Por disposición del presidente Andrés Pastrana, desde el 7 de noviembre se despejó una área de 42.000 kilómetros en los departamentos del Meta y el Caquetá, al sur del país, como paso previo para iniciar una mesa de diálogo entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.

 La zona quedó prácticamente en manos de los guerrilleros, quienes en una reunión mantenida el 10 de noviembre con los alcaldes de los municipios de San Vicente del Caguán, Mesetas, Vista Hermosa, La Uribe y La Macarena y el alto comisionado para la paz, Víctor G. Ricardo, acordaron que las FARC reconocerán y respetarán a los cinco alcaldes como las únicas autoridades legítimas de los municipios. Además, establecieron que los alcaldes están facultados para nombrar una policía cívica que será la que cuide el orden público durante los 90 días que dure el despeje de la zona.

 Las FARC designaron como sus delegados a Raúl Reyes, Joaquín Gómez y Fabián Ramírez, a quienes la Fiscalía les suspendió temporalmente las órdenes de captura que pesaban en su contra. Para garantizar el éxito de los diálogos de paz funcionará una Comisión de Acompañamiento compuesta, entre otros, por representantes de los partidos liberal y conservador de Colombia, y delegados de México, Costa Rica, Ecuador y Venezuela.

Los cálculos y las expectativas sobre este proceso son diferentes: mientras el gobierno aspira a llevar un diálogo directo con las FARC sin la participación de otros actores políticos o sociales, la insurgencia pretende que se abra una amplia mesa de discusión y poner en vitrina sus planteamientos, dejando en claro que no está de por medio ni la desmovilización ni la entrega de las armas.

 Hasta mediados de noviembre, sin embargo, las conversaciones entre gobierno y guerrilla se encontraban estancadas, debido a la presencia de 130 soldados del Batallón Cazadores a 8 km. del casco urbano de San Vicente del Caguán. Aunque los mandos militares argumentaron que se trata de una unidad de “bachilleres” desarmados que iban a apoyar a los negociadores del gobierno, los guerrilleros y los padres de los militares desmintieron la afirmación oficial. Estos últimos exigen que los militares sean retirados de la zona para evitar un ataque de la guerrilla.

 El máximo dirigente de la FARC, Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo, se niega a asistir a las conversaciones mientras existan “factores de perturbación”. Tirofijo denunció que existe un plan de alto mando militar para sabotear las mesas de negociación e incluso atentar contra su vida y la de Pastrana, lo cual fue desmentido inmediatamente por las Fuerzas Armadas.

 Hay sectores de las filas conservadores que se muestran escépticos sobre el proceso de paz. Por ejemplo, el senador conservador Enrique Gómez Hurtado, en declaraciones al diario argentino El Clarín, dijo que no se puede “poner de acuerdo con la guerrilla, porque ellos no saben lo que quieren”. También señaló: “Se acabó la guerra fría, se derrumbó el Muro, pero nos quedamos con los guerrilleros pues la guerrilla se convirtió en un modus vivendi, en una situación de ocupación, poder y negocio”…

Las FARC, por su lado, han reiterado que su lucha se origina en problemas estructurales no resueltos como la concentración de la tierra, la injusticia social, el desempleo y la pobreza. Para estas negociaciones exhibe un documento de 10 puntos relativos a defensa nacional; participación democrática, desarrollo y modernización del Estado con justicia social; inversión en el bienestar social; cobro de impuestos a los más ricos y redistribución del ingreso; política agraria democrática; explotación de los recursos naturales en beneficio del país y de las regiones.

 Canje de prisioneros

 En este escenario, la lucha está centrada en quién tiene la iniciativa y pone la agenda. Las FARC exigen que, por fuera de las conversaciones de paz con el gobierno, el canje de 500 guerrilleros por cerca de 300 soldados y policías que se encuentran en sus manos. Las FARC entregaron al gobierno la lista de presos canjeables, en la que incluyeron a Francisco Caraballo, líder del Ejército Popular de Liberación, EPL. El alto mando de las FARC le ha asignado especial importancia al canje, pues Tirofijo en persona asumió el timón de las negociaciones. En este marco, planteó una reunión para el 23 de noviembre en la zona despejada con representantes de los tres poderes del Estado.

Al parecer existe apertura de las partes para abordar el tema del canje. El problema es encontrar las fórmulas que lo viabilicen. Según apreciaciones de la revista colombiana Semana (No 862), el indulto quedaría descartado pues, además de no tener viabilidad jurídica, debería abarcar a todos los guerrilleros presos. En estas condiciones, más bien se recurriría a los instrumentos contemplados en el derecho internacional, que permiten el intercambio de personas retenidas si así lo acuerdan las partes. Esta salida, está contemplada en la Constitución colombiana, ya que en su artículo 93 dice que “los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno”.

