Durante la última semana de Michelle Bachelet como presidenta de Chile se instaló en la agenda de los medios una discusión en torno a cuál sería “el legado de Bachelet”. Fue un intento deliberado y coordinado por diversos políticos, columnistas y plumas afines al saliente Gobierno de cerrar estos cuatro años dando la sensación de que efectivamente se trató de un Gobierno de centro-izquierda que habría logrado avances progresistas para beneficio del país. “Se corrió el cerco” fue el slogan elegido por esas plumas para argumentar que el país es hoy mejor que hace cuatro años, que hoy el cerco ideológico de la derecha es menos estrecho que cuando Bachelet asumió.

Se trata de un intento poco creíble y tardío de torcer la realidad mediante estrategias mediático-comunicacionales. Poco creíble porque la porfiada realidad muestra una cara muy distinta. Partamos resaltando uno de los datos más duros: por segunda vez Michelle Bachelet deberá entregar la banda presidencial a Sebastián Piñera, multimillonario hombre de negocios que esta vez optó sin complejos por mostrar al país un gabinete de extrema derecha, con varios reconocidos pinochetistas entre sus ministros. Entonces, mientras en los medios y las redes se intenta hacer creer que se avanzó con Bachelet hacia un país más progresista, en la realidad ocurre que su legado incluye darle (por segunda vez) la banda presidencial a uno de los hombres más ricos del país, con cuentas en paraísos fiscales y que se rodea de pinochetismo. Sí, se corrió el cerco…hacia la derecha.

Eso no es todo. La ex presidenta no avanzó en un asunto esencial para efectivamente democratizar la sociedad chilena: la cuestión constitucional. Debe recordarse que Chile es el único país sudamericano de todos los que vivieron dictaduras militares que mantiene la constitución del dictador: rige aún la constitución de Pinochet. Y fiel a su errático estilo, cinco días antes de terminar su mandato la presidenta apareció sorpresivamente en cadena televisiva anunciando que enviaría un proyecto de reforma constitucional al Congreso, “para honrar mi compromiso asumido con Chile”. Se trataba del mismo Congreso que termina su mandato también el domingo 11 de marzo para ser renovado por otro muy distinto. Este hecho provocó burlas e indignación, incluso entre sus propios partidarios. Diputados democratacristianos calificaron este envío de última hora como “un circo, una falta de respeto”. Incluso el electo senador socialista y expresidente de la OEA, José Miguel Insulza, señaló que “no ha habido en el Palacio de La Moneda, como lo hubo en los primeros tres Gobiernos de la Concertación y parcialmente en el primer Gobierno de Bachelet, una dirección política que ordenara la conducción del Estado y de la coalición, y por lo tanto, ordenara al país”.

Es, además, un misterio saber quiénes redactaron el proyecto de nueva Constitución que ya ingresó al Congreso. El propio Sebastián Piñara, en entrevista al diario El País lo destaca, “esta Constitución que se presentó hace algunos días atrás, no la conocía prácticamente nadie, ni siquiera los partidos de la Nueva Mayoría de centroizquierda. Esa no es la forma, creo yo”. También es un misterio por qué se decidió incluir ciertas disposiciones. Por ejemplo, el artículo 24 fue uno de los que llamó más la atención. El texto aumenta el mínimo de edad para poder postular al cargo de Presidente de la República de 35 a 40 años. Esto inmediatamente fue visto como una señal dirigida al naciente Frente Amplio (FA), que obtuvo, para sorpresa de todos, 20 diputados y un senador, y cuyos principales líderes, los diputados Giorgio Jackson (31) y Gabriel Boric (32), o el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp (33), están hoy con la edad mínima para postularse a dicho cargo en 2022. “Ley anti millenials” ha sido bautizada esa iniciativa bacheletista.

No olvidemos que el Frente Amplio fue una de las principales sorpresas en las elecciones pasadas: logró el 20 % en la carrera presidencial con Beatriz Sánchez, el 16 % de la votación popular en las parlamentarias, contando así con una bancada que será clave en la próxima Legislatura, considerando que Piñera no tiene mayoría ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados.

