Una de las características del régimen político colombiano es la impunidad máxime cuando los que violan la ley o cometen delitos pertenecen a las élites. Delitos de cuello blanco se llaman entre nosotros a esos delitos y a esos delincuentes. El sistema judicial tiene un diseño institucional tan intrincado y lleno de barreras para que esas investigaciones o no se inicien nunca o fracasen en su recorrido por las laberínticas rutas de las instituciones judiciales. Una de esas instituciones la constituye el reducido pero poderoso grupo de personas y funcionarios públicos que tienen un régimen especial de investigación y juzgamiento, tienen un fuero especial, es decir, son aforados constitucionales. Los presidentes de la República de acuerdo con nuestra Constitución solo podrán ser juzgados por el Congreso de la República. Todas las investigaciones en materia política o penal tendrán que ser tramitadas ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes quien las calificará y si encuentra mérito el pleno de esta corporación acusará ante el Senado de la República quien juzgara al funcionario por indignidad política o aprobara que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia asuma la investigaciones por infracciones al Código Penal.

También gozan de fuero pleno los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación (artículo 178 Constitución Nacional); tienen también fuero especial los miembros de las Fuerzas Armadas y de Policía, los parlamentarios a quienes solo pueden juzgar la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, los embajadores y los altos dignatarios de los organismos de control.

Las investigaciones de los aforados mueren en los organismos encargados de investigarlos o juzgarlos. Solo de manera excepcional ha habido en la larga historia del país juicios que culminen en condenas o investigaciones. El 2 de abril de 1959 el Congreso de la República determino que Gustavo Rojas Pinilla incurrió en indignidad por mala conducta en el ejercicio del cargo de presidente de la República. Un fallo posterior del año de 1966 restituyó todos los derechos políticos a Rojas Pinilla que le habían sido suspendidos de por vida.  Más recientemente a raíz de las investigaciones por la infiltración de dineros del narcotráfico a su campaña electoral el Fiscal General de la Nación, Alfonso Valdivieso Sarmiento, en el año 1996 acuso al entonces presidente de la República ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. La plenaria de la Cámara de Representantes precluyó la investigación y allí murió la investigación en contra del presidente Samper. En el año 2016 el Congreso levantó el fuero de Jorge Pretelt, magistrado de la Corte Constitucional, por presuntamente haber pedido 500 millones de pesos para favorecer a la empresa Fidupetrol con un fallo de tutela. Actualmente Pretelt, se encuentra en juicio en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Pero esta es la excepción en 40 años de existencia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Para llegar allí hubo mucha presión ciudadana, presión de los medios de comunicación y un pronunciamiento en su contra de la mayoría de los miembros de la propia Corte Constitucional. Difícilmente estas mismas circunstancias se repiten en otros procesos. En un proceso similar se encuentra ahora el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, a quien probablemente el Congreso también le levante el fuero para que sea investigado y juzgado por la Corte Suprema de Justicia. Bustos ha sido acusado por vender fallos de la Corte Suprema principalmente para exonerar a parlamentarios y aforados constitucionales por delitos relacionados con parapolítica y grandes casos de corrupción.

En la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes existen 270 procesos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Todos ellos duermen el sueño de los justos. Ninguno de ellos avanza.

Las investigaciones en los tribunales judiciales contra Álvaro Uribe Vélez 

Los medios de comunicación y las firmas encuestadoras siempre han especulado con el llamado teflón que protege a Uribe. Dicen que pese a los escándalos que han rodeado a Uribe desde sus épocas de director de la Aeronáutica Civil ligado al otorgamiento de licencias para pistas al servicio del narcotráfico, a su muy corto paso por la Alcaldía de Medellín y su abrupta salida,  a las Cooperativas de Seguridad, Convivir, que fueron una estrategia de impulso y estímulo a la organización de grupos paramilitares como lo han evidenciado no solo las investigaciones académicas sino decenas de fallos judiciales tanto de los organismos nacionales como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que fueron promovidas por Uribe desde la Gobernación de Antioquia, y luego en la presidencia de la República episodios como la entrega del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, a los grupos paramilitares que promovieron asesinatos como el de Alfredo Correa de Andreis, el fraude en el financiamiento de sus campañas electorales incluida la recolección de firmas para el referendo que buscaba un tercer período presidencial, la compra de los votos de Yidis Medina y Teodolindo Avendaño para que se aprobara en la Cámara de Representantes la reforma de la Constitución para ser reelegido, el hecho comprobado que dos de sus jefes de seguridad en la presidencia de la República estaban al servicio del narcotráfico, las interceptaciones ilegales de las comunicaciones a decenas de periodistas o líderes de la oposición, su alianza con los grupos paramilitares para su primera elección, y en fin, un largo historial sobre denuncias que reposan en los organismos judiciales competentes.  Los medios y las firmas encuestadoras pese a todo lo mencionado dicen que ello no pareciera tocar a Uribe que sigue contando con niveles de aprobación superiores al 45% de los encuestados, es lo que llaman eufemísticamente el efecto teflón que protege a Uribe. Poco preocupados por evaluarse, así mismos, no encuentran que el por ellos llamado efecto teflón es parte de la manera benevolente cuando no, cómplice, como los grandes medios de comunicación y los organismos judiciales han tratado las conductas del ex presidente. También al apoyo activo de los grandes grupos económicos del país y de un sector importante de ciudadanos colombianos que aún los respaldan y votan por él. Que las 270 investigaciones pendientes en la Comisión de Acusaciones no se muevan es también producto del silencio que las rodea en una opinión pública poco informada sobre los cargos y las pruebas que allí reposan como un monumento a la impunidad.

