El alza de los precios minoristas de marzo alcanzó al 2,3% según el INDEC y anualizado ya supera el dato del 2017.

Sigue preocupando el tarifazo de servicios públicos, pero ahora se suma el problema de la inflación núcleo, o sea, aquellos precios más allá de los regulados. La alimentación en el eje de la tormenta, pero también la vivienda (por incremento de alquileres o valorización de inmuebles), o las medicinas; insistamos, junto al transporte, la electricidad, el gas, entre otros servicios públicos privatizados.

El pronóstico para abril no es halagüeño y en el primer semestre del año se puede consumir el límite del 15% establecido por las metas de inflación establecidas en diciembre por el BCRA, quién anticipa una perspectiva de precios ascendiendo por encima del 20% para el 2018 y que la calle ya establece en torno al 25%, similar a la del pasado año.

Ya sabemos que la inflación afecta a la población de menores ingresos, sin capacidad de defender salarios, jubilaciones o subsidios de planes sociales, deteriorando la capacidad de compra de sus entornos familiares y alertando sobre problemas del consumo que afectan al comercio y con ello a la producción que abastece las redes de distribución de bienes y servicios.

La pelea es por los ingresos

Quienes viven de ganancias, por ser propietarios de medios de producción, optan si pueden, por incrementar los precios de los bienes o servicios que ofertan en el mercado de consumo.

No todos pueden hacerlo. En sectores desregulados, por ejemplo, verdulerías, peluquerías, negocios de barrio, o servicios especializados, todo depende de la capacidad de pago de la clientela asociada a esas actividades económicas, o su lugar en la cadena de valor que articula la producción.

En realidad, algo similar ocurre con los prestadores de servicios públicos, aún con aumentos de precios, donde la opción de no pagar puede generalizarse y deteriorar la capacidad de recaudación y rentabilidad de las empresas, lo que justificó desde el comienzo la suba de las tarifas.

Algo que ya ocurre en grandes centros comerciales en los que impacta la menor capacidad de compra de sus consumidores. Es el caso de CARREFOUR, que aprovecha la volteada para reestructurar las relaciones laborales modificando el convenio colectivo y afectando a la baja el ingreso de sus trabajadores.

Para los que viven de la venta de la fuerza de trabajo, activos o pasivos, empleados o desempleados, integrando o no el mercado de trabajo, enfrentan el dilema de adecuar sus gastos a los menguados ingresos o disputar la capacidad socio política para disputar renta nacional a los propietarios de medios de producción.

Es la lucha de clases hubiésemos dicho en otro tiempo, que se manifiesta como disputa por la distribución del ingreso o renta nacional si acudimos al lenguaje técnico de la macroeconomía.

Unos viven de la propiedad de los medios de producción y otros de la venta de la fuerza de trabajo.

Ambos tributan al Estado y desde allí se genera un segundo momento en la distribución del ingreso nacional vía gasto público, e incluso en la perspectiva de la inversión pública se define el destinario de la apropiación secundaria, vía Estado, de la riqueza socialmente generada.

Remitimos en este último caso al destino en educación, salud, infraestructura u orientación de recursos públicos de carácter improductivo que a modo de ejemplo sintetizamos en el gasto militar sin existir hipótesis de conflicto explicitada a la sociedad.

El ingreso a distribuir es una magnitud disputada por unos u otros y en ese sentido, la política económica no es neutral.

Por eso se destaca la voluntad oficial y empresaria y de contener la demanda de actualización de ingresos de trabajadoras y trabajadores en todas sus categorías al límite del imaginario del 15% establecido como deseo oficialista de la evolución de precios para el 2018.

En el otro rincón se procesan las formas del reclamo social por defender la capacidad de compra de amplios sectores de menores ingresos.

¿Quién vence a quién?

Es el interrogante en la disputa por el ingreso. Se generalizan iniciativas de no pago de servicios y de protestas calleras, como la coalición que convoca a la marcha de las velas contra el tarifazo de la electricidad para los próximos 18 y 19 de abril. Pero es también el conflicto de los maestros y profesores de todos los niveles de la educación por actualizar salarios.

Ahí está la incógnita sobre la política cotidiana, la lucha por los consensos políticos y la cotidianeidad del devenir en la Argentina.

¿Podrán empresarios y gobierno disciplinar el conflicto social e imponer su política de ingresos y precios?

En el otro polo y más allá de estrategias diferenciadas de acumulación de poder propio, el interrogante apunta a saber si: ¿podrá desplegarse una amplia unidad de acción de sindicatos, movimientos sociales, territoriales o sectoriales, para el logro de objetivos concretos en la mejora por la apropiación del ingreso? Estamos aludiendo a amplios sectores sociales perjudicados por la desigual apropiación del producto social del trabajo.

Son incógnitas de nuestro tiempo y por eso hay presión por derecha sobre el gobierno para endurecer sus políticas y dejar de lado un discurso que remite al gradualismo y aplicar políticas de shock. Tanto como de quienes exigen superar el divisionismo de estrategias particulares de acumulación de poder político para pensar más integradamente y con efectividad en la discusión por la apropiación del producto social del trabajo.

Para el bloque social en el poder existen diferentes formas de encarar la etapa y ya pensando en la renovación presidencial del 2019. Ocurre algo similar entre quienes pretenden cambiar la orientación política en el próximo turno presidencial.

Algunos solo pretenden modificar el gestor, sin modificar el rumbo y otros, muy divididos aún proponen ir más allá del cambio de gestión de un rumbo y pensar en una lógica contraria de beneficiarios y perjudicados de la política económica.

Resulta así un entramado diverso de intereses y propuestas que pugnan por ganar conciencia social y consolidar una perspectiva relativa a la organización económica de nuestra sociedad, con un determinado modelo productivo y de desarrollo. No es un tema menor y las consecuencias sociales de quien vence a quién condiciona nuestra vida cotidiana.

Buenos Aires, 15 de abril de 2018

Julio C. Gambina

Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP

Ciudad de Buenos Aires.

www.juliogambina.blogspot.com