Y en el terreno de la lucha por los Derechos Humanos tampoco se corrió el cerco, muy por el contrario, se mantuvieron las mismas camisas de fuerza. Bachelet prometió en septiembre de 2014 ante el país que pondría fin a la Ley de Amnistía de 1978 que aún rige en Chile y que beneficia a los genocidas…no lo hizo. También prometió en 2015 a Carmen Gloria Quintana, sobreviviente de ser quemada viva por una patrulla militar en 1986 y símbolo de la lucha antidictatorial, que cerraría la cárcel especial Punta Peuco, recinto penal con canchas de tenis donde están recluidos los pocos militares condenados por violaciones a los DDHH. Hasta el último día y en medio de una inmensa ola de rumores, Chile esperó que cerrara el penal, de hecho, ella hasta el sábado no quiso ni confirmarlo ni negarlo, sólo decía que gobernaría “hasta el último día”. No lo hizo.

Cuando hace cuatro años asumió la presidencia, Michele Bachellet tenía todas las posibilidades y condiciones de hacer aquello que hoy nos quieren hacer creer que hizo: abrir una nueva etapa e intentar cerrar con menos neoliberalismo este ciclo político nacional, abierto en 1990 con la vuelta a la democracia, y que está llegando a su fin.

Tenía el apoyo electoral, simpatía popular, mayoría en ambas cámaras…pudo haber usado esa energía para sentar las bases de un proceso orientado realmente a cambiar la Constitución. En 2013 se instaló con fuerza la idea de la Asamblea Constituyente, la mayoría del país apoyaba esa iniciativa, de acuerdo a todos los estudios de opinión. Pero optó por hacer y seguir el camino que ya constituye una marca de época de la socialdemocracia mundial: administrar el neoliberalismo, dando apariencia de progresismo con gestos comunicacionales y con ciertos avances en políticas identitarias, especialmente las orientadas a la igualdad de género. Efectivamente, en ese terreno Bachelet logró sacar adelante la despenalización del aborto en tres causales, así como la unión civil entre personas del mismo sexo.

Sin embargo, no hubo ningún intento de hacer un Gobierno verdaderamente trasformador, de tocar el capital, de disminuir la desigualdad, o de aumentar la soberanía del país frente a las trasnacionales. En ese sentido, el primer Gobierno de Piñera (2010-2014) y este último de Bachelet se parecen bastante. En ambos períodos Chile figura como el país más desigual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), también en ambos el alineamiento geopolítico ha sido con la Alianza del Pacífico, con una política exterior muy anti bolivariana. Asimismo, en ambos Gobiernos estallaron los casos de corrupción más grandes de los últimos 25 años, de hecho, varios ex ministros de Piñera están acusados por la Justicia.

Cabe, en todo caso, recordar que el potente despertar de los movimientos sociales en Chile se dio durante la anterior administración de Piñera, especialmente durante 2011-2012. Fue tal la fuerza de estos movimientos que se instalaron temas vedados por la elite, como los de reforma laboral, nueva constitución, fin al lucro en la educación, etc. Temas que Bachelet tomó como banderas de lucha y con los cuales resultó elegida, descomprimiendo la conflictividad social, pero en beneficio del capital (otra marca de la socialdemocracia).

¿Cambiará algo con la llegada de Piñera?

Al contrario de lo que viene sucediendo en Argentina, Brasil y Ecuador, donde la llegada de gobiernos de derecha después de años de gobiernos progresistas ha significado un retroceso en las políticas sociales, tangible en la pérdida de derechos ya adquiridos (suspensión de beneficios, recortes en gasto social, indultos a represores etc.) en Chile no se ha avanzado lo suficiente como para retroceder. Podemos incluso decir que lo que no se hizo durante los gobiernos de la Concertación, sentó las bases seguras para el avance y profundización del neoliberalismo en el país sureño.

El plan de gobierno de Sebastián Piñera [1] inicia con un llamado reverencial a la meritocracia y el individualismo: “Tengo la convicción de que juntos construiremos tiempos mejores. Lograrlo depende de nosotros (…) de soñar con una patria (…) donde todos tengan las oportunidades para poder volar tan alto y llegar tan lejos como su propio mérito y esfuerzo lo permitan”. En una frontal ruptura con los llamados a conquistar la segunda y definitiva independencia que realizaron en bloque los países latinoamericanos durante la década ganada, el próximo gobierno de derecha asocia como línea de continuidad histórica el “progreso”: “Hace doscientos años conquistamos nuestra independencia; hoy es hora de conquistar definitivamente nuestro desarrollo”.

