Casi todas las semanas hay noticias de Tribunales que suelen contrariar a la justicia. Las dos últimas muestras fueron la intervención del PJ y el aval a la prisión de Lula.

En cuanto a la edad y la permanencia en el despacho es improbable que la jueza María Romilda Servini de Cubría pueda igualar a Carlos Fayt. Ella tiene 81 años y el otro murió a los 98, habiéndose desempeñado hasta el 11 de diciembre de 2015 como miembro de la Corte Suprema dizque de Justicia durante 32 años. En medio de pedidos de renuncia, continuó hasta el día siguiente de la asunción del gobierno con el que simpatizaba.

Servini hace casi 30 años que es jueza federal con competencia electoral nacional y forjó una triste fama, poco jurídica, desde tiempos menemistas. Su coronación como reina de la censura llegó con Tato Bores burlándose de sus tijeras poco democráticas.

La jueza volvió a la tapa de los diarios con un fallo a medida de la derecha peronista y la derecha neoliberal gobernante, al decidir en 24 horas la intervención del Partido Justicialista. Lo hizo el martes 10, luego de recibir una nota del triunviro barrionuevista de la CGT, Carlos Acuña, pidiendo la intervención.

La magistrada podría haber citado al titular, José Luis Gioja; haberlo apercibido y hasta designado un veedor judicial. Pero mandó la intervención, basándose en datos políticos y no en argumentos jurídicos ni administrativos sobre irregularidades. Hasta invocó las derrotas en las elecciones de 2015 y 2017, como si eso fuera motivo de intervención. Ya lo saben los partidos que pierden en comicios generales: pueden ser intervenidos.

Luis Barrionuevo como jefe transitorio de esa fuerza política es una provocación. Su prestigio es igual a bajo cero. Su equidistancia o neutralidad, ídem. Su patrimonio, en cambio, debe ser empinado, como el de los sindicalistas que se entronizan décadas, como empresarios.

Paradojas de la justicia: el mismo que ordenó quemar urnas en Catamarca mandará en el PJ de 24 provincias con el argumento que perdió dos comicios seguidos.

Lo de la jueza “Burú Burú Budía”, diría el coro de Tato Bores, no es una flor exótica en el jardín de Tribunales. Por el contrario, abunda como los yuyos de un patio abandonado.

El procurador interino Eduardo Casal desplazó al fiscal Juan Pedro Zoni de la causa Correogate, donde se investiga el acuerdo escandaloso de 2016 firmado por ministros con las empresas del grupo Macri. Se condonaba la deuda contraída tras su fracasada administración del Correo Argentino. La refinanciación a 18 años beneficiaría al presidente en 70.000 millones de pesos.

El desplazado había profundizado las investigaciones sobre ese acuerdo fatal para el interés estatal y también por los retiros de dinero del grupo Socma en ese proceso de quiebra. Y tenía algunas pruebas de las reuniones habidas entre el Estado y el grupo Macri, que a la postre serían una sola parte, atendiendo de ambos lados del mostrador.

Ahora fue puesto en ese cargo por cuatro meses un íntimo amigo del presidente y excolaborador suyo en el club Boca Juniors. Se trata del furibundo fiscal anti K, Gerardo Pollicita, quien promovió causas contra CFK por alquileres de hoteles en el Santa Cruz y el supuesto encubrimiento de Irán en el atentado contra la AMIA.

Otras denuncias sobre miembros prominentes de la justicia son desopilantes, sobre todo cuando quien las formula es Elisa Carrió. Ella volvió a arremeter con el pedido de juicio político, formulado un año atrás, contra Ricardo Lorenzetti. Acusa al presidente de la Corte de manejar una central de espionaje paralelo para salvaguardar “sus negocios mafiosos en Rafaela”.

El cronista descree de tal barbaridad, sin pensar por eso que Lorenzetti sea un niño de pecho o nada tenga que ver con espionaje. Bien que junto a otros cinco supremos tiró abajo en 2013 el tímido proyecto kirchnerista para democratizar la elección de los consejeros académicos, jueces y abogados en el Consejo de la Magistratura.

 Son eternos

¿Por qué los jueces y magistrados son electos sin intervención directa de la ciudadanía? ¿Por qué duran toda la vida en los cargos, salvo mal desempeño alevoso, en cuyo caso los juzga un polémico Consejo de fuerte impronta política? Son más que los presidentes, electos por el voto popular y que duran cuatro años con derecho a una reelección. Los otros son eternos.

En justicia hay un modelo democrático superador: Bolivia. En octubre de 2012 se hizo la elección popular de los magistrados titulares y suplentes que integran los Tribunales Constitucional (18 miembros), Supremo de Justicia (14) y Agroambiental (14); así como el Consejo de la Magistratura (10). Los juristas nominados por la voluntad popular duran un máximo de diez años. Sería bueno aprender de los hermanos bolivianos, tan menospreciados por la clase dominante con eje en Buenos Aires.

Hay una justicia funcional a Macri en el Correo, el desprocesamiento de Gustavo Arribas, el “2x1” para genocidas, los tarifazos de Aranguren, detenciones de presos políticos opositores, etc. Pero también hay magistrados valiosos como los que procesaron al policía Chocobar, jueces laborales calificados como “mafia” por el jefe de Estado, etc.

Parcialmente insatisfecho con su cosecha tribunalicia, MM quiere una justicia como la de Brasil. En su encuentro con Mariano Rajoy declaró que “hablar de confianza en un país es tener una justicia independiente que haga respetar la ley, y eso tiene hoy Brasil: una Justicia que se ha demostrado verdaderamente independiente”. Por si algún despistado no había entendido su apoyo a la detención de Lula da Silva, el sospechoso de vaciamiento del Correo Argentino lo reiteró: “no tenemos más que decir que respetamos el funcionamiento institucional de Brasil”.

Alguna vez tendrá que enfrentarse a una justicia imparcial.

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