El despliegue de la Guardia Nacional ordenada por el presidente Donald Trump en la frontera entre Estados Unidos y México, representa una fuerte ofensiva en contra del gobierno de México en su relación diplomática. Sin embargo, el gobierno mexicano, en lugar de confrontar al mandatario estadounidense, ha mantenido el Programa Frontera Sur y la Iniciativa Mérida, con lo cual refleja su completa subordinación a los designios de Washington.

En primer lugar, el presidente Donald Trump justificó su decisión de apoyarse en la Guardia Nacional explicando que el estado de la frontera era deplorable a tal punto que la seguridad nacional estaba en peligro. Además, el ingreso de drogas y migrantes que podrían formar parte de organizaciones criminales, estaba destruyendo la vida de los estadounidenses, por lo que el aumento de la seguridad fronteriza era inevitable[1].

A diferencia del despliegue de la Guardia Nacional por los presidentes Barack Obama y George Bush cuando estaba creciendo de forma desmedida el flujo de migrantes ilegales hacia Estados Unidos, el número de migrantes por la Patrulla Fronteriza llegó a un tercio de las detenciones efectuadas en 2006. Aparte de que no resulta claro cómo la Guardia Nacional detendrá el paso ilícito de drogas cuando la Patrulla Fronteriza está plagada de una gran cantidad de casos de corrupción en dejar pasar la droga en el lado estadounidense[2].

De esta manera, la orden de desplegar la Guardia Nacional por el presidente Donald Trump se debió a su intención de recuperar el apoyo político de los estadounidenses desencantados por el fracaso de la construcción del muro fronterizo, la permanencia del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia y la incapacidad de efectuar deportaciones masivas. Aunado a lo anterior, el gobierno mexicano se ha negado a financiar el muro y un minúsculo fondo se obtuvo en el último presupuesto para continuar su construcción debido a la incapacidad del presidente estadounidense de llegar a un acuerdo con la facción demócrata[3].

Sin embargo, la verdadera preocupación del gobierno estadounidense se encuentra en el control migratorio a lo largo de la frontera de México con Guatemala y Belice. En ese espacio geográfico pasa el grueso de los migrantes centroamericanos que huyen de sus países de origen, para luego tratar de cruzar la frontera norte de México con Estados Unidos. Con el propósito de reforzar la seguridad en la frontera sur de México, el gobierno norteamericano ha canalizado enormes recursos económicos y militares por medio de la Iniciativa Mérida y el Programa Frontera Sur.

Por un lado, el objetivo principal de la Iniciativa Mérida de combatir el crimen organizado en el territorio mexicano, apoyándose en la cooperación militar entre México y Estados Unidos, ha resultado un fracaso. El gobierno norteamericano no ha aplicado una política efectiva para reducir la demanda de drogas y la venta de armas, factores que han fortificado en gran medida a los cárteles de droga, las compañías armamentísticas y las entidades financieras dedicadas al lavado de dinero.

Por otro lado, la cooperación militar de los dos gobiernos ha implicado el intercambio de datos biométricos (huellas digitales, fotos y descripciones), el adiestramiento militar de las fuerzas mexicanas, y la instalación de bases militares. Toda esta colaboración ha creado una infraestructura, orientada a frenar el flujo de migrantes. La colaboración militar, según el sacerdote Alejandro Solalinde, viola claramente los derechos humanos de los centroamericanos, de tal suerte que el gobierno mexicano podría ser demandado por las autoridades de Centroamérica ante organismos internacionales[4].

Ahora el gobierno de Donald Trump califica, al tratar de legitimar toda la infraestructura militar, a los migrantes como criminales, que según él, pertenecerían a grupos delictivos y tendrían que ser expulsados lo más pronto posible de Estados Unidos. Ante este humillante planteamiento, el gobierno de México tiene la obligación de suspender la colaboración militar inmediatamente en materia de migración con Washington, esto con el fin de comenzar a erradicar el genocidio de centroamericanos en la frontera sur y, en paralelo, salvar su reputación en la defensa de los derechos humanos.

En cuanto a la asistencia económica, el gobierno norteamericano cada vez más se ha ido deslindando de la Iniciativa Mérida obligando al gobierno mexicano a pagar casi toda la factura. Lo anterior se confirma con la solicitud del presidente Donald Trump de proporcionar únicamente 85 millones de dólares en el año en curso, cifra ínfima en comparación con el financiamiento inicial de 400 millones de dólares en 2008[5]. De forma inevitable, las autoridades mexicanas seguirán gastando cada vez más recursos en la contratación de fuerzas armadas, la compra de equipo militar y el adiestramiento de cuerpos policiales frente al desinterés de Washington de financiar la guerra contra el crimen organizado.

La carga económica para el gobierno de México resulta bastante costosa, puesto que el gasto militar se duplicó en las presidencias de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto[6]. Las compras excesivas de equipo militar han implicado la militarización del territorio mexicano, teniendo como resultado el sexenio más violento con un saldo total de 104,000 homicidios durante los cinco años y medio del gobierno actual. Frente a la cruenta realidad, el presidente Enrique Peña Nieto no ha tenido otra alternativa que reconocer que la estrategia de seguridad no fue acertada durante su gestión.

Por otra parte, el Programa Frontera Sur, lanzado en 2014, se centró en asegurar un paso formal y ordenado de los migrantes, a través del incremento de las protecciones y las acciones sociales hacia ellos. Pero el balance del programa ha sido un aumento abrupto de la detención de migrantes, mientas los cuerpos armados cometen numerosas violaciones de sus derechos humanos. A este enorme costo, el gobierno estadounidense ha reducido drásticamente el flujo de migrantes, si tomamos en cuenta que el número de personas detenidas en la frontera sur aumentó casi el doble entre 2013 y 2017[7].

Cabe destacar que el Programa Frontera Sur no involucró un programa de desarrollo económico para los países centroamericanos ni tampoco para los estados fronterizos de México, lugares donde la pobreza extrema es aprovechada por los grupos criminales para tener hombres que realicen sus actividades delictivas. Sin la elaboración de una estrategia integral, el programa está destinado a seguir deteniendo migrantes de manera indefinida, ya que los migrantes volverán a intentar cruzar la frontera frente a la imposibilidad de permanecer en sus países de origen.

Por si fuera poco, el gobierno mexicano fue el anfitrión de la Conferencia Centroamericana de Seguridad en abril de este año. Los participantes plantearon diversas iniciativas para reforzar la seguridad regional de Centroamérica en contra de las organizaciones criminales trasnacionales. Como resultado, las fuerzas mexicanas terminarán colaborando con los cuerpos militares del Comando Sur, el Comando Norte y las fuerzas centroamericanas[8]. En el marco de esta colaboración, una nueva base militar será instalada en la frontera de Guatemala a fin de realizar ejercicios militares conjuntos que se desarrollarán en los ámbitos terrestre, marítimo y aéreo.

Todo ello responde a la necesidad de crear redes más complejas de seguridad frente a la aparición de nuevas rutas que están tomando los migrantes para superar el endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos. La región fronteriza se volverá un espacio donde continuará predominando la violencia, ahora exacerbada por la sofisticación de las fuerzas militares tanto nacionales como extranjeras. Lo inevitable para los migrantes será que tendrán que enfrentar mayores riesgos ante la aparición de nuevos enemigos, amenazas y peligros en la frontera sur de México.

Ulises Noyola Rodríguez

Colaborador del Centro de Investigación sobre la Globalización

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