El Ejército de Liberación Nacional, ELN, también ha planteado al gobierno el intercambio de prisiones. Esta organización insurgente mantiene en su poder a 18 policías y a un suboficial que fueron retenidos el 12 de septiembre durante la toma del Puesto de las Mercedes, en la región de Catatumbo.

Existen por los menos dos corrientes de opinión sobre el tema del canje: la primera señala que esto fortalecería a los movimientos insurgentes, y la segunda expresa que ese el precio que habría que pagar para iniciar el proceso de paz. Pero por encima de estos criterios, se encuentran los intereses de los familiares de policías, militares y guerrilleros que esperan que el tema del canje prospere y puedan regresar sus seres queridos a sus hogares.

 Se intensifica la guerra

 Mientras se habla de paz, los combates que tienen como protagonistas a militares, policías y paramilitares, por un lado, y los movimientos guerrilleros por el otro, se han intensificado, lo que lleva a concluir a analistas que la paz se negociará en medio de la guerra. Cada uno de los actores armados ha intensificado sus acciones bélicas para ganar territorios y estar en mejor situación en el momento del diálogo. En este cruce de fuego, sin embargo, la población civil es la más afectada tanto por el incremento de los asesinatos y masacres que cometen los grupos paramilitares como por el agravamiento del desplazamiento forzado. En los últimos tres meses, unas 95.000 personas han engrosado la masa de refugiados. Los campesinos abandonan el sur del departamento de Bolívar, temerosos de que se cumpla la amenaza de las Autodefensas Unidas de Colombia de limpiar a “sangre y fuego” la región hasta antes de diciembre.

El ataque de cerca de mil guerrilleros del Bloque Oriental de las FARC a un puesto de policía de Mitú, capital del Departamento del Vaupés, demostró que este movimiento no está dispuesto a bajar la guardia. En este ataque, llevado a cabo en la madrugada del 2 de noviembre, perecieron 16 policías, 38 fueron heridos, y cerca de medio centenar fueron tomados prisioneros; las instalaciones del cuartel fueron destruidas y los guerrilleros se llevaron armamento y material logístico. Del lado insurgente, fueron dados de baja 5 guerrilleros y 15 fueron heridos. Esta acción es considerada como uno de los mayores golpes a las Fuerzas Armadas pues la guerrilla no solo que ocupó durante 48 horas la capital de un departamento sino que dio un golpe de efecto de repercusión internacional.

 En efecto, esta acción de la guerrilla desencadenó un conflicto entre Colombia y Brasil, ya que los militares colombianos que intentaban retomar Mitú, fueron repelidos por las guerrillas, viéndose obligados a replegarse a la base brasileña de Querari, que fue convertida temporalmente en base de operaciones para reabastecer los aviones y helicópteros y llevar a los heridos. Los militares llevaron la peor parte en este combate ya que 14 murieron y una veintena quedaron heridos. Este incidente provocó una fuerte protesta del gobierno de Brasil. El presidente Andrés Pastrana, que se encontraba de visita oficial en Venezuela, tuvo que regresar apresuradamente a Colombia tras enterarse del ataque a Mitú.

 Pese a este revés del ejército, las conversaciones con las FARC no se interrumpieron. Andrés Pastrana cuenta con el apoyo del gobierno de Estados Unidos que ha comprometido unos 280 millones de dólares de ayuda para reasentar a los campesinos y otras acciones relacionadas con la paz. Sin embargo, hay varios obstáculos y contradicciones en el proceso de paz que impulsa Pastrana. Su política económica de ajuste, neoliberal y privatizadora, no es bien vista por los sindicatos y la sociedad civil. En el frente militar tiene problemas, pues la credibilidad de los altos mandos, sobre todo de la Fuerza Aérea Colombiana, se encuentra por los suelos luego de que se descubriera en Estados Unidos un cargamento de 800 kilos de cocaína a bordo de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea. Por otro lado, los recientes recambios en la cúpula militar van en sentido contrario a la búsqueda de una solución política al conflicto, pues recientemente fueron ascendidos o reacomodados los generales más comprometidos con el apoyo a los paramilitares, y que incluso tienen acusaciones judiciales. Ante ello, surge la pregunta: ¿Se puede alcanzar una verdadera paz sin depurar a las fuerzas armadas y desmantelar a los grupos paramilitares que son responsables de 800 masacres, 1200 desaparecidos y 1.300.000 desplazados?

Publicado en el Servicio Informativo Nº 284, ALAI, 25-11-1998, Quito