«El presidente de Venezuela no llegará ni al suelo ni al cielo del Perú», clamaba hace poco el ahora dimitente presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Atrapado en la trama de corrupción internacional que lo vincula al ya famoso “Caso Odebrecht”, Kuczynski ya no estará en la Cumbre de las Américas a celebrarse en Perú a mediados de abril. Para el analista y diplomático panameño Julio Yao, la dimisión del hasta hace horas presidente peruano hace peligrar la maniobra urdida alrededor del llamado Grupo de Lima en contra de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo presidente, Nicolás Maduro, preguntaba humorísticamente este jueves, en una comparecencia televisiva: «¿Quién va a recibirme entonces en Lima?»

Con la salida del poder del presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se crea una mayor pérdida de legitimidad en el llamado Grupo de Lima, conformado para desconocer la autodeterminación de Venezuela, como parte de una guerra omnímoda que Estados Unidos lleva a cabo para destruir su soberanía.

El Grupo de Lima está integrado por menos de la mitad de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), pero la renuncia del presidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski, acusado de corrupción, sacude hasta los cimientos la VIII Cumbre de las Américas (a celebrarse los días 13 y 14 abril de 2018) que ahora se desmorona como castillo de arena. Su tema era, paradójicamente, “la gobernabilidad democrática y la corrupción”. Su anfitrión era el defenestrado mandatario peruano.

Si –renuncia aparte– Estados Unidos pretendía en la VIII Cumbre de las Américas ampliar la base de su intervención contra Venezuela –al presidente venezolano Nicolás Maduro le negaron la entrada a la Cumbre–, el fracaso del hegemón es doble porque la ausencia simultánea de PPK de la presidencia de Perú y de la VIII Cumbre pone al desnudo la fragilidad democrática y la orfandad moral y política de varios de sus comensales (Perú, México, Honduras, Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Panamá, por sólo mencionar algunos), señalados por igual o peor corrupción que la que sepultó a Kuczynski y calificables como “Estados fallidos”, según el novísimo diccionario del Comando Sur (SouthCom) estadounidense.

Desde su conformación, por sus objetivos ilícitos, el Grupo de Lima violó la Carta de la OEA, la Carta de la ONU y el Derecho Internacional Público –que consagran la obligación de no intervenir, de no amenazar y de no agredir. El Grupo de Lima se integró a sabiendas de las intenciones declaradas y públicas de Estados Unidos de invadir militarmente a Venezuela y es por ello que la complicidad de sus miembros con la agresión es manifiesta.

¿Podrá negarlo Colombia, vasallo favorito de Estados Unidos en Latinoamérica, que ya ha recibido de Washington sumas fabulosas por alquilar su territorio para desestabilizar, agredir y servir como punta de lanza de la invasión contra Venezuela?

La Declaración que creó el Grupo de Lima, en agosto de 2017, pierde su razón de ser a raíz del informe vinculante del Investigador Independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el jurista e historiador estadounidense Alfred-Maurice de Zayas, quien fue invisibilizado y vilipendiado por el andamiaje mediático de Occidente por haber declarado que “en Venezuela no existe una crisis humanitaria” que justifique una “intervención humanitaria” (léase “intervención armada”) [1].

Según de Zayas, egresado de Harvard, en Venezuela sí hay “desabastecimiento y penurias, naturalmente ocasionadas por la guerra económica y comercial” de una oposición violenta contra su pueblo, aupada desde el extranjero, y no de una opresión interna [2].

Aparte de una “crisis humanitaria” artificial, Estados Unidos ha aplicado recientemente algunas mal llamadas «sanciones», tanto a altos funcionarios como al Estado venezolano. Pero tales «sanciones» en realidad son medidas restrictivas y coercitivas que configuran delitos de lesa humanidad (bloqueos, cerco financiero, asfixia económica y comercial, boicot al Petro [3]) y son medidas sucedáneas o complementarias del ilegítimo uso de la fuerza conforme al Capítulo VII de la Carta de la ONU.

Por boca del presidente Trump, Estados Unidos ha amenazado a Venezuela con una inminente invasión armada [4] si no se somete a sus órdenes –que implican regalar a las transnacionales estadounidenses sus recursos y riquezas. Pero esas «sanciones», que niegan al pueblo de Venezuela su derecho a la existencia, pueden ser objeto de demandas ante el Tribunal Penal Internacional no obstante el creciente desprestigio de este último.

La inexistencia en Venezuela de una crisis humanitaria imposibilita la aplicación de la Carta Democrática de la OEA, principal objetivo del Grupo de Lima, y el grave traspiés de la VIII Cumbre de las Américas deja a Estados Unidos sin el telón de fondo regional (léase complicidad) que necesita para destruir la República Bolivariana.

Si el Grupo de Lima no representa a la OEA, que carece de un Consejo de Seguridad que lo autorice; si el Grupo de Lima no representa a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC ni a grupo regional alguno; si el Grupo de Lima no puede actuar por su propia cuenta, en violación de la Carta de la OEA, sin arriesgar su propia expulsión de ese organismo; si el Grupo de Lima viola la Carta de la ONU; entonces ¿qué es ese Grupo, a quién sirve y cuál es el fundamento legal de su accionar?

El Grupo de Lima es una banda de Estados delincuentes, forajidos y mercenarios que se oponen a la Zona de Paz declarada en la región, que sirven al Comando Sur de Estados Unidos y carecen de legalidad, de tal suerte que el frustrado festín de buitres, pudiera ser más bien el funeral de su olvidada dignidad nacional.

Notas

[1] «Una aspiración verdadera a la paz y la justicia», por Alfred de Zayas, Zeit Fragen (Suiza), Red Voltaire, 27 de enero de 2018.

[2] “Intervención sin crisis humanitaria”, por Julio Yao, La Estrella de Panamá, 12 de marzo de 2018.

[3] El Petro es la criptomoneda recientemente creada por la República Bolivariana de Venezuela. Está respaldado por las reservas verificadas de petróleo y oro de Venezuela. Su periodo de preventa –iniciado el 20 de febrero de 2018– con casi 39 millones de tokens disponibles, a un valor inicial de 60 dólares estadounidenses por 1 Petro, culminó el pasado 19 de marzo con un reporte de intenciones de compra ascendente a unos 6 000 millones de dólares, a pesar del anuncio de Washington de su decisión de imponer sanciones a las empresas o individuos que adquieran esta criptomoneda venezolana. Nota de la Red Voltaire.

[4] «Nuestro Pueblo ha sido amenazado directamente por el presidente de Estados Unidos con el uso de la fuerza militar», por Jorge Arreaza, Red Voltaire, 29 de septiembre de 2017.

http://www.voltairenet.org/article200334.html