Al igual que ha pasado en Perú, en Panamá crecen sin cesar una serie de “malestares” sociales y políticos que auguran un final fuera de pronóstico: creciente descontento popular por la carestía, la falta de empleos y salarios dignos, debacle de todos los servicios públicos que elevan el sufrimiento diario de la gente; denuncias de corrupción que salpican para todos lados entre partidos, políticos y empresarios, las cuales no se reducen a lo de Odebrecht; y una disputa violenta entre la oposición, que domina el Legislativo, y el gobierno.

La crisis social toma la calle y se expresa en media docena de protestas diarias, que a veces incluyen bloqueos: padres de familia de escuelas cercanas a la ruina, sin agua, con colapso de estructuras, insalubres, sin electricidad o con todos esos problemas combinados.

Vecinos de suburbios que deben cerrar calles para que los medios de comunicación hagan saber a las autoridades que tienen días sin agua potable o que las calles son intransitables. En lo macro, el paro general de Colón del mes de marzo, constituye la prueba palpable del estado crítico del país.

Ni hablar de la violencia que impone la dictadura del miedo en los barrios populares, alias “marginales” o “zonas rojas”, ni de las peripecias del transporte público.

La corrupción y la judicialización de la política, utilizadas por el gobierno sólo para desprestigiar a los opositores, pero sin verdaderas intenciones de hacer justicia, ni castigar a los culpables, se está transformando en bumerang para el gobierno de Juan C. Varela.

La gente asiste con indignación al espectáculo de ver salir por la puerta de atrás, bajo el subterfugio de “medidas cautelares”, a los corruptos que entraron a la cárcel por delante. Para no decir que los allegados al gobierno sospechosos de recibir coimas de Odebrecht, o vinculados a escándalos como los Panamá Papers, y otros, no pasan por la fiscalía a declarar. Al final sólo quedan presos “los hijos de la cocinera”.

Ya nadie espera que habrá justicia, ni confía que las denuncias obedezcan a las buenas intenciones de un “gobierno honesto”, en el cual nadie cree tampoco. Lamentablemente dejaron de publicarse los estudios de opinión respecto a la popularidad del gobierno, que debe estar por el suelo. A Varela se la acaba la poca credibilidad que tenía, incluso entre quienes le apoyaron.

Irónicamente, quien sí gana popularidad entre los sectores más pauperizados es el único preso (eso porque está en Estados Unidos): Ricardo Martinelli. En el imaginario equivocado de muchos sectores populares, este se ha vuelto un “Robin Hood”, del cual dicen que: “robó pero también repartió”, en alusión a la bonanza de empleo que hubo en su gestión.

La última escena de este drama la ha dado el rechazo de la Asamblea Nacional a dos magistradas propuestas por el presidente Varela para la Corte Suprema de Justicia, propuesta que creyó que podía imponer sin negociar, a sabiendas de que carece de mayoría legislativa y que ha gobernado hasta aquí pactando, con el PRD primero y con Cambio Democrático (el partido de Martinelli), después.

Los diputados del PRD y CD, también están tiznados por denuncias de corrupción y de manejo de partidas públicas millonarias desviadas para pagar sus campañas electorales, partidas cuyo informe se niega a entregar la actual presidenta de la Asamblea, Yanibel Ábrego, incumpliendo la Ley de Transparencia, pues saldrán a flote algunas “bellezas”. Esas bancadas mayoritarias, han declarado la guerra al presidente de la República.

La nueva alianza opositora, PRD-CD, cambió la composición de la Comisión de Credenciales y se rumora que ya acumula hasta tres denuncias contra Varela por corrupción, con lo cual podrían iniciarle un juicio político y destituirle, antes de las elecciones de mayo de 2019.

El contralor de la república movió ficha en favor del oficialismo enviando a la Procuraduría las auditorías de los diputados, con lo cual algunos podrían ser destituidos y llamados a juicio a su vez. Se especula que el presidente Varela podría cerrar la Asamblea Nacional, antes que lo saquen a él, y convocar una Asamblea Constituyente con la que se comprometió en las elecciones y nunca cumplió.

Hay un precedente en la historia panameña de algo así: en 1967, cuando el presidente saliente imponía mediante el fraude a su sucesor, la Asamblea enjuició a Marcos Robles por corrupción y lo destituyó, pero éste mantuvo el respaldo de la Guardia Nacional, la cual a su vez cerró la Asamblea destituyendo a los diputados de hecho.

El escenario está servido para cualquier situación, o una “salida a la peruana”, en la que el Congreso destituyó a PKK, o una salida inversamente proporcional, al estilo de la ensayada por Marcos Robles en 1967.

Los sectores populares organizados, pero dispersos y no muy unidos, movilizados pero todavía a media máquina, podrían ser los que definan la salida, si logran superar su habitual papel de “convidado de piedra” en el escenario político nacional. Entre tanto, la caldera sigue acumulando calor y presión. Veremos

Panamá, 26 de marzo de 2018.