El asesinato del vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Jorge Luis Ortega, y el atentado al oleoducto en el departamento de Antioquia que dejó el saldo de 55 muertos constituyen dos de los hechos violentos más visibles que enturbian el difícil y complicado camino de la paz en el que están empeñados los colombianos.

Las conversaciones de paz que tienen como protagonistas al gobierno de Andrés Pastrana, a los movimientos guerrilleros y a sectores de la sociedad civil hasta el momento no han sido acompañadas con acciones concretas que efectivamente demuestren que la paz está por encima de los intereses específicos y coyunturales.

Si se echa una mirada global a las 10 primeras semanas del gobierno de Andrés Pastrana Arango se puede constatar que las violencias de todo tipo, lejos de amainar se han intensificado.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, así como el Ejército de Liberación Nacional, ELN, los dos principales movimientos insurgentes, han librado numerosos enfrentamientos con el ejército. Solo en la ofensiva guerrillera de agosto, que abarcó a 10 regiones del país, murieron por los menos 248 militares, guerrilleros y policías.

Los grupos paramilitares, que según los organismos de derechos humanos son responsables del desplazamientos de más de 1 millón de personas y del 84% de las masacres a civiles cometidas en 1997, continúan cegando la vida de luchadores sociales, religiosos, indígenas y de campesinos a los que acusan de ser “auxiliadores” de la guerrilla.

A principios de octubre, el gobierno de Andrés Pastrana anunció la creación de un Bloque de Búsqueda, similar al que sirvió para capturar a los barones de la droga, que actuará contra los grupos paramilitares en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Bolívar, César, Santander, Sucre, y otros, de ser necesario. Si existe una real voluntad política del Ejecutivo de frenar la violencia paramilitar y poner tras las rejas a hombres como Carlos Castaño, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, el gobierno tendrá que enfrentar la posición de los terratenientes y las cúpulas militares.

Estas últimas han sido acusadas por organismos de derechos humanos internacionales de tener conexiones y de proteger a los grupos paramilitares, con los cuales coinciden en el objetivo de “perseguir y erradicar la lucha insurgente”.

Despeje militar

En medio de la violencia, se desarrollan, por separado, las conversaciones y negociaciones entre el gobierno y las FARC y el ELN. El común denominador de estos dos procesos es que, a diferencia de casos anteriores, los temas del diálogo no girarán en torno a la desmovilización y al desarme de los movimientos guerrilleros sino con aspectos relacionados con las causas que dieron origen al conflicto armado.

Un paso adelante en el camino de la paz lo dio el gobierno al disponer, a mediados de octubre, el inicio del despeje militar de cuatro municipios del departamento del Meta y otro del departamento del Caquetá, como requisito previo exigido por las FARC para iniciar diálogos en los que se tiene previsto diseñar una agenda y negociar aspectos humanitarios.

La desmilitarización, supervisada por la Cruz Roja internacional y colombiana, tendrá efecto a partir del 7 de noviembre de este año y se prolongará hasta el 7 de febrero próximo. Aunque no faltan quienes dicen que Pastrana ha entregado la mitad del territorio nacional a la guerrilla, el área a despejarse en realidad comprende 42.139 Km2, es decir el 3.67% del territorio colombiano. Las FARC se comprometieron a respetar la autoridad de los alcaldes y a garantizar la seguridad de más de 90.000 habitantes de los cinco municipios. Entre la población existe temor de posibles incursiones de grupos paramilitares, apoyados por narcotraficantes.

Reunión ELN—sociedad civil

Un escollo que puede restarle fuerza a las pro— puestas del ELN, especialmente de cara a la sociedad civil con la que ha venido dialogando y estableciendo compromisos desde la reunión de Mangucia (Alemania) en el mes de julio, es el atentado al oleoducto en el municipio de Segovia, en el que murieron 55 personas y medio centenar quedaron heridos.

El ELN ha admitido que atacó el oleoducto, sin embargo acusó al ejército de haber provocado el incendio que destruyó 60 humildes viviendas. Aunque está por dilucidarse las responsabilidades en este caso, lo cierto es que apenas unos días antes, representantes de la sociedad civil exhortaron al ELN a poner fin a los ataques al oleoducto, durante una reunión llevada a cabo el 11 y 12 de octubre en los campamentos del ELN, ubicados en el Valle de Río Verde, noreste colombiano, con la dirigencia del movimiento guerrillero.