En la comprensión de desarrollo del futuro equipo de gobierno, la ruptura con el pasado parece ser un paso fundamental. A pesar de que la dictadura pinochetista no ha sido superada ni en términos de justicia ni en plano legislativo, como mencionamos anteriormente, la propuesta anunciada en el plan de gobierno llama a acabar con la “cultura de la retroexcavadora”, metáfora absolutamente desgraciada si consideramos que aún se desconoce la ubicación de la mayoría de los detenidos desaparecidos durante la dictadura (de un universo de aproximadamente 1200 detenidos desaparecidos han sido identificados 164).

En este plano, se hace sospechoso uno de los puntos en el apartado sobre los derechos humanos en el mencionado plan: “Por razones humanitarias y de dignidad permitir que las personas de edad muy avanzada, o con enfermedades terminales graves, o que les impidan valerse por sí mismas, y que se encuentren cumpliendo condenas en cárceles, puedan sustituir la pena por arresto total en su propio domicilio o, según su elección, en un establecimiento adecuado a su situación de salud o avanzada edad”. Un artículo como este podría avalar acciones como las emprendidas por el Gobierno de Macri, en Argentina, que ha beneficiado con prisión domiciliaria a asesinos condenados por perpetrar delitos de lesa humanidad y genocidio durante la dictadura, acciones que representan un verdadero retroceso en lo avanzado sobre esta materia durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Vale la pena acotar que, como mencionamos antes, no hay tanto que retroceder en este plano: en Chile se han procesado más de 600 represores y asesinos, pero solo han sido condenados unos 345 de los cuales solo cumplen condena efectiva 112. El apartado mencionado podría utilizarse para suavizar las pocas condenas que se cumplen.

A nivel discursivo, también destaca en la propuesta de plan de gobierno la insistencia en acabar con la “indignidad de la pobreza”, sin realizar ninguna mención a las causas históricas de empobrecimiento, asimilando además la igualdad social a la capacidad de consumo; el recurrente llamado a sostener la familia tradicional como base estructural de la sociedad (en un país en el que el 77 % de los hogares monoparentales son sostenidos por mujeres y en el primer quintil un 30,2 % de mujeres destinan su tiempo al cuidado y quehaceres del hogar, frente a un 1 % de hombres[2]); y la tendencia a estructurar políticas de protección e “impulso” para la clase media y el beneficio de los “emprendedores e innovadores”.

En el plano de la educación, que ha sido uno de los campos de batalla más intenso durante los últimos años, no se contempla –frontalmente- el retroceso en los pequeños avances en materia de gratuidad pero si se considera el resguardo de “la libertad de las familias en elegir y participar en la educación de sus hijos” así como defender el derecho de los padres y apoderadas a “realizar aportes de carácter voluntario, no regulares, con el objeto de financiar actividades extracurriculares”, políticas que pueden impulsar – aún más- la diferencias en términos de acceso y calidad de educación básica según la clase social de los estudiantes.

También se apunta reiterativamente a la disminución de la participación del Estado en el plano de la educación, argumentando – en una estrategia ya clásica de la derecha – la necesidad de “despolitizarla”, priorizando la calidad por encima de las ideologías políticas. En los últimos diez años, la participación política de los estudiantes ha sido el factor de movilización más intenso en Chile. Justamente las movilizaciones estudiantiles y la politización de la juventud, fue lo que permitió el nacimiento del Frente Amplio, la única opción alternativa de izquierda entre los tradicionales partidos políticos, a la que sin duda el Gobierno de Piñera no dudará en clasificar como parte de “la minoría ruidosa y radicalizada” que menciona en su propuesta de gobierno.

Con un gabinete pinochetista y un plan de gobierno que apunta al progreso y a la “superación personal”, el nuevo Gobierno de Chile se prepara para continuar la ruta esbozada durante la dictadura y nunca desdibujada por la concertación. El neoliberalismo se prepara para avanzar sin las máscaras de la transición, lo que también podría impulsar una oposición sin caretas: la opción más viable para la transformación es que la izquierda se radicalice en el ejercicio opositor.

Notas

[1] Disponible en: http://www.sebastianpinera.cl/images/programa-SP.pdf

[2]http://www.eldesconcierto.cl/2017/03/07/encuesta-casen-77-los-hogares-monoparentales-liderados-mujeres/

Pedro Santander @pedsantander

Taroa Zúñiga @TaroaZuniga

Investigadores de CELAG
 

http://www.celag.org/la-herencia-bachelet-neoliberalismo-paso-firme/