan, a pesar de cumplir con los estándares de calidad que impone la Secretaría de Educación Pública.

Los rectores y sus representantes exigieron –de acuerdo con la agencia Difunet que dirige Renato Consuegra– poner un freno a la mercantilización de la educación y suscribieron, el lunes 19 en la capital zacatecana, una convocatoria en defensa de la universidad pública y contra las restricciones presupuestales del gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto, con el lema del movimiento que hace un siglo planteó, en Córdoba, Argentina: “La educación pública es un bien público y social, un derecho humano universal y un deber del Estado”.

El diagnóstico contempla un panorama de pérdida acelerada de egresados universitarios que emigran, al menos 1.2 millones de profesionistas, entre ellos 300 mil posgraduados y 30 mil doctores que abandonaron el país en las últimas décadas. México registra la tasa de gasto por estudiante más baja de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, además de que la tasa bruta de financiamiento de la educación media superior y superior es de sólo 2.2 por ciento del gasto público, el cual se concentra en una decena de universidades, dejando a más de 20 en precariedad y crisis. México ostenta el mayor rezago en educación superior al tener la cobertura del 35.8 por ciento, por debajo del promedio en América Latina.

Lo anterior limita el incremento de la matrícula y genera condiciones degradadas para la admisión de estudiantes por no contar con los recursos para infraestructura, mantenimiento y prestación de servicios escolares de calidad, así como el pago de salarios dignos para los trabajadores universitarios.

Las universidades públicas están convertidas en espacios más selectivos, privilegiando a los sectores de medianos y altos ingresos, en detrimento de las clases populares.

El rector de la UAZ esbozó 10 principios para enderezar el rumbo: Autonomía responsable, plural y crítica; universidad como agente de desarrollo y transformación social; pensamiento crítico, creativo y propositivo; universidad pública como espacio común y libertario; gobierno universitario democrático y participativo; gratuidad, inclusión y acceso universal a la educación universitaria; pedagogía crítica para la formación integral, creativa y emancipadora; debate académico y político de grandes problemas nacionales, regionales y locales y sus alternativas; honestidad, eficiencia y transparencia administrativa; rendición de cuentas a la sociedad e Internacionalización de la educación.

Principios que podrían desbrozar el camino para que otras universidades participen en esta iniciativa que busca cambiar tres décadas de “desastre” en términos educativos, como enunció el rector de la UACM, porque “no sólo no nos querían cuando éramos universidades progresistas sino que ahora tampoco como universidades neoliberales”.

Revertir procesos de 36 años se antoja harto difícil pero no imposible, sobre todo si involucran a las comunidades universitarias de las 20 instituciones de “segunda clase”.

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