En el año 2015 la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín compulso copias para que se investigara la responsabilidad de Uribe en las masacres del Aro en el municipio de Ituango, departamento de Antioquia, ocurrida en el año de 1997. En esa masacre fueron asesinados 15 campesinos de dicho municipio por los grupos paramilitares. En  esa misma providencia judicial los tres magistrados del Tribunal ordenaron a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que presentara un informe público sobre las investigaciones que ha adelantado por las diferentes compulsas de copias realizadas contra Uribe Vélez. En la providencia se lee “La Sala ratifica la orden de expedir copias para investigarlo ( a Álvaro Uribe Vélez) por promover, auspiciar y apoyar grupos paramilitares y Convivir vinculadas con éstos y/o concertarse con ellos, no solo como Gobernador de Antioquia, sino después y aún como presidente de la República”. En esa providencia se ordena además de investigar la responsabilidad de Uribe en la masacre del Aro a que también se determine la responsabilidad de Uribe en la llamada operación Orión, que en 2003 se dirigió en la comuna 13 de Medellín en contra de las milicias de la guerrilla y en la cual la justicia ya demostró que las tropas del Ejército y las Fuerzas de Policía actuaron conjuntamente con el llamado Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia. En esa operación fueron asesinados líderes sociales y comunales que residían allí. Hasta el día de hoy la Comisión de Acusaciones no ha cumplido la orden de la Sala del  Tribunal Superior de Medellín.

Más recientemente en este mes de febrero de 2018 pero esta vez de la Sala Penal del Tribunal Suprior de Medellín llega a la misma conclusión advirtiendo la responsabilidad de Uribe no solo en la masacre de El Aro sino también en la masacre ocurrida en el corregimiento de La Granja, también en el municipio de Ituango, en donde cinco personas fueron asesinadas, por las Autodefensas, en la plaza principal por ser supuestamente colaboradores de las Farc. “La Gobernación de Antioquia y sus funcionarios más altos patrocinaron las Convivir que fue el apoyo de los particulares a las Autodefensas, es decir, las ayudaron en sus actuaciones positivas o negativas, permitieron y patrocinaron el desarrollo de tales organizaciones y de los delitos que ellos cometieron. Ello se tiene que investigar y juzgar” dice el fallo del Tribunal. En esta nueva providencia se pide además investigar la responsabilidad de Uribe en el asesinato del abogado defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, ocurrida en Medellín el 27 de febrero de 1998. Esta compulsa de copias no solo se hace a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes sino a la Fiscalía General de la Nación y a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que son los organismos competentes para investigar y eventualmente juzgar a Álvaro Uribe que en ese entonces era Gobernador de Antioquia y que de acuerdo con la normatividad vigente para esa época son los organismos competentes para ello. También se compulsaron copias al Consejo de Estado y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Y en este mismo mes de febrero, el viernes 16, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dio a conocer un fallo de 219 páginas en el cual decidieron absolver al parlamentario del Polo Democrático Iván Cepeda Castro, por la acusación de que dicho senador habría utilizado falsos testigos para tratar de incriminar a Álvaro Uribe en distintos hechos delictivos entre otros la conformación y apoyo a las actividades de grupos paramilitares. Esta denuncia la instauró el propio Álvaro Uribe ante la Sala Penal en el año 2012.

La Corte Suprema de Justicia al examinar el contenido de las interceptaciones hechas en desarrollo de su indagación, encontró pruebas suficientes que ameritan abrir investigación formal contra el expresidente por su posible participación en manipulación de testigos y fraude procesal. Como resultado de la investigación que por más de cuatro años realizó la Sala Penal que incluyó seguimientos, interceptaciones e inspecciones judiciales, emerge la existencia de un aparato con fines de un montaje en contra del senador Iván Cepeda cuyo núcleo es el expresidente Uribe. En este caso se trata –como lo señaló acertadamente el senador Cepeda en su comunicado de prensa- de la primera sentencia judicial que además de incluir testimonios de terceros, incluye pruebas materiales en las que aparece actuando en flagrancia el líder senador del Centro Democrático.

La sentencia incluye decisiones que tendrán impacto en otras investigaciones y casos relevantes que vinculan al expresidente Uribe con el paramilitarismo como es la conformación de grupos paramilitares en una de sus haciendas, la hacienda Guacharacas, la actuación del grupo paramilitar los Doce Apóstoles, el caso de las masacres de la Granja y El Aro en el municipio de Ituango, y otros procesos judiciales como el proceso que cursa en la misma Corte por paramilitarismo contra otro exgobernador de Antioquia, Luís Alfredo Ramos y además ordena la Corte que se investigue lo que sucedió en este proceso en la Sala Esperanza de la Fiscalía General de Nación en dónde se presentó fuga de información que fue entregada a Álvaro Uribe y donde además se dejaron de grabar llamadas importantes dentro de este proceso investigativo.

La pregunta obligada a estas alturas de las investigaciones es si los tribunales judiciales competentes se atreverán a realizar y llevar adelante las investigaciones judiciales pertinentes. Dejarán atrás los temores para enfrentar la arremetida de las hordas uribistas, enfrentaran los recursos judiciales que los más prestantes bufetes de abogados a su servicio interpondrán para entorpecer las investigaciones, protegerán adecuadamente a los testigos en los distintos procesos dado que varios involucrados han sido asesinados, en fin, perderán el miedo y el encubrimiento que han sido de común ocurrencia en todos estos procesos. Amanecerá y veremos como dice el adagio popular.

 Bogotá 22 de febrero de 2018

Pedro Santana Rodríguez

Director de la Revista Sur

https://www.sur.org.co/la-justicia-colombia-se-atrevera-investigar-alvaro-uribe/