En este evento, participaron por el ELN, Francisco Galán y Felipe Torres, quienes obtuvieron permisos para abandonar la cárcel en que están detenidos.

El ELN acordó con los representantes de partidos políticos, sindicatos, Iglesia Católica, empresarios y organizaciones no gubernamentales y delegados internacionales la agenda, el método de trabajo, el cronograma de reuniones y algunas pautas generales relacionadas con la Convención Nacional de Paz, acordada en la reunión de Mangucia. La Convención será instalada el 13 de febrero de 1999, y culminará el 12 de octubre del mismo año. Durante este proceso, funcionarán cinco comisiones que abordarán aspectos relacionados con derechos humanos, justicia, impunidad, insurgencia, recursos naturales y política de energía, democracia, Fuerzas Armadas, problemas agrarios y narcotráfico, entre otros.

“La celebración de la Convención Nacional no es una garantía de que Colombia va a tener paz. Es apenas el inicio de un largo camino y queremos que esto quede claro para que el pueblo colombiano no se vaya a equivocar, generándose falsas expectativas”, señaló el ELN.

El movimiento guerrillero también manifestó que “la Convención Nacional no significará la desmovilización del ELN o la entrega de las armas porque hasta tanto la injusticia social, la explotación, la opresión y la falta de soberanía sean unas constantes en nuestro país, las razones de existencia de la guerrilla se mantienen”.

Dirigente sindical asesinado

La política de Pastrana de apertura hacia los movimientos guerrilleros, contrasta con su actitud intransigente frente a los reclamos de los 730.000 trabajadores estatales que el 7 de octubre iniciaron un paro indefinido de actividades, reforzado por masivas movilizaciones como la llevada a cabo el 14 de octubre en Bogotá con la participación de más 100.000 personas.

Los empleados estatales reclaman mejoras salariales, poner fin a las privatizaciones del sector público y energético, impedir la extensión del IVA a los artículos de la canasta familiar y rever los recortes a la inversión social, entre otros puntos.

“No vamos a ceder a las pretensiones inalcanzables que comprometen la integridad económica de la nación”, señaló el presidente Pastrana, al tiempo que ordenó que se descuenten los días no trabajados.

Además de reprimir las manifestaciones de Bogotá, el régimen dispuso que el ejército ocupe las instalaciones petroleras de Barrancabermeja y que la fuerza pública arremeta contra trabajadores de telecomunicaciones, seguros sociales, Caja Agraria y otras empresas. Esta escalada tuvo su momento más trágico cuando un sicario cegó la vida del vicepresidente de la CUT y principal dirigente del sector eléctrico, Jorge Luis Ortega, en momentos en que se aprestaba a entrar a su casa ubicada en el barrio Cravo Sur de Bogotá. Luego de este hecho, las negociaciones entre los sindicatos públicos y el gobierno quedaron suspendidas, después de que la Conferencia Episcopal había logrado mediar entre las dos partes.

Durante los últimos años, el dirigente Jorge Ortega fue víctima de numerosos amenazas y hostigamientos que fueron denunciados inútilmente ante las autoridades colombianas. El pasado 22 de septiembre se allanó su apartamento. Varios hombres entraron a su vivienda, golpearon y amordazaron a su esposa, destruyeron enseres y registraron todo el inmueble. Hasta el 20 de octubre, horas antes de su asesinato, la CUT había exigido al Gobierno protección y medidas de seguridad para su vida sin encontrar respuesta a esta solicitud.

Luego del asesinato, la CUT convocó a un paro de 24 horas previsto para el 21 de octubre al tiempo que desde el día anterior se realizaron mítines, movilizaciones y expresiones de protesta. Los trabajadores públicos y otros sectores organizaron la toma de las más importantes ciudades de Colombia.

En América Latina, Colombia es el país en el que más se atenta contra la vida los sindicalistas y los responsables, en su mayoría, son los militares, los servicios de inteligencia y los paramilitares de derecha. Dos mil quinientos dirigentes, militantes y activistas de la CUT han sido asesinados en medio de la más absoluta impunidad.

Publicado en América Latina en Movimiento # 282(ALAI), p. 1-2, 28-10-1998, Quito